Editorial

Dialogar con el Eln
20 de Octubre de 2014


Esa idea abre expectativas porque la mesa de conversaciones procure los acuerdos de su competencia, que son los mecanismos de dejación y entrega de las armas, considerando la protección a los desmovilizados, y el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

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Dos noticias del pasado fin de semana renovaron el protagonismo del Eln en la agenda nacional. El sábado, en el templo y el cementerio de Machuca, los sobrevivientes del horroroso incendio del 18 de octubre de 1998, apoyados por la fundación Víctimas visibles, conmemoraron las 84 vidas sacrificadas y las más de treinta heridas por el atentado del Eln al Oleoducto Central de Colombia. Ese día, y desde la clandestinidad, los jefes guerrilleros emitieron un comunicado que confirma los acercamientos al Gobierno para iniciar conversaciones, que serían paralelas a las que transcurren con las Farc, en busca de acuerdos de fin al conflicto armado.


Las masacres de Machuca, Bojayá y el corregimiento de Mandé, Urrao, -en su orden cronológico- están inscritas en la memoria de los antioqueños y colombianos como hechos especialmente graves por la sevicia ejercida contra ciudadanos en situación de indefensión y por la arrogancia con que sus perpetradores arguyeron excusas con la que pretendieron, y entre algunos casi lo consiguen, justificar lo inaceptable desde cualquier punto de vista. Hasta que la Corte Suprema emitió, en marzo de 2007, su sentencia condenatoria a 40 años de prisión para los miembros del Comando Central del Eln y los guerrilleros responsables de esa masacre, había una cierta, y peligrosa, aceptación de las tesis que minimizaban la responsabilidad del grupo que voló el oleoducto y produjo la tragedia y se ha beneficiado con el desamparo de los deudos y afectados. 


El país ha tratado a las Farc y al Eln como si fueran dos grupos distintos entre sí. Puesto el foco en sus criterios sobre la política, los derechos humanos, la relación con la sociedad, y en sus acciones terroristas contra la población civil y el Derecho Internacional Humanitario, salen a flote las múltiples razones de identidad y apenas si aparecen sus diferencias por los vínculos con el narcotráfico, pues mientras las Farc lo convirtieron en el pilar de su financiación y enriquecimiento desbordado, el Eln lo ha tenido, mayoritariamente, como otro de los sectores extorsionados, junto a las compañías mineras legales del Bajo Cauca y el Nordeste; las compañías del sector eléctrico y sus contratistas, y las empresas petroleras privadas. A consecuencia de su vinculación directa en negocios de drogas ilícitas, las Farc usurpan tierras de campesinos y pequeños empresarios, amenazan a los campesinos para que hagan siembras de coca o trabajen en laboratorios, y son grandes lavadoras de dinero. Al financiarse con la extorsión y el secuestro de empresas, trabajadores y funcionarios que trabajan en zonas de desarrollo, el Eln amedrenta  a inversionistas legales en minería, petróleo e infraestructura y espanta a los que no se someten a sus perversas reglas.


Cuidadosos de su imagen ante círculos “progresistas” nacionales e internacionales, los jefes del Eln tuvieron buen cuidado de escudarse en razones ideológicas para “justificar” los atentados contra torres de energía y oleoductos, hechos que afectan el acceso de la población civil a los servicios públicos esenciales, contaminan las aguas de consumo y generan daños irreparables al medio ambiente, por lo que son serias violaciones al Derecho Internacional Humanitario. La propaganda guerrillera, que buscó legitimidad en las tesis de la chilena Marta Harnecker, busca aplauso para el combate a la explotación de los recursos naturales por multinacionales, realidad controvertida por el hecho de que los atentados se hacen contra Ecopetrol, compañía de capital colombiano, en su mayoría estatal, que, actúa con responsabilidad social, razón por la cual no paga las “vacunas” impuestas por el Coce y, en particular, por el frente Domingo Laín, que tiene presencia en Arauca y Norte de Santander.


Quienes a nombre del Eln presentaron el avance de las conversaciones, que el presidente Santos reconoció que están avanzando, pidieron también que estas se desarrollen en forma paralela y simultánea con el proceso de conversaciones que avanza con las Farc. Esa idea abre expectativas porque la mesa de conversaciones procure los acuerdos de su competencia, que son los mecanismos de dejación y entrega de las armas, considerando la protección a los desmovilizados, y el reconocimiento de los derechos de las víctimas, que implica aceptación de responsabilidades con los directos afectados y con la aceptación, y decisión de someterse a la justicia transicional, con apego a condiciones de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.




Comentarios
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Amparo
2014/10/21 12:08:25 am
El eln y las farc se diferencian solo en el nombre. Lo demás es lo mismo: muerte, destrucción, plagio, corrupción de menores, despojo de bienes ajenos, abuso de fuerza Bruta, robo, crueldad animal con seres humanos, asociación para delinquir, violencia doméstica, desplazamientos, despojos, desacato a la dignidad humana, extorsión, falsedad, etc, etc