Columnistas

Facultades privatizadoras para el alcalde
Autor: Guillermo Maya Muñoz
23 de Febrero de 2015


El alcalde Aníbal Gaviria está pidiendo facultades extraordinarias al Concejo de Medellín por el término de cuatro meses para “adecuar la estructura de la Administración Municipal y las funciones (…), en el marco de Conglomerado Público y el nuevo PO

El alcalde Aníbal Gaviria está pidiendo facultades extraordinarias al Concejo de Medellín por el término de cuatro meses para “adecuar la estructura de la Administración Municipal y las funciones (…), en el marco de Conglomerado Público y el nuevo POT”. Estas facultades incluyen: “crear establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado y modificar los existentes”.


El Conglomerado Público del Municipio de Medellín (MdeM) lo integran 46 entidades, tiene 57 billones de pesos en activos, 33 billones de patrimonio, y emplea a 67.000 personas,  convirtiéndose en el “quinto más grande del país en activos y el segundo después de Ecopetrol” (elcolombiano.com, nov 12-2014). ¡Que rico!, dijo el ratón cuando vio el queso.


La discusión sobre conglomerado público no es nueva, ya se había hecho en un foro convocado por El Colombiano en 2007 (Ser un holding en servicios públicos, opción para EPM, marzo 15-2007). El objetivo era “blindar la empresa (EPM) del manejo politiquero y de las intereses coyunturales del gobierno de turno”, según empresarios presentes en la reunión. 


En la exposición de motivos para la reforma administrativa se revela que la implementación de “una estrategia de Gobierno Corporativo, con el objeto de armonizar las diferentes entidades” se ha hecho entre la Administración Municipal y la Cámara de Comercio, “que consciente de la importancia del papel del sector público en el desarrollo de las regiones, acompaña y fortalece con su experticia es estos campos, los procesos para la innovación en la gestión pública”. 


No se sabía de estas experticias de la Cámara que hace parte de los grupos de interés, y no es un actor independiente. Se trata de transferir, más bien,  los enfoques privados al manejo de lo público, para que funcione como privado, con la lógica privada de las ganancias, la eficiencia, la competitividad, etc.


Entre los objetivos de Conglomerado Público sobresale el de “articulación (de las) entidades en el territorio para maximizar su valor; aumentar la competitividad del conglomerado público; potenciar el relacionamiento con los grupos de interés”. No se habla de ciudadanos sino “grupos de interés”, competitividad y valor; nada que diferencie la empresas públicas de las empresa privadas. Interesante el desparpajo.


Por otro lado, argumenta el Alcalde que la figura de Conglomerado Público es una “iniciativa gerencial innovadora de una entidad territorial” en Latinoamérica “avalada por entidades como el BM, el BID, la CAF y la Oecd”. Todos estos organismos tienen en su agenda la reforma de la administración pública. Sin embargo, todas sus políticas están dirigidas para que las actividades y servicios públicos se conviertan en áreas de rentabilidad del capital privado, como lo fue y lo sigue siendo, la seguridad social, pensiones, salud, etc; al igual que la prestación de servicios públicos domiciliarios.  No se trata de desarrollar el concepto de economía social de mercado sino el concepto de competencia, la clave neoliberal.


Además, se liga la reforma de todas las instituciones públicas con el POT, en nombre de la “eficiencia administrativa” para “dar repuesta completa y precisa a las exigencias del territorio”. 


Después de la propuesta del exAlcalde Sergio Naranjo, de privatizar a EPM en 1994, y que fue derrotada,  vino el “Modelo Medellín” de Sergio Fajardo y Alonso Salazar -bajo los auspicios de Pro Antioquia, y la Cámara de Comercio- que presentó la Propuesta de Transformación  2005-2015 de las EPM.


Esta propuesta escindió el negocio de las telecomunicaciones de la empresa matriz EPM, conformando una nueva empresa, de carácter privado por acciones con capital 100% público, UNE. Esta figura era muy conveniente para no dar rendición de cuentas a los organismos de control público, como quedó demostrado con el siguiente hecho: La subdirectora del control disciplinario de UNE la retiraron de la empresa porque rendía informes a la Personería de Medellín: “como si UNE fuera una empresa pública”, le dijo March Eichmann, el Gerente de UNE a El Tiempo, en ese momento. La sentencia C-388 les permite portarse como privados. “La doctora Díaz salió porque no estaba aplicando el régimen privado” (G. Maya, El Fracaso de UNE-EPM, elmundo.com, julio 27-2012).


Después de muchos ires y diretes, el alcalde Aníbal Gaviria entregó UNE a los suecos de Millicom (instalados en un paraíso fiscal), camino que le abrió Fajardo, para gastarse la plata de su privatización parcial, en la culequera del Parque del Rio, cuya construcción va a colapsar el tránsito en la ciudad. 


Los objetivos de las facultades extraordinarias para cambiar los estatutos de las entidades del MdeM, especialmente las más apetecidas como EPM, son: Facilitar su toma por la inversión privada; evitar el control de los entes públicos como la contraloría y la procuraduría; y articular las entidades con las necesidades de “los grupos de interés”, los empresarios, en los usos del territorio.


¿Qué ha sido el POT en Medellín? La hoja de ruta de los empresarios inmobiliarios. El Centro de la ciudad y las márgenes del rio han sido escogidos para los nuevos desarrollos inmobiliarios, en donde se harán grandes fortunas, comprando a bajos precios las zonas deprimidas, y apropiándose de la plusvalía urbana generada por las grandes obras de infraestructura financiadas con los impuestos y patrimonio de los medellinenses, como sucederá con el Parque del Rio.


Los poderes especiales que pide el Alcalde para que una entidad privada, sin responsabilidades políticas, haga las reformas a su medida, sin mediar el debate político, significa una renuncia a la soberanía que le otorgó el pueblo al concejo. Democracia de elites.


PD: Mi solidaridad con Yohir Akerman, “renunciado” por El Colombiano por ejercer el derecho a la libertad de expresión.