Columnistas

Derechos de los usuarios de telecomunicaciones
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
13 de Marzo de 2015


Con el cambio de pol韙icas nacionales y locales en materia de tecnolog韆s de la informaci髇 y las comunicaciones TIC y con la entrada en vigencia a partir de enero de 2015 de la Resoluci髇 CRC 4625 de 2014.

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Con el cambio de políticas nacionales y locales en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC y con la entrada en vigencia a partir de enero de 2015  de la Resolución CRC 4625 de 2014, en la cual se modifican algunas de las condiciones de los contratos que las empresas de telecomunicaciones celebran  con sus usuarios, debería  iniciarse un amplio proceso de pedagogía social sobre las incidencias que estos servicios tienen en la vida de los ciudadanos, las políticas en materia de Universalización de los servicios y los mecanismos de protección de los usuarios.


En materia de servicios de telecomunicaciones se hace evidente que las prioridades legislativa y regulatoria de impulsar la apertura, la liberalización y la competencia en el sector han hecho olvidar que en servicios públicos existen tres asuntos sustanciales, a saber: (i) las cargas de servicio universal, que implican su prestación  en todo el territorio nacional, (cobertura); (ii) la garantía de prestación eficiente a todos los usuarios, (calidad);  y, (iii) la existencia de mecanismos adecuados de protección de los derechos de los usuarios.


Como el legislador ha olvidado sus tareas en servicios públicos, normalmente han sido los jueces quienes han venido a proteger  los derechos de los usuarios,  tal como ha sucedido con las sentencias de la Corte Constitucional,   T-793-12 en relación con el  servicio de energía y  la T-546 de 2009 con la que se inició una línea jurisprudencial en la que aparecen innumerables tutelas del sector de acueducto  y alcantarillado;  y recientemente le correspondió al Consejo de Estado, en  providencia de su sección primera, proteger los derechos de los usuarios de telecomunicaciones a no pagar servicios que no se les había prestado (Sentencia 25000 2324 000 2008 00282 01). 


Con la expedición del nuevo régimen de protección de los usuarios de telecomunicaciones, que está contenido en varias Resoluciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, uno de los aspectos más importantes que debe señalarse es el reconocimiento tácito y expreso de que las relaciones de las empresas de servicios públicos con sus usuarios deben ser reglamentarias y no contractuales,  de lo contrario no podría entenderse el porqué de las numerosas normas que en la actualidad rigen esta materia.


Basta con tener en cuenta el  contenido de las Resoluciones 3066 de 2011, que en 113 artículos  contiene el régimen integral de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, y las normas contenidas en las  Resoluciones  4615 de 2014, que modifica sustancialmente el contenido de la 3066 de 2011, la 1444  de 2014 en relación con ventas atadas, la 2566 de 2010  en relación con la portabilidad numérica y  la  4296 de 2013 sobre compensaciones automáticas, … para comprender que hace tiempo esta relación dejo de ser contractual, para convertirse, como debe ser, en una relación reglamentaria, con presencia de una  notoria intervención del Estado.


Precisamente el hecho de que en este tipo de contratos exista posición dominante de las empresas frente a los usuarios y que no sea suficiente la libertad contractual, para que sean equitativas las relaciones que las empresas tienen con quienes usan sus servicios, es lo que justifica plenamente que tanto la ley, como la regulación intervengan esta relación jurídica con el fin de equilibrar las cargas entre dos partes claramente desiguales.


Adicional a lo anterior, la semana pasada entró en vigencia en el orden territorial,  la Ley 1712, que le impone a todas las entidades públicas, entre ellas las empresas de servicios públicos,  la obligación de tener debidamente informados a los  ciudadanos;   ojalá ello se haga y todos podamos conocer las reglas que rigen nuestras relaciones con los proveedores de servicios, en especial nuestros derechos en calidad de usuarios.


En las condiciones anotadas los prestadores de los servicios, las entidades territoriales y los centros de formación académicas deberían adelantar programas de pedagogía de los derecho de los usuarios, así como de los mecanismos que existen para que los mismos sean eficazmente protegidos, pues sin esta tarea, los ciudadanos no conoceremos nuestros derechos y será como si los mismos no existieran. 




Comentarios
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RUNNY
2015/03/13 10:19:59 am
Tienen ustedes al mejor doctrinante escritor y cient韋ico de los SSPP, DOMICILIARIOS