Columnistas

La prioridad son los niños
Autor: Sofia Alejandra Gaviria Correa
25 de Febrero de 2015


En Colombia, el Partido Liberal ha sido el mayor defensor de los derechos de las minorías de género. Baste decir que, en 1980, por decreto, el gobierno liberal de Julio César Turbay despenalizó la homosexualidad y que en 1991 se protegió a la comunidad Lgbti, al fijar los derechos sagrados a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad en la nueva Constitución Nacional, cuyo artífice fue el presidente César Gaviria.

En Colombia, el Partido Liberal ha sido el mayor defensor de los derechos de las minorías de género. Baste decir que, en 1980, por decreto, el gobierno liberal de Julio César Turbay despenalizó la homosexualidad y que en 1991 se protegió a la comunidad Lgbti, al fijar los derechos sagrados a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad en la nueva Constitución Nacional, cuyo artífice fue el presidente César Gaviria. Por lo demás, desde el Congreso, el Liberalismo ha buscado garantizar los derechos de las parejas de un solo sexo, en proyectos de Ley como el 214 de 2007 de Senado y 005 de 2007, de Cámara.


Personalmente, he defendido la igualdad de derechos de los homosexuales, no de ahora, sino desde hace más de veinte años. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo. Sin embargo, creo que, en la discusión de este tema, a muchos se les ha olvidado que, en este caso, los más vulnerables son los niños y que a ellos es a quienes debe proteger el Estado de manera prioritaria, sin que esto pueda traducirse en la vulneración de los derechos de las minorías.


Para explicarme mejor, debo decir que me preocupa que la agenda nacional se esté volcando hacia la posibilidad de adoptar de las muy pocas parejas del mismo sexo que tengan intención de hacerlo, mientras que, en nuestro país, las cifras de maltrato infantil son más que alarmantes, la calidad de la educación primaria tiene mucho por mejorar, son muchas las poblaciones en las que los niños no pueden gozar del servicio de agua potable y, anualmente, mueren miles de niños por desnutrición y quedan otros cientos de miles con cicatrices biológicas por esa misma inseguridad alimentaria.


No salimos del asombro ante la noticia de una madre, en el Atlántico, que mató a sus tres hijos e intentó suicidarse y, desde hace dos semanas, estamos llorando el asesinato de cuatro niños en el Caquetá y de uno en el Valle del Cauca. Pero los líderes de opinión y los dirigentes nacionales, cuando hablan de infancia, han decidido concentrarse en derechos que interesarían a la minoría de una minoría, en vez de hacer la necesaria presión para que la atención general se torne hacia el deber del Estado de asegurar la protección y el ejercicio de todos los derechos fundamentales de ese colectivo sagrado que son los niños.


Es cierto que en países como Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Inglaterra, Suecia y en buena parte de los Estados Unidos, las parejas homosexuales tienen derecho a adoptar. Y también es cierto que, con los años, como han probado entidades de la talla de la American Psychological Association, la Child Welfare League of America, la American Sociological Association, la American Psychiatric Association y la American Academy of Pediatrics, se han ido desdibujando los pronósticos y los argumentos de algunas comunidades de esos países que temían que el desarrollo psíquico y emocional de un niño pudiera verse afectado por haber sido criado por dos padres o dos madres. Pero no podemos negar que esas naciones se han ocupado de este espinoso asunto cuando ya habían garantizado a todos los niños una debida seguridad alimentaria y nutricional, una educación pública de calidad, un acceso excelente al sistema de salud y estructuras integrales de cultura y deporte que les aseguraran la optimización de sus ratos de esparcimiento.


Para mí, es prioritario que, antes de continuar con esta clase de discusiones, el Estado asegure la observancia de los derechos fundamentales de los niños. Es un principio constitucional que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los de los demás.


Y, si estamos hablando de derechos de adopción, me parece también que la Corte Constitucional debería reconsiderar el fallo equívoco en el que solicita verificar que ningún familiar de los niños que pudieran ser objeto de adopción, hasta el sexto grado de consanguinidad, tuviera interés en asumir la patria potestad de esos menores, antes de proceder a procesos de adopción por parte de otras parejas. Debido a esa sentencia, miles de niños están hoy en un limbo y se están quedando sin el derecho fundamental de tener una familia.


Esperemos que el país sepa orientar esta discusión sobre la adopción, con base en el sentido común, para iniciar realmente un riguroso análisis de la situación dramática de la niñez colombiana.


* Senadora de la República


Codirectora nacional del Partido Liberal