Columnistas

Señor Fiscal: hechos, no palabras
Autor: Bernardo Trujillo Calle
4 de Octubre de 2014


Con ser el Fiscal un abogado de las mejores calidades profesionales –autor, profesor, litigante, conferencista– lleno de cartones de posgrados y doctorados en el país y el extranjero, confiable como funcionario que habla bien y acusa sin temor...

Con ser el Fiscal un abogado de las mejores calidades profesionales –autor, profesor, litigante, conferencista– lleno de cartones de posgrados y doctorados en el país y el extranjero, confiable como funcionario que habla bien y acusa sin temor, tiene no obstante un algo que no casa con todos estos títulos que lo pone en evidencia frente a los que se la juegan sin reserva por su prestigio.  Se dirá que nadie es perfecto, lo cual es verdad, mas no excusa, por ejemplo, aquello de estar anunciando prontos resultados en las investigaciones que por su relevancia deberían arrojar resultados rápidos y convincentes.  Las palabras se las lleva el viento y en cambio los hechos permanecen.  Por eso el título de esta columna: “res, non verba”.  O sea, como se ha dicho, exigencia de realidades frente a promesas y anuncios incumplidos… En el despacho del señor Fiscal reposan desde hace tiempo investigaciones emblemáticas en curso, oportunamente informadas con bombo y platillos, hoy casi olvidadas, tal vez esperando su muerte por prescripción.  Ese silencio se hace cómplice de la impunidad.


Una impunidad que el vulgo, el sabio vulgo, traduce en dichos que son compendios de sabiduría: “La ley es un perro que sólo muerde a los de ruana”. Y pruebas al canto.  Condenaron a unos contratistas y concejales de Bogotá que confesaron su delito para ganarse unos años de prisión.  Pero de Samuel Moreno y hermano, ¿qué?  Tres años acumulando centenares de declaraciones, documentos, confesiones, indicios que han servido para llevar a la cárcel a los alfiles, mientras los reyes siguen imperturbables.  Y no es que me desvele por ver al exalcalde y al exsenador tras las rejas, pues no tengo alma de inquisidor.  Sólo que empiezo a dudar de la efectividad de los discursos de algunos investigadores y jueces devotos de los medios que andan en busca de la chiva.


Me pregunto ¿cuál será el nudo que se debe desatar para el avance y resolución de los procesos penales de cuya suerte anda pendiente buena parte de la sociedad: pasarle esos expedientes a una autoridad distinta como el Tribunal de Aforados que tanto escozor ha causado?  Yo pienso a veces que uno de esos nudos es el errado criterio con el cual ciertos penalistas han decidido enfrentar sus deberes profesionales.  Recuerdo que hace unos meses escribí un comentario sobre ese papel de mis ilustres colegas, una docena a lo sumo, cuyos nombres se repiten de memoria por sus hazañosas victorias jurídicas.  No recuerdo si fue el clásico de los clásicos tratadistas Carrara, quien dijo que “para el peor criminal, el mejor de los abogados”.  De lo que sí estoy seguro es de sus impecables medios utilizados en el ejercicio de sus famosas defensas.  


Hay casos que llama la atención, como los de Colmenares, Andrómeda, Yidis,  Pretel y Palacio,  Palacino, los Nule, envejecidos a pesar del grueso acerbo probatorio que se ha recogido durante años.  Son procesos que hacen de referentes, groso modo, de cómo anda la justicia entre nosotros.  El miércoles escuché buena parte del reportaje de Caracol al Fiscal Montealegre justificando estas demoras y con todo y su versación en los temas penales, constitucionales y derecho comparado, sigue pendiente la pregunta que nos formulamos respecto al por qué de la tardanza en concluir.  Sabemos que las sentencias corresponde dictarlas a los jueces. Pero una vez concluyen las investigaciones.


Retomo el punto de los abogados para insistir en una práctica que va contra la ética profesional.  Intentar toda clase de recursos dilatorios con el único fin de entorpecer el avance de las investigaciones, no es ético.  Tampoco lo es pedir pruebas impertinentes o tratar de confundir al funcionario con escritos que interpretan las leyes de tal manera que le hacen decir lo que conviene a su causa, así sea pasando por encima del sentido común.  Dicho en palabras poco cordiales: actuando como tinterillos para justificar el cobro de excesivos honorarios.  No permita que los abogados a que me refiero frenen las investigaciones y fomenten con ello los adagios que en boca del vulgo hacen un daño irreparable a la justicia.  La ley sanciona este irregular ejercicio de la abogacía.  Póngalos en cirtura.


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¿Podrá señor Fiscal acelerar la investigación de las chuzadas a De la Calle?