Editorial

La Reforma Tributaria
17 de Diciembre de 2014


Corresponde al Congreso imponer a la vigilancia al gasto y la gesti髇 financiera del Estado el mismo ritmo que le puso a la aprobaci髇 de esta reforma.

Los meses le bastaron al Congreso de la República para dar contundente aprobación (67-21 en Senado y 119-19 en Cámara) al proyecto de ajuste tributario para financiar al Gobierno Santos con $53 billones, que serán recaudados entre los años 2015 y 2018 mediante los impuestos a la Riqueza; la sobretasa del Cree y el 4 por mil a las transacciones financieras. Así la que se ha aprobado no tenga el carácter de estructural que se ha venido pidiendo para la tributación en Colombia, sorprenden la agilidad y el unanimismo del Congreso en el trámite de un proyecto que toca fibras sensibles de la estructura productiva del país y que no comprometió al Gobierno, como ha sido tradición en la creación de nuevos tributos, con ajustes al gasto público, controles más fuertes a la corrupción y una verdadera y necesaria política de lucha contra el contrabando.


Ni las voces de alzamiento que sonaron desde el Consejo Gremial Nacional y otros sectores empresariales, y que amenazaron con movilizar a la opinión pública, disuadieron al ministro de Hacienda sobre los riesgos que conlleva el Impuesto al patrimonio a las personas jurídicas. En efecto, después de complejas negociaciones, los empresarios apenas consiguieron la promesa, que no certeza, de que ese tributo a personas jurídicas irá disminuyendo progresivamente hasta el año 2018, cuando la sobretasa del Cree habrá alcanzado su meta de crecimiento al 9 %. La concesión, sin embargo, no anula el castigo a las compañías con patrimonios importantes pero todavía no generadores de utilidades, como ocurre con EPM por la construcción de Hidroituango. El paso dado tampoco conjura el malestar entre inversionistas que anuncian su desgano por nuevos proyectos, justo cuando estos se hacen atractivos en razón de la devaluación del peso y sus beneficios para exportadores y productores para el mercado interno. 


Es paradójico que se haya optado por medidas que han sido interpretadas como fuertes sanciones a la actividad productiva y se haya tenido mano blanda con la riqueza individual y menos generadora de desarrollo, que es lo que se ha hecho al mantener la base tributaria para el impuesto a la riqueza en personas naturales con patrimonios de $1.000 millones, un grupo considerado de apenas uno por mil colombianos y que debe estar en plena capacidad, y obligación, de asumir responsabilidades con el Estado. Tal contribución no compensa, sin embargo, que se haya evitado gravar la actividad rentística y la exportación masiva de capitales, sobre todo las utilidades de grandes inversionistas extranjeros que no están reinvirtiendo en el país. 


Desde su creación como mecanismo para financiar la crisis financiera, en 1998, y su extensión para pagar la reconstrucción del Eje Cafetero, en 1999, el Gravamen a los Movimientos Financieros se ha ofrecido como tributo temporal listo para ser desmontado. La última esperanza era que en 2015 comenzara su paulatina reducción hasta llegar a su desaparición en el año 2018, pero esta ha sido conjurada con la determinación de extenderlo hasta el año 2019, cuando se anuncia su desmonte, decisión que correspondería al próximo gobierno. La inestabilidad jurídica representada en la oferta de eliminación de una gravosa contribución a los movimientos en el sistema financiero se compensa, sin embargo, con las ventajas que tiene la segura y sencilla recaudación de esta carga tributaria, hecho que hace temer que los gobiernos siempre tendrán razones, como las necesidades del campo, o de la educación, o de otros sectores, para imponer este peso que cargan la clase alta, los más pudientes y las empresas. 


Aprobada la reforma, no cesan las preguntas y las críticas. La Contraloría expresa serias dudas sobre la capacidad que esta reforma tiene para cubrir los gastos del Gobierno central en los próximos cuatro años, máxime con la caída de los precios del petróleo y el aumento del pago de deuda externa; juiciosos observadores, y también la oposición, se preguntan por la forma como el Gobierno asumirá corresponsabilidades en el control al gasto público, la vigilancia a la corrupción, el fortalecimiento de la defensa del Estado en procesos que imponen onerosas sanciones pecuniarias, y emprendiendo, ojalá ahora sí, la lucha contra el contrabando. Corresponde al Congreso imponer a la vigilancia al gasto y la gestión financiera del Estado el mismo ritmo que le puso a la aprobación de esta reforma.