Columnistas

No hay solución automática
Autor: Manuel Manrique Castro
25 de Febrero de 2015


No salíamos aún del espanto que nos produjo el asesinato de los cuatro indefensos hermanos Vanegas a manos de sicarios seducidos por unos cuantos pesos y, otra vez, la degradación humana reaparecía cuando una desesperada y joven mujer, madre por primera vez a los 14 años, aún niña, les quitó la vida a sus tres hijos e intentó suicidarse.

No salíamos aún del espanto que nos produjo el asesinato de los cuatro indefensos hermanos Vanegas a manos de sicarios seducidos por unos cuantos pesos y, otra vez, la degradación humana reaparecía cuando una desesperada y joven mujer, madre por primera vez a los 14 años, aún niña, les quitó la vida a sus tres hijos e intentó suicidarse. 


El común denominador de estos hechos, ocurridos el primero en Caquetá y el otro en Atlántico: familias pobres de muy escasa educación y difíciles condiciones de vida, precarias y sin oportunidades.  Los Vanegas, padres de los niños asesinados, tuvieron siete hijos y Johana Montoya, a sus 24 años, tenía tres.  Los victimarios de los cuatro niños, jóvenes sumergidos en la delincuencia pagados por una mujer sin más horizonte que el pedazo de tierra motivo de su desquicio. 


En uno y otro caso  las cámaras de televisión se encargaron de mostrarnos cada detalle posible, sin respeto por la privacidad de estas modestas familias y de inmediato el: ¿cómo es posible? producto del estupor colectivo, se hizo sentir en el país entero. En los últimos tres años 73 niños asesinados por sus progenitores, 11 en menos de dos meses del 2015.


De nuevo la pregunta acompañada de solidaridad con las víctimas, que se extinguirá cuando se castigue a los responsables y se aquiete la indignación aún efervescente, hasta que otra cruenta noticia reedite un ritual semejante.  


Por esta vía las violaciones a  los derechos de la niñez se vuelven anécdota de tratamiento emocional y momentáneo,  desconectada de las causas complejas y profundas  que el conocimiento acumulado sobre el comportamiento humano, la convivencia colectiva y los caminos respetuosos de los derechos humanos, nos hapuesto a disposición.


No existe solución automática ni inmediata para sucesos de esta índole y la manera de prevenirlos es sólo producto de un trabajo dedicado, de largo aliento, llevado a cabo con políticas consistentes de las que conocemos suficiente y que Colombia necesita tal vez más que otros países de la región por la manera en que la violencia está metida en los intersticios de su tejido social. Es una tarea que no acepta como espectador a nadie y en la cualla sociedad entera está obligada a exigir y contribuir.  


El mismo día que el Comité de los Derechos del Niño emitía un documento de recomendaciones al Estado colombiano sobre lo que debe hacer para para mejorar la situación de su infancia, ocurrieron los hechos de Caquetá.   Son sugerenciasa raíz de informes presentados por Colombia a ese Comité compuesto por 18 expertos independientes nombrados por el Secretario General de la ONU que propone soluciones a los 194 países que hacen parte de la Convención sobre los Derechos del Niño.


En el documento figuran compromisos que están en mora y muchos otros que deben ponerse en la práctica de inmediato, porque son asuntos de largo aliento. No pocos de ellos  serán de extrema utilidad si las negociaciones de La Habana llegan a buen término y el país emprende la monumental tarea del post conflicto. Más aún, el informe presentado al Comité y sus recomendaciones recientes así como el informe alterno presentando por organizaciones de la sociedad civildeberían ser asuntos de debate nacional y no materiales alejados de la indispensable mirada pública. 


Esta coincidencia sólo pone de relieve que el país cuenta con una amplia batería de instrumentos legales, normativos y de planificación a los que el Comité se refiere.  Tiene también capacidad institucional instalada que necesita caminar a otro ritmo, ponerse en tensión, coordinar mejor y utilizar los recursos de que dispone, con auténtica fe en que la vida de los niños es sagraday con la seguridad deque hacer también de la familia objeto de políticas públicas adecuadamente estructuradas es una exigencia inaplazable.