Columnistas

El sistema de controles en servicios públicos
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
10 de Octubre de 2014


Posiblemente no exista un sector de la administración con un más amplio y variado sistema de controles, que el de los servicios públicos domiciliarios, pero ello no implica que los mismos sean eficientes o que se garantice una adecuada protección...

Posiblemente no exista un sector de la administración con un más amplio y variado sistema de controles,  que el de los servicios públicos domiciliarios, pero ello no implica que los mismos sean eficientes o que se garantice una adecuada protección de los derechos de los usuarios.


Sin duda los controles sobre los servicios públicos son útiles y necesarios, pero lo que se debe revisar a fondo es si el esquema de controles existente en el modelo colombiano  es el conveniente o si lo mejor sería repensarlo, para concentrarlo en unos pocos organismos y hacer de ellos un instrumento más eficiente para los ciudadanos. 


Dentro de los controles existentes sobresalen, entre otros: (i) el control directo que ejercen los usuarios sobre las empresas a través de las peticiones, quejas y recursos; (ii) el control político que pueden ejercer los concejos aún sobre los proveedores privados, tal como se deriva de la ley 1551 de 2012; (iii) el control fiscal que ejercen las contralorías en protección del patrimonio público;  (iv) el control disciplinario en relación con el adecuado cumplimiento del deber funcional, en los casos que excepcionalmente las empresas  ejercen función pública; (v) el control social a través de las veedurías sociales, en los términos de la ley 850 de 2003; (vi)  los  controles interno y de auditoría externa; (vii) el control de las revisorías fiscales, (viii) el control judicial sobre la validez de los actos, además de la acción de tutela y otras acciones judiciales [cumplimiento, popular y de grupo]  y, (ix) el control de policía administrativa que en la actualidad se ejerce de un lado, por  la Superintendencia de Industria y comercio en la vía de proteger el desarrollo de la libre y leal competencia y de otro por la Superintendencia de Servicios Públicos orientada a la protección de los derechos de los usuarios.


El ejercicio del complejo sistemas de controles existente representa no solo costos económicos que en su mayoría deben ser atendidos por las empresas del sector y en consecuencia se reflejan en las tarifas que pagan los usuarios, sino que además generan transacciones de tipo administrativo que no siempre constituyen construcción de valor al evaluar la calidad del servicio o la satisfacción de sus beneficiarios. 


El exceso en el numero de los organismos de control y la duplicidad que se registra en los mismos, nos genera  la obligación de revisar a fondo las instituciones de derecho administrativo sancionatorio que estamos aplicando y el grado de especialización de las mismas, para reorientar el “objeto de control” de cada uno de los sistemas, de tal manera que solo se mantengan aquellos que generan alguna modalidad de valor o tienen un sentido útil para los usuarios.


El hecho de que algunos de los organismos de control, no tengan en cuenta cuál es claramente su “objeto jurídico de tutela”,  y que el mismo se confunda con el objeto de control propio de otros organismos, debe llamarnos la atención y forzar el análisis jurídico en la vía de establecer las bondades del actual esquema y la necesidad de fortalecerlo y simplificarlo para que convierta en un verdadero instrumento de protección ciudadana.


Es el momento de repensar el papel que cumple la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre su reforzamiento, la necesidad de que disponga de una estructura administrativa y unas potestades diferentes y que en ella se concentren muchas de las actividades de control que se encuentren dispersas, lo  que  es posible que implique revisar desde el propio artículo 370 de la Carta.


La Superintendencia debe ser un organismo con mayor presencia local, con mecanismos de acción más simples y eficaces y con la posibilidad de ser un instrumento directo al que puedan recurrir los usuarios.


En este, como en otros ámbitos de la administración, ha sido sólo el juez de tutela a quien se ha dejado la tarea de proteger los derechos ciudadanos, lo que ha hecho bien, pero no parece ser adecuado que sea la tarea a la que deba dedicarse y que en ella otros organismos de control no estén ayudando.