Columnistas

Reforma política para unos pocos
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
12 de Septiembre de 2014


Con el inicio del estudio de una “nueva” reforma política, que en buena medida sugiere volver a viejos esquemas en diferentes temas, el país entrará de nuevo en debates institucionales que deberían superar los de la reelección...

Con el inicio del estudio de una “nueva” reforma política, que en buena medida sugiere volver a viejos esquemas en diferentes temas, el país  entrará de nuevo en debates institucionales que deberían superar los de la reelección, la coincidencia de periodos entre Presidente y autoridades territoriales, la asignación de puestos, los conflictos de interés, el tráfico de influencia y el favorecimiento de algunos servidores públicos y ocuparse al menos de algunos problemas sustanciales de nuestra realidad institucional.


El solo análisis de la efectiva aplicación de la “Constitución como Norma” y el papel de precedente judicial y Constitucional, debería llamar la atención del Congreso, que podría fijar algunas reglas constitucionales en este tipo de materias, que sin lugar a dudas han permitido que el país pueda dar el paso definitivo del denominado “Estado de Derecho”, al “Estado Social de Derecho”, con no pocos opositores.


Sería bueno que además de los temas que le preocupan al Gobierno y a los congresistas, el Congreso involucrara  en el debate nacional temas que preocupan a todos los ciudadanos, como la protección efectiva de los derechos humanos y la integración del derecho interno con el derecho internacional, el acceso al mínimo vital en servicios públicos básicos como la salud, el agua y la energía, la  protección eficaz  de los derechos de los trabajadores,  en especial los que se vinculan mediante los mal denominados “contratos de prestación  de servicios”  y se reestructure a fondo el actual sistema de controles administrativos.


Por su indirecta relación con el texto de la actual propuesta de reforma, presento dos sugerencias referidas al sistema de controles, que sería bueno  ver incluidas en el texto de la Carta Política, o que al menos sean incluidas en la agenda de las discusiones que estamos iniciando.


La primera consiste en aclarar la diferencia sustancial que existe entre los diferentes organismos con competencia para ejercer control de la administración, para lo que se debe reconocer el profundo error en que se incurre con la expedición de Leyes como la 1474 de 2011, a través de la cual se pretendió judicializar el control, en especial el control fiscal y vincularlo con otros tipos de controles.


En materia de control  lo primero que debemos definir es cuál es el objeto de tutela de organismos como la Procuraduría,  Contraloría y las Superintendencias, pues no es claro y en la actualidad se ocupan de materias de que deberían dejarse a la competencia de los jueces.  Mucho más desacertado que el hecho de que los jueces intervengan en asuntos típicamente administrativos, es que funcionarios “autónomos” como lo de los organismos de control y de policía administrativa  puedan tomar decisiones que por su naturaleza, efectos y alcances deberían ser judiciales.


En segundo lugar la Constitución debería explicitar un conjunto de garantías que posiblemente algunos consideran que derivan del mandatos de actual artículo 29 de la Carta, pero que mucho se avanzaría si se hacen  expresas, me refiero a: (i) la presunción de inocencia en todo tipo de actuaciones, pues, actualmente resulta desconocida por el artículo 118 de la Ley 1474, (ii) la proscripción de toda forma de responsabilidad objetiva; (iii) la reserva de Ley, para la tipificación de conductas sancionables por organismos de policía administrativa; (iv) la obligación de aplicación de principios de razonabilidad y   proporcionalidad en las sanciones;  (v) la procedencia de sanciones solo cuando la conducta sea antijurídica o relevante, y …,  en fin,  que se lleven a la Constitución los principios propios del derecho penal administrativo que en muchos casos resultan desconocidos o vulnerados por autoridades de control con fundamento normativo o sin él.


Lo que deberíamos es iniciar una reforma institucional a fondo, de lo contrario reconocer que solo se trata de una reforma para unos pocos interesados.


 *Docente y asesor