Editorial

Lo inaceptable
31 de Julio de 2014


Confiaron en la palabra del Gobierno Nacional y aspiraron a la seriedad de los convocantes de los foros de v韈timas, como garant韆s de recibir justicia; el pa韘 conf韔 en que habr韆 verdad. Hoy hay sombras.

Ayer, al término de un consejo de seguridad en Buenaventura, el presidente Santos notificó a la guerrilla de las Farc que el país no soporta sus reiteradas acciones terroristas contra la infraestructura energética (petrolera y eléctrica) porque “van contra la manifestada voluntad de paz”. Hubo gran despliegue mediático a esa declaración. Como lo hizo lunes y martes, el gobernante eludió referirse a la diatriba de Rodrigo León Jiménez, alias “Timochenko”, a propósito de las exigencias de reconocimiento y petición de perdón a las víctimas. Como el presidente, los voceros del Gobierno en la Mesa de La Habana, los líderes de opinión y los grandes medios de comunicación han eludido divulgar y analizar un documento revelador del lugar y las intenciones de los interlocutores en la mesa de conversaciones de La Habana, tal como lo han sido los acuerdos divulgados en los tres puntos ya discutidos.


Al anunciarle al país que “somos guerrilleros colombianos, militantes activos de una organización revolucionaria que recién cumplió cincuenta años de lucha invencible. Nos sentimos orgullosos de ello, no nos arrepentimos ni siquiera por un instante de lo hecho. Y jamás vamos a hacerlo”, Timochenko renuncia a asumir responsabilidades frente a las víctimas, y lo hace en tanto se siente habilitado para actuar como arrogante líder de un ejército que avanza vitoreado por la población y que cuenta con las condiciones militares para someter a su contraparte, o sea al Estado. Lo hace porque, como temimos el pasado enero, las Farc han conseguido la mansedumbre de quienes ya no las ven como grupo terrorista al margen de la ley con quien se negocia su retorno a la legalidad, ni como contraparte habilitada sino que las aceptan como interlocutor legítimo. Habiendo alcanzado ese logro, escribe buscando que se le permita actuar como juez que puede definir que en Colombia hubo un “régimen del terror estatal” y someter a escarnio a la sociedad que no se le somete. 


Aunque razonablemente no habría condiciones éticas o políticas para doblegar a un Estado que tiene la legitimidad política, internacional y militar que le dan cincuenta millones de ciudadanos y sus aliados internacionales frente a la guerrilla que estaba prácticamente derrotada en lo militar y vencida en los argumentos, los equívocos en el proceso de conversaciones y los quiebres, ojalá bienintencionados, frente a las víctimas, han abierto puertas para un documento revelador del deseo de las Farc de declararse en “rebeldía” y eludir su responsabilidad de reconocer a sus víctimas, arrepentirse por el daño causado y demostrar que merecen el perdón que solo pueden brindarles los ofendidos y que abriría camino a la reconciliación y al posconflicto, si así lo quiere la guerrilla.


El silencio del presidente que el pasado 20 de julio compareció ante el Congreso a presentarse como el adalid por el reconocimiento a las víctimas y el garante de sus derechos, señalando que “queremos una paz con verdad”, no se recibe en La Habana: lo recogen los ancianos que recuerdan la emboscada de alias Tirofijo contra un bus de escalera en Inzá, Cauca, en 1965; los sobrevivientes a los ataques a Mitú o Dabeiba; los deudos de la masacre de Bojayá, de la de los diputados del Valle y de la de Mandé, Urrao. También lo reciben los colombianos de Tumaco que sufren homicidios, desplazamiento o guerra; los campesinos antioqueños que defienden a sus hijos del creciente reclutamiento forzado y los millones de colombianos, incluidos soldados y policías, que recorren los campos con el miedo de caer a un campo minado. Ellos confiaron en la palabra del Gobierno Nacional y aspiraron a la seriedad de los convocantes de los foros de víctimas, como garantías de recibir justicia; el país confío en que habría verdad. Hoy hay sombras.


La construcción del acuerdo sobre víctimas, el capítulo que con mayor fuerza se usó con fines electorales durante la negociación, es el de un acuerdo del Gobierno Nacional con las Farc para definir las condiciones y mecanismos de justicia transicional que el país generosamente les ofrecerá para iniciar la transición del conflicto a la reconciliación. No puede ser, porque traiciona el alcance de las conversaciones para el cese del conflicto armado con las Farc, una renegociación secreta de la Ley de Víctimas discutida y aprobada públicamente en el Congreso. Sí será, también, fundamento con el que mañana se negocien las condiciones de dejación de armas y de justicia con los grupos que hoy son responsables del 55 % de los 14.292 homicidios cometidos en 2013, año en el que 690 homicidios tuvieron origen en “razones sociopolíticas” y en el que “grupos armados al margen de la ley” cometieron 255 de esos asesinatos, según Medicina Legal.