Columnistas

Servicios públicos, no mercancías
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
15 de Agosto de 2014


Se hace muy discutible y difícil de entender que bajo las banderas del Estado social de derecho y de la “economía social de mercado”, se pretenda sostener que la expresión “servicios públicos”...

Se hace muy discutible y difícil de entender que bajo las banderas del Estado social de derecho y de la “economía social de mercado”, se pretenda sostener que la expresión “servicios públicos”,  no signifique nada y que por lo tanto el suministro de bienes a través de los cuales se satisfacen necesidades esenciales para la vida digna, se apliquen las mismas reglas y principios que le resultan aplicables a los mercados y las mercancías en general.


Conceptos como:  intervención del Estado en la economía, regulación económica y social, tarifas solidarias y redistributivas, mínimo vital, acciones afirmativas, servicio universal, protección de los usuarios, régimen jurídico especial… están íntimamente ligadas a la de “servicios públicos”,  de allí que su análisis no puede limitarse a las leyes del mercado, en particular a la de libre oferta y demanda, pues su contenido material es mucho más profundo que eso, al menos así debería ser un Estado que se reconoce y declara, como Estado Social de Derecho.


Son varias las razones que impiden que los “servicios públicos básicos” se sometan, sin restricciones ni limitaciones,  a los principios propios de la libre empresa e iniciativa privada y a la libre competencia; la esencialidad de los servicios públicos, el hecho de incorporarse en el bloque constitucional  dentro del los derechos humanos y su vinculación con la vida digna, obligan a que sean estudiados, regulados y aplicados en forma diferente a los que sucede a los bienes que libremente se tranzan en los mercados. 


En varias oportunidades la Corte Constitucional ha reiterado  las condiciones especiales en que deben prestarse este tipo de servicios, para sólo citar tres temas, deben tomarse en consideración, la protección del derecho al mínimo vital, la garantía del debido proceso a los usuarios, en los casos de suspensión o corte del servicio y la sujeción de los servicios públicos y las entidades que los prestan a un régimen jurídico especial. 


Es necesario que se tenga en cuenta que los servicios públicos atienden necesidades esenciales para la vida  humana digna, esto es,  sin servicios públicos, no puede vivirse en la sociedad contemporánea y si se vive,  la calidad de la vida se hace tan precaria, que pueden considerarse que su ausencia afecta de manera sustancial los derechos humanos, de allí que se hayan consagrado como tales,  en el protocolo de San Salvador que se integra como  parte  adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hacen parte del orden jurídico Colombiano, según lo establece la Ley 319 de 1996.  


Puede afirmarse que: “el acceso a los servicios públicos básicos constituye un derecho humano”, que deben proteger las autoridades y que es susceptible de protección judicial, por la vía de tutela,  en caso de no ser garantizados por las empresas o por las autoridades administrativas.


Por su condición especial todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos básicos, es por ello, que en desarrollo de principios de solidaridad social la constitución garantiza  el acceso gratuito a servicios como la educación básica primaria [artículo 67 de la CP] y a la seguridad social en salud,  [Artículo 49 de la CP], y que en el caso de los domiciliarios, no tienen  como contraprestación un “precio”,  sino,  una tarifa solidaria y redistributiva  [Artículo 376 de la CP].


En el caso de los servicios domiciliarios, no se puede constitucionalmente condicionar su prestación al pago del “precio económico”, pues,  la propia Carta establece el deber de que se asocien a tarifas,  que además de estar referidas a los costos, deben contener factores de solidaridad y redistribución de ingresos, también  este tipo de servicios pueden ser subsidiados con cargo al  presupuesto estatal,   en los términos del artículo 368 de la Constitución.


De lo afirmado se deduce la necesidad urgente de que se adopten medidas legislativas, sobre asignación de recursos suficientes  que garanticen que todas las personas pueden acceder a los servicios públicos, procurando con ello que las empresas no pierdan viabilidad económica o que el sector se torne en insostenible.


Lo paradójico de todo, es que no ha sido la Ley, la que  ha salido en defensa de la universalidad de los servicios y la protección de los usuarios, no, son los jueces y sólo los jueces a quienes se le ha dejado la misión de cumplir con esta tarea. 


1Docente y  Asesor