Columnistas

Esperar no es la soluci髇
Autor: Manuel Manrique Castro
17 de Diciembre de 2014


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Sólo hay que ponerse un minuto del lado de los niños para darse cuenta que las adopciones, tal como se están llevando a cabo,  no los favorecen ni respetan  su interés superior, reconocido ampliamente por la Constitución y las leyes del país  y avalado por los instrumentos internacionales suscritos por Colombia, como la Convención sobre los Derechos del Niño o el Convenio de La Haya, sobre adopciones internacionales.


Si prevaleciera ese interés no estaríamos en el debate sobre la búsqueda de parientes hasta el sexto grado de consanguinidad antes de que un niño sea dado en adopción, o de convertir en prerrequisito la reforma del sistema de protección, queriendo asegurar asíel rigor necesario en los procesos adoptivos, tal  como lo anunció el Icbf en el foro realizado en Plaza Mayor hace un par de semanas por iniciativa de la Alcaldía de Medellín y la revista Semana.  Sin embargo, dos preguntas se imponen de inmediato: ¿qué sucederá mientras tanto, hasta fines del próximo año,  con los niños que esperan adopción  sin poder recuperar el tiempo que pasarán en una institución u hogar sustituto?  Y ¿qué sucederá si ese plazo no se cumple por cualquier imponderable estatal, donde una cosa son las previsiones y otra diferente las realidades? Su aplicación, en el caso de la delicada situación de los niños que aguardan una familia, merece –por lo tanto- flexibilidad y comprensión especiales.  


No sólo abundan ejemplos sobre la inconveniencia práctica y la lentitud de búsquedas que condenan a niños con declaratoria de adoptabilidad a largas e indefinidas esperas,  sino también argumentos históricos y jurídicos basados en que la norma que la sustenta (el artículo 61 del Código Civil)  procede del Siglo XIX cuando Colombia era eminentemente rural y tenía una configuración poblacional distinta a la actual, como lo señaló el magistrado de la Corte Suprema, participante en el Foro.  


De otra parte, no hay datos fidedignos para conocer la verdadera magnitud del problema y por eso es indispensable que el Icbf, como ente encargado de las adopciones en el país, los haga públicos. Según el abogado Raúl Vélez, participante también en el Foro, hay en Colombia 10.543 niños y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad, 2.462 más que en diciembre del año pasado.De ellos, alrededor de 5.000 pasaron su vida en instituciones hasta alcanzar la mayoría de edad con casi nula posibilidad de ser adoptados porque, en estos casos,  la adopción sólo procedería “si el adoptante hubiera tenido bajo su cuidado personal y convivido con él, por lo menos dos años antes que cumpliera los 18 años” (Art. 69 del Código de Infancia y Adolescencia).


El Protocolo para la aplicación de las medidas de restablecimiento de derechos impuso la búsqueda de parientes tan lejanos que una vez encontrados seguramente se sorprenderán ante la posibilidad de hacerse cargo de un niño desconocido. Una pronta revisión del contenido de ese instrumento   significaría un paso indispensable y una señal positiva hacia una solución del impase actual.  Sin duda,  hay que proteger la transparencia y la ética en las adopciones pero, al mismo tiempo, debe asegurarse el derecho de tantos niños a una familia, sin perder de vista que la prolongación de los plazos juega en contra de su interés superior.   


Por otro lado, tampoco resuelve las cosas esperar que se reforme el sistema de protección a cargo del Icbf. Con las normas y principios de adopción, nacionales e internacionales, existentes, aplicados adecuadamente, se puede asegurar que los niños lleguen a familias donde serán acogidos con afecto y cuidado en lugar de permanecer indefinidamente  en instituciones bajo responsabilidad estatal. Así lo muestra la experiencia de otros países que para nuestro caso podría bien ser tomada como útil referencia.