Política

¿Equilibrium or imbalance between the public powers?
¿Equilibrio o desbalance entre los poderes públicos?
6 de Septiembre de 2014


EL MUNDO publica hoy el texto completo del articulado del proyecto de reforma constitucional del Gobierno Nacional sobre equilibrio de poderes y reajuste institucional, para que sea conocido, estudiado y debatido por concejales, diputados, alcaldes, organizaciones políticas, por estudiantes y profesores de las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, debido al impacto que tendría esta iniciativa en el ordenamiento político y judicial del país. La exposición de motivos es muy extensa.

Proyecto de Acto Legislativo N° 18 de 2014.


“Por medio del cual se adopta una Reforma de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional y se dictan otras disposiciones”


El Congreso de Colombia,


Decreta


Artículo 1. El artículo 126 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 126. Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. 


Tampoco podrán nombrar o postular a las personas que hayan intervenido en su designación o postulación, ni a personas vinculadas con estas por los mismos lazos de parentesco señaladas en este mismo artículo.


Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera y la regla del inciso segundo no aplica para los nombramientos o postulaciones de los servidores públicos que hayan sido elegidos popularmente.


La elección de servidores públicos atribuida a las corporaciones públicas o a cualquier otro organismo colegiado deberá estar precedida de una convocatoria pública, en la que se fijen requisitos objetivos y se realice un proceso de selección que garantice los principios de transparencia y publicidad. Ningún servidor público elegido por corporaciones públicas u organismos colegiados podrá ser reelegido.


Artículo 2. Deróguense los incisos 5 y 6 del artículo 127 de la Constitución.


Artículo 3. El Artículo 134 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 134: Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada por la respectiva corporación, pérdida de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a las relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática, de lesa humanidad, o contra la administración pública que se hayan cometido con dolo. En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.


Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos de lesa humanidad y dolosos contra la administración pública. 


La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul, para el partido al que pertenezca el miembro de la corporación pública. 


No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática, de lesa humanidad o contra la administración pública, generará la pérdida de su calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda en la lista. Las faltas temporales no darán lugar a reemplazos.


Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado un miembro elegido a una corporación pública, para todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas.


Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del periodo.


Parágrafo Transitorio. El régimen de reemplazos establecido en el presente artículo se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de la vigencia del acto legislativo 01 de 2009, con excepción de las relacionadas con delitos contra la administración pública que se aplicarán para las iniciadas a partir de la vigencia del presente acto legislativo.


Artículo 4. Adiciónese un numeral adicional al artículo 135 de la Constitución Política, el cual quedará así:


10. Convocar a audiencias públicas en la forma y periodicidad con que lo señale el reglamento dedicadas a la formulación de preguntas orales, concretas y sucintas, a los ministros del despacho y ejercer en las mismas audiencias un control de resultados sobre la administración pública para lo cual podrán solicitar informes especiales al contralor General de la República sobre la marcha de cualquier entidad pública o la prestación de un servicio público.


Artículo 5. Deróguese el parágrafo transitorio del Artículo 152 de la Constitución. 


Artículo 6. El Artículo 171 de la Constitución Política quedará así: 


Artículo 171. El Senado de la República estará integrado por ochenta y nueve miembros elegidos en circunscripción nacional. Se elegirá además un senador por cada uno de los departamentos con menos de 500.000 habitantes, de acuerdo con el último censo poblacional.


Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. 


También formará parte del Senado de la República el ciudadano que haya ocupado el segundo lugar en la elección presidencial.


Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.


Los ciudadanos solo podrán votar en una de las circunscripciones. 


La circunscripción especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral. 


Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el ministro de Gobierno.


Artículo 7. El Artículo 174 de la Constitución Política quedará así: 


Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros del Tribunal de Aforados de que trata este artículo; aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.


Habrá un Tribunal de Aforados encargado de investigar y juzgar la conducta de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República y al Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.


El Tribunal será competente para investigar y sancionar a los aforados por conductas de las que se derive responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal.


Sus miembros deberán cumplir con las calidades exigidas para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna corporación judicial.


El Tribunal tendrá siete (7) miembros, elegidos por el Congreso en pleno, para un período de ocho años. Su organización y funcionamiento deberá garantizar que las funciones de investigación y juzgamiento estén separadas y que los aforados puedan contar con una segunda instancia. 


Sus miembros estarán sometidos, al régimen de responsabilidades que determine la ley.


Artículo 8. El numeral 3 del Artículo 178 de la Constitución Política quedará así:


3. Acusar, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al presidente de la República o a quien haga sus veces. Investigar y sancionar a los miembros del Tribunal de Aforados por causas disciplinarias, fiscales o penales, en este último caso se aplicarán las reglas del Artículo 175. Las causas disciplinarias contra los miembros del Tribunal de Aforados se regirán por el procedimiento establecido por el reglamento, el cual garantizará los principios de objetividad 


entre la investigación y la decisión y el de doble instancia.


Artículo 9. El Artículo 181 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior, excepto la prevista en el 1 del artículo 180 de la Constitución.


Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión.


Artículo 10. El Artículo 197 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 197. No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. 


No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del Artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de los siguientes cargos: ministro, director de departamento administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Tribunal de Aforados, o del Consejo Nacional Electoral, procurador General de la Nación, defensor del pueblo, contralor General de la República, fiscal General de la Nación, registrador Nacional del Estado Civil, comandantes de las Fuerzas Militares, director General de la Policía, gobernador de Departamento o alcaldes.


Artículo 11. El Artículo 204 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 204. Para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente de la República. 


Artículo 12. El Artículo 231 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 231. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación mediante el voto afirmativo de las tres quintas (3/5) partes de sus miembros, de listas de diez candidatos conformadas mediante convocatoria pública adelantada por la respectiva corporación.


En la integración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio de adecuado equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la rama judicial y de la academia. La ley o, en su defecto el reglamento interno de cada una de estas corporaciones, tomará las previsiones necesarias para dar cumplimiento a este criterio de integración.


Artículo 13. El Artículo 232 de la Constitución Política quedará así:


Articulo 232. Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:


1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.


2. Ser abogado.


3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.


4. Haber desempeñado, durante veinte años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.


5. No haber desempeñado en propiedad el cargo de magistrado en alguna de estas corporaciones.


Parágrafo. Para ser magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial.


Artículo 14. El Artículo 233 de la Constitución Política quedará así: 


Artículo 233. Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de setenta años.


Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, los miembros del Sistema Nacional de Administración Judicial y del Consejo Nacional Electoral, el fiscal General de la Nación , el procurador General de la Nación, el defensor del Pueblo, el contralor General de la República y el registrador Nacional del Estado Civil, no podrán ser elegidos a cargos de elección popular durante el período de ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su retiro.


Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, no podrán ser elegidos en otra corporación judicial, ni aspirar a los cargos de procurador General de la Nación, contralor General de la República o fiscal General de la Nación, durante el período de ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su retiro; si hubieren renunciado antes del vencimiento del período para el cual fueron elegidos, la inhabilidad será de un año, a partir de la fecha de aceptación de su renuncia.


Artículo 15. El Artículo 254 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 254. El Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial estará integrado por tres niveles de administración: la Sala de Gobierno Judicial, la Junta Ejecutiva y el Director Ejecutivo.


La Sala de Gobierno Judicial, integrada por: los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado; un delegado de los magistrados de tribunal y de los jueces y un delegado de los empleados judiciales, actuarán además con voz pero sin voto, el ministro de Justicia y del Derecho, el fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de Administración Judicial. La Junta Ejecutiva de Administración Judicial, integrada por sendos delegados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.


Los miembros de esta Junta serán funcionarios de libre nombramiento y remoción de la respectiva Corte, deberán contar con los mismos requisitos del Director Ejecutivo de la Administración Judicial.


El reglamento de cada corporación determinará los casos en que el presidente puede ser relevado de ciertas funciones jurisdiccionales, con el fin de que pueda atender las competencias de la Sala de Gobierno Judicial.


Artículo 16. El Artículo 255 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 255. Corresponde a la Sala de Gobierno Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones:


1. Diseñar y fijar las políticas en materia judicial de la rama y elaborar su plan sectorial para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. 


2. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y señalar los casos en los que los despachos judiciales tengan competencia nacional. 


3. Crear, ubicar y redistribuir los despachos judiciales; se podrán crear en forma transitoria, en cualquiera especialidad o nivel de la jurisdicción, despachos de descongestión que sólo ejercerán las funciones que expresamente se precisen en su acto de creación.


En ejercicio de esta atribución, la Sala de Gobierno no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan del monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones.


4. revisar, reasignar o fijar competencias de los mismos en cualquiera de los niveles de la jurisdicción.


5. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia y los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos.


6. Regular el empleo de tecnologías de información en el servicio judicial con efectos procesales.


7. Elegir al Director Ejecutivo de Administración Judicial para un periodo de cuatro años.


8. Darse su propio reglamento.


9. Las demás que le atribuya la ley.


La Junta Ejecutiva de Administración Judicial deberá definir y aprobar las estrategias y directrices administrativas, con base en las políticas fijadas por la Sala de Gobierno, dirigidas a garantizar la eficacia de la administración de justicia y el acceso de los ciudadanos al servicio. En tal virtud le corresponde adoptar un plan estratégico de la rama, aprobar el proyecto de presupuesto, fijar las políticas en materia de contratación, establecer las bases de los concursos para la carrera judicial, aprobar los estados financieros, establecer mecanismos de evaluación a la gestión y rendimiento del Director Ejecutivo y los despachos judiciales y adoptar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.


Artículo 17. El Artículo 256 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 256. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con sujeción a las políticas que dicte la Sala de Gobierno, es la encargada de: 


1. Ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto.


2. Administrar el talento humano, el Sistema Único de Información y Estadísticas Judiciales, la carrera judicial y la escuela judicial.


3. Establecer la estructura así como designar y remover a los empleados de la dirección ejecutiva.


4. Elaborar las listas para la designación y elección de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba designarlos, de acuerdo con el concurso. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales.


5. Dotar a cada una de las jurisdicciones de la estructura administrativa y de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.


6. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.


7. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial.


8. Representar y ejercer la defensa judicial de la Rama Judicial.


9. Llevar el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia y expedir las tarjetas profesionales. La ley podrá atribuir privativamente la función prevista en el numeral 6 de este artículo a un Colegio Nacional de Abogados, cuya creación y funcionamiento serán definidos por el legislador.


Parágrafo. El Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá ser profesional, con título de maestría en ciencias administrativas, económicas o financieras y tener como mínimo veinte años de experiencia profesional.


Artículo 18. El Artículo 257 de la Constitución quedará así:


Artículo 257. La vigilancia de la conducta de los funcionarios de la rama judicial la harán salas especializadas en los Tribunales Superiores de los distritos judiciales y en la Corte Suprema de Justicia integradas en la forma que determine la ley. 


Artículo 19. El Artículo 262 de la Constitución pasará a ser el 261.


Artículo 20. El Artículo 263 de la Constitución Política pasará a ser el 262 y quedará así:


Artículo 262. Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos podrán presentar, individualmente o en coalición, listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva elección.


Las listas serán cerradas y bloqueadas. La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará mediante mecanismos de democracia interna consagrados en la ley, y en su defecto, en los correspondientes estatutos. 


Para garantizar la equitativa representación de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las corporaciones públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al tres por ciento (3 %) 


de los sufragados para Senado de la República o al cincuenta por ciento (50 %) del cuociente electoral en el caso de las demás corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley.


Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere el umbral, las curules se distribuirán de acuerdo con el sistema de cifra repartidora.


La ley reglamentará los demás efectos de esta materia.


Las listas para corporaciones en las circunscripciones en la que se eligen hasta dos (2) miembros para la correspondiente corporación, podrán estar integradas hasta por tres (3) candidatos. En las circunscripciones en las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria. En las circunscripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará el sistema de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 30% de dicho cuociente.


Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos según el orden de inscripción, en forma suce iva y descendente.


Artículo 21. El artículo 263-A pasará a ser el 263 y quedará así:


Artículo 263. La adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva corporación se hará por el sistema de cifra repartidora. Esta resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres o más el número de votos obtenidos por cada lista, ordenando los resultados en forma decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de curules a proveer.


El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos.


La asignación de curules entre los miembros de la lista se hará en orden descendente de los candidatos inscritos.


Artículo 22. El Artículo 264 de la Constitución Política quedará así: 


Artículo 264. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser reelegidos.


Parágrafo. La jurisdicción contencioso administrativa decidirá la acción de nulidad electoral en el término máximo de un (1) año.


En los casos de única instancia, según la ley, el término para decidir no podrá exceder de seis (6) meses.


Artículo 23. El Artículo 266 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 266. El registrador Nacional del Estado Civil será escogido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante concurso de méritos organizado según la ley. Su período será de cuatro (4) años, deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su elección.


No podrá ser reelegido y ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos que aquella disponga.


La Organización Electoral estará conformada por servidores públicos que pertenezcan a una carrera administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre remoción, de conformidad con la ley.


Artículo 24. El artículo 267 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.


Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. En ningún caso la Contraloría podrá actuar en forma previa o preventiva a la actuación administrativa. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.


La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.


La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.


El contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República, no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. 


Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.


Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el contralor y proveer las vacantes definitivas del cargo; las faltas temporales serán provistas por el Consejo de Estado.


Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que exija la ley.


No podrá ser elegido contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.


En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos.


Artículo 25. El numeral 8 del Artículo 268 de la Constitución quedará así:


8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.


Artículo 26. El Artículo 272 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.


La de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.


Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.


Los contralores departamentales, distritales o municipales serán designados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la forma que determine la ley, para período igual al del gobernador o alcalde, según el caso.


Ningún contralor podrá ser reelegido.


Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.


Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años, acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la ley.


No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden departamental, distrital o municipal, salvo la docencia.


Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.


Articulo 27. El Artículo 274 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 274. La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por el Tribunal de Aforados en la forma que determine la ley. 


Artículo 28. El Artículo 276 de la Constitución Política quedará así:


Artículo 276. El procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de terna integrada por el Presidente de la República. No podrá ser reelegido.


Artículo 29. El numeral 6 del artículo 277 de la Constitución quedará así:


6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular, excepto los congresistas que estarán sometido exclusivamente a lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de esta Constitución. Ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. En ningún caso las faltas disciplinarias podrán coincidir con conductas tipificadas como delitos.


Artículo 30. El Artículo 281 de la Constitución Política quedará así: 


Artículo 281. El defensor del Pueblo formará parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Será elegido por la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de terna elaborada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido.


Artículo 31. Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.