Editorial

Los fallidos Bonos de Agua
20 de Agosto de 2014


Las altas tasas de interés, el desorden de los municipios en la ejecución de los recursos y el descontrol del Gobierno Nacional confluyeron para provocar el fracaso económico y social de esta iniciativa.

Con un penoso balance para el Gobierno Nacional, los 117 municipios que comprometieron sus recursos y los inversionistas privados, incluidos fondos de pensiones, fue cerrado uno de los capítulos de los Bonos de Agua, títulos de deuda emitidos en 2008 y 2010 con la expectativa de recaudar recursos privados para financiar proyectos municipales de agua potable o saneamiento básico y cubrir sus obligaciones comprometiendo los ingresos futuros por traslados del sistema general de participaciones. Como lo previeron líderes políticos y analistas, que fueron despreciados, las altas tasas de interés, el desorden de los municipios en la ejecución de los recursos y el descontrol del Gobierno Nacional confluyeron para provocar el fracaso económico y social de esta iniciativa.


El financiero es el fracaso más notorio en esta debacle, no el único, y por él deberán responder, especialmente, los funcionarios que lo idearon, las organizaciones financieras que lo impulsaron, y los responsables municipales que corrieron a aceptar la oferta que les ofrecía agilidad en los desembolsos, pero también mayores costos inmediatos y obligaciones futuras.


Cuando contrataron los créditos, los municipios comprometieron hasta el 85 % de las transferencias específicas futuras, en operaciones que limitaron su capacidad de endeudamiento y que se encarecieron por el desborde de las tasas de interés y los altos costos de operación, según los análisis de la Contraloría General. Por estas razones, la deuda que en abril de 2011 costaba $393.294’049.940, según ese órgano, en agosto de 2014 valía $450.000 millones, y queda a cargo de la Nación, que busca renegociar el valor de intereses que ascenderían, en las condiciones actuales, a $250.000 millones. Por su parte, los inversionistas llamados a sumarse a un proyecto que parecía asegurado y que ofrecía altas rentabilidades, renunciaron a recibir intereses y a recuperar entre el cinco por ciento y el diez por ciento de su capital, en una negociación que lideró el Gobierno Nacional después de que decidiera, en marzo pasado, terminar con un programa que “ahogó” a los municipios. 


La exigencia de claridad en la operación financiera no puede ocultar la que se necesita sobre las actuaciones de otros organismos nacionales, como el Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico, que se limitó a dar avales a documentos municipales cuya veracidad en los hechos no confirmó; y de organismos municipales, como los concejos y órganos de control que aprobaron costosas iniciativas de endeudamiento y no vigilaron que la destinación de los recursos allegados fuera, efectivamente, para ejecutar las obras.


En investigación fiscal adelantada por la Contraloría, se detectó que de los 93 municipios con problemas en la ejecución de las obras, cuarenta no lograron demostrar el inicio de proyectos o avances en las ejecuciones que fueron contratadas por gobiernos municipales que concluyeron en 2011. En Antioquia, reveló el organismo, los créditos fueron tomados por 17 municipios (algunos como Bello y Caldas tienen servicio de agua potable de EPM); en la mayoría, diez en total, fue ordenada la vigilancia especial de la Procuraduría a los funcionarios involucrados


Así entonces, en octubre de 2013, el procurador Alejandro Ordóñez  expidió resoluciones de apertura de investigación a las autoridades de esos 93 municipios que habían recibido los desembolsos de estos millonarios créditos y encargó a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Su actuación también obedeció a las quejas originadas en visitas de campo del Ministerio de Vivienda, que señaló la existencia de irregularidades en la contratación y ejecución de los proyectos de acueducto, infraestructura de potabilización del agua o en los de saneamiento básico. Entonces, el Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico alegó que en el Ministerio de Hacienda les habían impedido vigilar la ejecución del programa y los habían limitado a certificar la legalidad de los documentos sobre los proyectos a ejecutar. Pueril explicación para un problema que ha comprometido ingresos futuros de municipios que aún no resuelven sus inmensas dificultades con la gestión de agua potable y saneamiento básico.


Como ejemplo de una labor coordinada, las investigaciones de la Contraloría y la Procuraduría hoy ofrecen esperanzas de que millonarios recursos no se pierdan en una ola de especulación financiera que abusó de una de las mayores necesidades de los colombianos.