Editorial

Tiempo para pensar en alternativas
14 de Agosto de 2014


El debate necesario en este momento es sobre la conveniencia, o no, de que el Estado se convierta en financiador de concesionarios privados y para ello sacrifique un bien público que atiende la demanda de energía y obtiene utilidades que se irrigan a las regiones.

En atención a las peticiones de los proponentes, según el ministro de Hacienda; por razones de mercado, según algunos analistas; o políticas, según voceros de los partidos opuestos a la iniciativa, el Gobierno Nacional anunció el martes que suspende hasta por un año el  proceso de subasta del 57,61 % de sus acciones en Isagén. Aunque la decisión evitó el debate citado por las bancadas Liberal, del Centro Democrático y el Polo Democrático, ella no impone silencio en la discusión sobre el futuro de la generadora de energía y el apalancamiento de la recién creada Financiera de Desarrollo Nacional.


Los ministros responsables de ese proceso de enajenación -Mauricio Cárdenas Santamaría y Tomás González Estrada- insistieron en la tesis que justifica la venta en la necesidad de obtener recursos que permitan financiar a los concesionarios de las autopistas 4G. Cuando, a diferencia de su antecesor, Amylkar Acosta (quien optó por no pronunicarse al respecto, dado su abierto rechazo a la venta de Isagén antes de ser nombrado ministro), el ministro González Estrada pide sopesar el activo Isagén con “la rentabilidad en términos de competitividad, generación de empleo y progreso que también traen las autopistas que se van a financiar con estos recursos”, se une a su colega de Hacienda, al vocero de Anif y a analistas de Fedesarrollo, para insistir en una propuesta que se cierra en una opción. Para ellos, la suspensión solo se justifica en la medida en que facilitaría la participación del mayor número de oferentes posible, incluyendo a la Empresa de Energía de Bogotá.


Si la meta de vender Isagén, mal negocio por razones económicas y estratégicas -lo venimos diciendo desde el 4 de agosto de 2013, cuando se conoció la decisión del Gobierno-, es apalancar la recién creada Financiera de Desarrollo Nacional, para que apoye la construcción de las vías 4G (o sea a los consorcios privados que ganen la concesión), el debate necesario en este momento no es sobre la evidente inconveniencia de vender este ahorro de generaciones de colombianos como sueño de futuro a inversionistas sin responsabilidad territorial, ambiental o social, sino sobre la conveniencia, o no, de que el Estado se convierta en financiador de concesionarios privados y para ello sacrifique un bien público que atiende la demanda de energía y obtiene utilidades que se irrigan a las regiones en generación confiable y a través de las electrificadoras accionistas de Isagén (Epm y Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá), para dirigir esos recursos a un ente centralizado que solo daría réditos al Gobierno Nacional.


La Financiera de Desarrollo Nacional surgió de la transformación de la Financiera Eléctrica Nacional en una compañía de financiamiento dirigida a “promover, financiar y apoyar empresas o proyectos de inversión en todos los sectores de la economía y ejecutar las actividades requeridas para la promoción de los mismos entre los inversionistas nacionales o extranjeros”. A finales de 2011 y durante todo 2012 suplicamos al Ministerio de Hacienda y el Banco de la República que intervinieran para frenar la estrepitosa pérdida de valor del dólar, que tanto daño hizo a los exportadores y al empleo, lo que podían hacer monetizando la deuda externa, opción desestimada por miedo a causar presiones inflacionarias. La operación de pago al exterior habría aliviado la fuerte carga de pago de deuda externa en el proyecto de presupuesto 2015 y, de paso, habría dejado un campo de asociación con entidades internacionales para dar respaldo económico a los concesionarios y recibir retribución.


Con la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Amoyá, Isagén creció sus ingresos operacionales en 13 % durante el primer semestre de este año, y las utilidades en 5 %. Factores sociales han perturbado el llenado de Hidrosogamoso, sin embargo, su operación garantizará el crecimiento de la rentabilidad y las utilidades de una empresa que, en manos privadas o públicas, destinará parte de sus ingresos a reserva para inversión –así lo hacen la EEB y EPM- y entregará recursos importantes para el desarrollo del Estado, como lo hace Empresas Públicas de Medellín con la ciudad de Medellín y ha comenzado a  hacerlo con el departamento de Antioquia, y como lo hace con parte de sus ingresos la Empresa de Energía de Bogotá. En vez de despreciar la rentabilidad de la generadora, el doctor González Estrada podría impulsar su crecimiento –como es su misión- y el destino de esas utilidades a la ampliación de la red vial de alta capacidad, tan necesaria para la industria como la energía confiable. La mesa está servida y los comensales dispuestos para que el Senado retome el debate silenciado y no olvide esta prioridad del país.