Editorial

Tutela y Corte bajo sospecha
17 de Marzo de 2015


Como palad韓 de la instituci髇 puesta en duda por el esc醤dalo sobre la solicitud de revisi髇 a la tutela presentada por Fidupetrol y seleccionada por el magistrado Jorge Pretelt.

La Sala Plena de la Corte Constitucional ha tomado decisiones que responden a ciudadanos aterrados por las denuncias y la presión por la renuncia del togado bajo sospecha. Las medidas parciales no parecen satisfacer las pretensiones de quienes encendieron este ventilador, ni propician la restauración del prestigio que hasta ahora detentaban la Corte y la acción de tutela, calificados como dos de las grandes creaciones de la Constitución de 1991.


Previo al análisis al problema sustantivo, y sin contar con los elementos de juicio que medios colegas parecen poseer y que emplean para sustentar su exigencia por el retiro inmediato del magistrado puesto en duda, vemos necesario recordar que el debido proceso es garantía universal conquistada por la democracia y que ofrece doble protección, pues al Estado le da potestad para investigar a todos los asociados como iguales ante la ley y a los posibles investigados les brinda la certeza de que el proceso en su contra se regirá por reglas universales que impiden beneficios o persecuciones en razón de raza, credo religioso, partido político, género o condición social. A esta garantía tienen pleno derecho el ciudadano Pretelt, sus denunciantes y otros actores involucrados en este penoso caso.


El escándalo, sus orígenes y consecuencias, son parte de una confusa maraña de presiones e intereses que se han tejido, no de ahora sino por muchos años, alrededor de la tutela y la Corte Constitucional. Ocultas tras las presiones al magistrado dudoso, aparecen, sobre todo en los periódicos regionales y en la edición de El Tiempo del pasado domingo, informaciones sobre abogados que se mueven entre las altas dignidades ejecutivas o judiciales o entre la magistratura y el litigio, en un pasar la puerta giratoria que va aumentando la cotización de sus asesorías, en este caso para presentar conceptos, acciones de tutela, y asesorías conexas, hasta hacer casi imposible que el limitado recurso de revisión de las acciones de tutela se le conceda al ciudadano del común. Más allá de la suerte final del magistrado Pretelt, las informaciones sobre el comportamiento de la Corte Constitucional y la proliferación de abusos de la tutela como mecanismo supletorio y no excepcional del proceso ordinario, exigen transformaciones que permitan garantizar, como claman juristas como Rodrigo Uprimny, que esas preciadas instituciones recobren su carácter de medios eficientes para garantizar la protección de todos los colombianos vulnerados en sus derechos fundamentales.


En medida de urgencia, la sala plena de la Corte Constitucional conformó una comisión asesora, formada por magistrados auxiliares, que analizará los procesos de “selección de tutelas, términos, aspectos disciplinarios y funciones electorales de la Corporación”, para proponer reformas al reglamento. Se abona la buena fe de magistrados enfrentados a un bache inédito en la historia de ese tribunal, pero creemos que sus alcances son limitados al autocontrol interno, ya que las reformas al control disciplinario a los magistrados y en torno a la potestad electoral de las cortes, a la que se atribuye una de las razones de su corrupción, son de competencia del Congreso, que calla sobre su capacidad presente para introducir esas reformas en el trámite del proyecto de acto legislativo contra la reelección presidencial, ambiciosamente llamado “de equilibrio de poderes”.


Invocando la transparencia y afán de entregar el control a la ciudadanía sobre los procesos de revisión de tutela y la insistencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional también determinó dar publicidad a los mismos informando en rueda de prensa realizada con presencia de delegados de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y en sus medios digitales, sobre los magistrados que realizaron la selección, el procedimiento de escogencia y la cantidad de acciones escogidas para el sorteo y repartición a los nueve magistrados. Esta solución puntual a una de las manifestaciones del problema y no a sus causas estructurales, entrega además a los medios de comunicación una responsabilidad directa que debería reposar sobre otros entes de control, en el sistema de pesos y contrapesos del Estado pues de lo contrario parece incorporar el anti-institucional rol de jueces y carceleros que algunos colegas han asumido en casos de corrupción, mismo que es distinto y distante de nuestra función de perros guardianes, en tanto vigilantes del buen funcionamiento de la democracia, pero respetuosos del Estado de Derecho y las instituciones establecidas para garantizarla.