Columnistas

Los graves atentados contra la comunidad judía en Argentina
Autor: Dario Valencia Restrepo
15 de Febrero de 2015


El 17 de marzo de 1992 una bomba explotó en la embajada de Israel en Buenos Aires con el resultado de 21 personas muertas y 242 heridas.

www.valenciad.com


El 17 de marzo de 1992 una bomba explotó en la embajada de Israel en Buenos Aires con el resultado de 21 personas muertas y 242 heridas. Posteriormente, el 18 de julio de 1994, una camioneta cargada con explosivos redujo a escombros el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), lo que causó la muerte a 85 civiles y heridas a más de 300. Ambos hechos permanecen en la impunidad.


El gobierno argentino acusó públicamente al grupo Hezbolá, respaldado por Irán, de ser el responsable de los dos graves ataques terroristas, pero solo en 2006 la justicia argentina consideró que tenía suficientes elementos para solicitar a Interpol la captura de un grupo de personas supuestamente culpables. Un juez había ordenado la captura de siete exfuncionarios del gobierno iraní y un miembro libanés del Hezbolá que habían sido acusados por la fiscalía. Al año siguiente, Interpol expidió circular roja contra cinco de los iraníes, entre ellos dos exministros, y el libanés Imad Mugniyah, presunto autor intelectual de ambos atentados.


El gobierno de Irán no solo no colaboró con la justicia argentina sino que respondió a dicho pedido con la ridícula solicitud de capturar al juez y el fiscal del caso, pues consideraba que la solicitud argentina carecía de fundamento jurídico y a la vez constituía un delito ante la ley internacional. La falta de colaboración de Irán llevó al presidente Néstor Kirchner a pronunciar las siguientes palabras en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2007: “Esperamos que la República Islámica de Irán acepte y respete la decisión de la Justicia y colabore eficazmente... Estamos pidiendo que Irán cumpla. Nada más, pero tampoco nada menos... Hasta hoy lamentablemente la República Islámica de Irán no ha brindado una total colaboración pedida por la Justicia argentina para el esclarecimiento del hecho”.


En 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner repitió la anterior denuncia y le exigió al gobierno de Irán que extraditara a los exfuncionarios solicitados. Sin embargo, en enero de 2013, Cristina Fernández anunció la firma de un “Memorando de entendimiento” con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, para lograr avanzar en la investigación que determinara si funcionarios iraníes investigados tenían responsabilidad en la causa Amia. El acuerdo incluía la creación de una “Comisión de la Verdad” que según el gobierno argentino permitiría que funcionarios judiciales pudieran interrogar a algunos de los iraníes acusados y estipulaba la colaboración de Irán para esclarecer la autoría del atentado.


Pero es cuestionable que se constituyan comisiones de ese tipo con un gobierno que está acusado de encubrir a los perseguidos por la justicia argentina. Afortunadamente, el acuerdo fue considerado inconstitucional por el congreso argentino y, por su parte, el parlamento iraní nunca le dio su aprobación. Las críticas también vinieron de las víctimas del atentado y de los miembros de la Amia, pues el acuerdo podría conducir a la impunidad y afectar los pedidos de extradición; además, no estaba claro si los interrogatorios previstos tendrían un sustento legal que ayudara en la causa judicial. Es de interés el resumen que al respecto hace BBC Mundo sobre estos acontecimientos (ver http://tinyurl.com/memoacuerdo).


Para complicar las cosas, el pasado 18 de enero apareció muerto en su apartamento Alberto Nisman, el fiscal que desde 1997 había sido incorporado al caso y que años más tarde reuniría suficiente evidencia para solicitar la captura de los supuestamente implicados. Algunos dicen que esa muerte hace parte de una conspiración contra el gobierno, en tanto que otros hacen graves acusaciones a la presidenta. Esas prematuras especulaciones, como las contradictorias que hizo Cristina Kirchner, deberían esperar la actuación de la justicia. 


Cuatro días antes de su muerte, Nisman había radicado una denuncia contra el gobierno por considerar que existió un plan para dotar de impunidad a los responsables iraníes (ver texto completo en http://tinyurl.com/facsimilar).