Nacional

Defensoría del Pueblo y ONU trasladarán a menores capturados por indígenas a centro de rehabilitación
10 de Noviembre de 2014


Los jovenes sometidos a juicio fueron localizados en una búsqueda organizada por la Guardia Indígena para encontrar a los culpables de la muerte de dos Nasa.


EFE


La Defensoría del Pueblo dijo hoy que se ocupará junto con la ONU del traslado a un centro de rehabilitación de los dos guerrilleros de las Farc menores de edad juzgados ayer por un tribunal indígena como coautores del asesinato de dos miembros de la comunidad Nasa en el suroeste del país.


El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, explicó que la medida se ha acordado con las autoridades indígenas que el domingo condenaron a veinte latigazos y la reclusión hasta su mayoría de edad a estos dos guerrilleros, de 14 y 17 años.


"Seguramente ellos van a ser entregados a una fundación y para ello la Defensoría va a presentar su concurso junto con Naciones Unidas para trasladarlos y ponerlos a disposición de la fundación por ser menores de edad", dijo Otálora.


El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Luis Fernando Arias Arias, explicó ayer que tras el juicio en el participaron 2.000 miembros de la comunidad Nasa, a la que pertenecían los fallecidos, que las instituciones del Estado están obligadas a respetar las penas decretadas por indígenas.


Otálora reconoció hoy que la "Constitución les garantiza a los indígenas autonomía e independencia en su jurisdicción", por lo que las labores de esta institución se limitarán a acompañar a los condenados hasta un centro aún por determinar.


Junto a los menores de edad, ayer se decretaron sentencias contra los cinco adultos que les acompañaban, cuyas penas variaron en función de la responsabilidad que cada uno tuvo en el doble crimen.


El autor material fue condenado a 60 años de prisión, mientras que los otros cuatro adultos fueron sentenciados a 40 años de cárcel cada uno, penas que han sorprendido en Colombia por su severidad.


Todos ellos cumplirán condena en la cárcel estatal San Isidro de Popayán, capital del departamento del Cauca, región donde fueron cometidos los asesinatos, indicó Arias.