Nacional

Ombudsman’s office asks for protection for journalists
Defensoría pide protección para periodistas
30 de Septiembre de 2014


La entidad ha conocido que entre enero y agosto de este año 93 periodistas han sido amenazados, 51 más que los registrados en todo 2013.


Foto: EFE 

Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo.

EFE


Bogotá


El defensor del Pueblo, Jorge Otálora, solicitó a las autoridades que tomen medidas “urgentes” para proteger a los periodistas amenazados en el país después de que el domingo se conociese que ocho comunicadores han sido declarados “objetivo militar” por una banda criminal.


Se trató de un panfleto firmado por “Los Urabeños” contra ocho periodistas que trabajan en Cali y Buenaventura, como corresponsales de Caracol Radio, Q’Hubo Radio, El Tiempo y el Noticiero Más Pacífico de Telepacífico.


Ellos se unen a otros dos comunicadores amenazados días antes por la banda criminal “Los Rastrojos”, una advertencia que fue denunciada en el ámbito internacional por Reporteros Sin Fronteras (RSF), desde su sede en París.


Otálora se sumó ayer a esta organización a la hora de pedir una investigación sobre dichas advertencias y solicitó además “tomar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad y la vida de los comunicadores”, indicó la Defensoría en un comunicado.


El funcionario destacó que entre enero y agosto de este año la institución ha tenido conocimiento de 93 casos de periodistas amenazados, lo que suponen 51 amenazados más que los registrados en todo 2013.


Además, sostuvo que “lo más preocupante” es que de ese total, 56 periodistas “fueron clasificados con un nivel de riesgo extraordinario por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, la entidad estatal encargada de proteger a los amenazados en Colombia.


A juicio de Otálora, uno de los factores que ha contribuido a este aumento es la acción de los grupos armados ilegales “conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas”, que tuvo lugar en 2006.


Asimismo, la Fiscalía General inició ayer de oficio investigaciones sobre estas amenazas antes, incluso, de que los periodistas involucrados registren sus denuncias ante las autoridades judiciales.


Al abrir este proceso, se han iniciado las correspondientes labores de investigación, de carácter técnico y científico, que deberán establecer la autenticidad del panfleto.


Merced a este proceso iniciado por la Fiscalía, también se analizarán las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de los periodistas.


Las amenazas a periodistas se engloban dentro de un pico de más de 150 personas advertidas de muerte desde que comenzó septiembre, entre las que se incluyen activistas de derechos humanos y líderes políticos nombrados en varios panfletos firmados por el grupo paramilitar “Águilas Negras” y la banda criminal “Los Rastrojos”.



Los amenazados

Según la Defensoría, la semana pasada se conocieron intimidaciones contra los comunicadores Édgar Astudillo y Leiderman Ortiz Berrío, en el marco de un listado de 23 personas, que incluía entre otros, a los congresistas Iván Cepeda y Claudia López, así como a la exsenadora Piedad Córdoba. 


En el panfleto conocido el domingo, figuran periodistas de El País, Q’Hubo, El Tiempo, el noticiero Más Pacífico, Caracol Radio y una emisora comunitaria de Buenaventura. Entre ellos el periodista radial Álvaro Miguel Mina y el director del noticiero Más Pacífico, Gildardo Arango.


El defensor criticó que las medidas de protección que se aplican a muchos de los amenazados, consistentes en “servicios de telefonía móvil o rondas policiales” no garantizan su protección, y que el plazo de “30 días hábiles para evaluar el nivel de riesgo” que sufren “resulta muy prolongado”.