Editorial

Desconcierto general
7 de Diciembre de 2014


Mientras crece la publicidad contra-militar, aumenta la intensidad de las presiones por el cese el fuego bilateral y la reducción del control estatal a narcotraficantes, bacrim y violadores de los Derechos Humanos.

Dos años de conversaciones con las Farc en La Habana han favorecido la desmemoria de los hechos que propiciaron que ese grupo participe e insista, por encima de la vocinglería de sus jefes, en no abandonar la mesa. Los más importantes de todos, sin duda, las acciones pasadas y presentes de las Fuerzas Militares para ofrecer seguridad a los ciudadanos, ocupar el territorio y construir relaciones de confianza con la población de zonas lejanas. En virtud de su esfuerzo, el Ejército es aplaudido por la opinión pública, como se demuestra en los resultados del Panel de Opinión 2014, de Cifras & Conceptos, en el que los líderes de opinión lo calificaron como la segunda institución pública más confiable (73 %), con crecimiento de seis puntos frente a 2013, cuando tuvo 67 %; y en la investigación de Gallup Colombia, que consulta la opinión general, fue reconocido por el 73 % de la opinión, que, por otro lado, calificó a las Farc con 90 % de desfavorabilidad. A pesar de contundente, la voz del país parece no llegar al Gobierno y los grandes medios de comunicación, transformados en promotores y amplificadores de críticas contra la institución militar.


El secuestro, liberación y baja del servicio del general Rubén Alzate Mora son episodios de la vergüenza militar, pero no por los hechos que parece posible haber evitado, sino por el manejo del Gobierno Nacional desde el momento de su ocurrencia hasta la aceptación por el presidente de la solicitud de baja presentada por el digno oficial. De la intervención en redes sociales en la que el presidente ordenó al ministro Pinzón y al comandante del Ejército “que me expliquen por qué BG Alzate rompió todos los protocolos de seguridad y estaba de civil en zona roja” a la declaración a Canal Capital en la que descalificó al ya renunciado oficial acusándolo porque “puso en jaque el proceso de paz y la institucionalidad colombiana”, el mandatario filó con la crítica al general y la omisión de reclamos por las violaciones a su persona y dignidad cometidas por secuestradores que lo mantuvieron en condiciones inhumanas.


En la discusión propiciada por el Gobierno quedaron faltando consideraciones sobre las acciones sociales, ordenadas por su jefe supremo, con las que el Ejército está construyendo desarrollo social y confianza con las comunidades, y sobre la facilidad de establecer puentes cuando los servidores públicos tienen que rodearse con escoltas, que fungen como barreras para la inseguridad pero también para la conversación fluida con la ciudadanía, cuando presiden actividades con las comunidades a las que sirven.


Paralela a la crisis por el secuestro del general corrió la discusión por el regaño del presidente Santos a los militares, transmitido durante entrevista en Canal Capital, medio poco afecto a la oficialidad. Allí, el doctor Santos notificó que “están saliendo personas que están actuando con lealtad y saldrá el oficial, por más importante que sea, que dé la más mínima expresión de deslealtad”. ¿Amenazaba, acaso, al ministro de Defensa, principal defensor de la institucionalidad militar y garante de que se mantiene la lucha contra las Farc? Las discusiones sobre lealtad y obediencia militar, por lo menos en Colombia donde las Fuerzas Armadas han dado múltiples muestras de su respeto a la democracia y sus instituciones, deberían hacerse con más discreción, y más cuando grupos al margen de la ley como las Farc, se crecen y aprovechan de estos regaños y amenazas públicas a quienes los persiguen.


El clima creado por el presidente de la República ambientó la publicidad al debate, con tono de escarmiento, a los ascensos de 69 miembros del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea. Tras juiciosos análisis, la Comisión Segunda del Senado aprobó por doce votos a favor, y uno contrario, las ponencias favorables al ascenso y con declaraciones de felicitación a los aspirantes, presentadas por los senadores Carlos Fernando Galán (Cambio Radical), Jimmy Chamorro, José David Name y Mauricio Lizcano (Partido de la U), Luis Fernando Velasco y Jaime Durán (P. Liberal), Ana Mercedes Gómez, Paola Holguín y Thania Vega de Plazas (Centro Democrático), Teresita García Romero (Opción Ciudadana), Nidia Marcela Osorio (P. Conservador), y Marco Avirama (Alianza Social Indígena). Esta posición precedió la votación en plenaria, con 69 votos favorables y ninguno negativo. Los argumentos para el aplauso fueron ignorados por quienes amplificaron críticas que se fundaron en especulaciones interesadas. Mientras crece la publicidad contra-militar, aumenta la intensidad de las presiones por el cese el fuego bilateral y la reducción del control estatal a narcotraficantes, bacrim y violadores de los Derechos Humanos.