Editorial

La Procuraduría y la minería criminal
25 de Octubre de 2014


Y mientras avanza la regularización es preciso acelerar las acciones de control y penalización de la minería criminal, que está localizada de manera inequívoca y coincide con las regiones de deforestación.

Una mesa de trabajo que se reunió el jueves para discutir los efectos de la sentencia de la Corte Constitucional que declara ajustado a la Carta Política el Artículo 37 del Código Minero, sobre las zonas excluibles de la minería, y analizó el crecimiento de la explotación ilegal de oro en el Páramo de Santurbán, la Procuraduría General reclamó del Gobierno Nacional tipificar la “minería ilegal” y revisar la normativa minera  “a fin de que se establezcan las pertinentes sanciones que permitan castigar de manera efectiva a los directos responsables de la llamada minería criminal”. Con estas declaraciones, el alto órgano de control profundiza en los reclamos que viene haciendo desde el 1 de septiembre de 2011, cuando entregó un juicioso informe de advertencia sobre las consecuencias perversas de la inacción del Estado frente a la explotación no permitida de los recursos naturales no renovables del país.


Desde el análisis de 2011, el alto órgano de control había alertado a las autoridades administrativas y judiciales por los impactos perversos de la minería irregular sobre la economía, los ecosistemas, el desarrollo, y sobre sus vínculos con grupos criminales, que estaban documentados por la Policía para 24 departamentos del país. Como fruto del análisis, el órgano de control reclamó que era “inaplazable fomentar desde la institucionalidad una minería responsable y ambientalmente sostenible, sin distinguir para tal fin los volúmenes de explotación”. Tras la petición se hicieron varios anuncios, no cumplidos, de presentación de proyectos de ley tendientes a complementar y fortalecer los artículos del Código Penal que castigan las actividades asociadas a la minería ilegal, como la contaminación o el uso ilícito de la maquinaria pesada, toda vez que la minería criminal está contemplada como delito que puede tener penas de hasta ocho años de prisión y multas de hasta 50.000 salarios mínimos


En el pronunciamiento del jueves son notables, y de gran valor para el análisis y las acciones que el Gobierno y la Fiscalía General han dejado de asumir, las diferencias que la Procuraduría hace entre la minería tradicional y de barequeo de la minería criminal, que emplea minerales deteriorantes de tierras y ríos y costosa maquinaria pesada que deforesta y erosiona grandes extensiones de tierra para su actividad extractiva, como quedó demostrado en el informe sobre deforestación anual publicado por el Ministerio del Medio Ambiente. Al presentar la diferencia, el órgano de control recoge experiencias y expectativas de los gremios mineros y de los expertos frente a mineros irregulares muy distintos entre sí, así se haya pretendido igualarlos para evitar las acciones de control a la minería criminal. 


El pasado 11 de octubre saludamos el decreto que regula la adjudicación de las licencias ambientales, y que el presidente Santos firmó el 15 de este mes con el número 1540, porque se constituye en garantía a los operadores que cumplen las normas y en uno de los mecanismos para controlar y castigar ejercicios por fuera de la norma. Esta norma, sin embargo, y según señala la Procuraduría, va a ser insuficiente para “brindar la suficiente seguridad jurídica para los proponentes o contratistas de concesiones mineras” y para “avanzar de manera eficiente y concreta en la formalización minera”. En ese mismo orden de ideas, y en el marco de las precisiones que hace el órgano de control, se ha de entender la formalización minera como medio de regularizar y vincular al orden legal actividades que se han realizado de manera espontánea por generaciones. Y mientras avanza la regularización es preciso acelerar  las acciones de control y penalización de la minería criminal, que está localizada de manera inequívoca y coincide con las regiones de deforestación. 


Frente a la formalización, la Procuraduría reclama del Estado realizar ejercicios de “fiscalización que garantice el cumplimiento de obligaciones técnicas, económicas, sociales y ambientales  que redunden en desarrollo y bienestar para las comunidades que tienen la actividad minera como fuente principal de subsistencia”. Y cómo no valorar que dando cada vez más profundidad al análisis, el ente llame a cumplir las normas fijadas en el Decreto 2235 de 2012 para enfrentar a la minería criminal que sigue creciendo y dejando serios impactos dañinos. En especial, el órgano de control reclama que para la destrucción de la maquinaria, se realicen los procedimientos de “previa verificación de antecedentes judiciales, confirmación sobre la procedencia, uso y destinación de la maquinaria”, de manera que se garantice efectivamente liberar al país de formas perversas de explotación del subsuelo.