Editorial

Improvisaciones
29 de Julio de 2014


Estos problemas seguirán con o sin reelección, a menos que se ajusten y perfeccionen las capacidades de control en las tres ramas del poder y el de la ciudadanía.

Ante los alcaldes que participan en el congreso de la Federación Colombiana de Municipios, al que fueron invitados delegados de las federaciones de diputados y concejales, el presidente Juan Manuel Santos reiteró su propuesta para que se derogue la figura de la reelección del presidente de la República y se amplíen, no es claro aún si a cinco o a seis años, los períodos de alcaldes y gobernadores. Las primeras noticias referían, como era esperable, la aceptación de los potenciales beneficiarios de una acción que salva el desinterés del Congreso por tramitar iniciativas de reelección de alcaldes y gobernadores.


En los cinco meses transcurridos desde el pasado febrero, cuando el doctor Santos lanzó su propuesta ante los alcaldes, han tomado fuerza los argumentos utilizados para defenderla y algunos incluso parecen haberse convertido en lugar común indiscutible. Se afirma, como él lo dijo en la instalación del Congreso, que la reelección arrasó con el sistema de pesos y contrapesos o que su instauración concentró el poder en la Presidencia de la República. ¡Ni tanto honor, ni tanta indignidad!


Sin desconocer el riesgo que representa la reelección (inmediata y por una sola vez) para el sistema de controles republicanos, lo que verdaderamente falló es la Ley de Garantías, que descuidó reglamentar adecuadamente la participación en política de los funcionarios públicos, definir el uso de recursos públicos en campaña y vigilar la financiación privada. Pero aún reconociendo lo anterior, es temerario atribuirles la desinstitucionalización de los partidos políticos, la corrupción a los electores, la politización de los órganos judiciales y de control o la falta de independencia de los medios masivos de comunicación frente a los gobiernos de turno, evidenciada especialmente en la campaña de 2014. Estos problemas seguirán con o sin reelección, a menos que se ajusten y perfeccionen las capacidades de control en las tres ramas del poder y el de la ciudadanía.


La figura de la reelección inmediata del presidente de la República es joven en el constitucionalismo colombiano, al menos en el moderno, y a nuestro parecer, sus efectos positivos o negativos en nuestro sistema democrático no permiten conclusiones definitivas. Aprobada en 2004, se ha producido en dos ocasiones, y en ninguna de ellas podría decirse que su abuso fue el factor decisor. El doctor Álvaro Uribe había ganado la Presidencia ofreciendo mayor seguridad a la ciudadanía; los logros de su primer cuatrienio fueron suficientes para que el electorado le renovara la confianza para profundizarlos, con resultados que el mundo aplaudió y Colombia premió en popularidad. Por su parte, el doctor Santos se hizo elegir ofreciendo continuar la política de seguridad democrática; su viraje lo llevó a construir nuevas alianzas, bien a la izquierda de su primera postura, y con su propuesta de paz, alcanzó su reelección, el pasado 25 de junio. Vista así, la reelección tiene como principal virtud ser un mecanismo de evaluación de resultados, que permita al electorado ratificar una forma de gobierno que pueda consolidar sus acciones con otros cuatro años de trabajo liderados por el mismo capitán.


Como alternativa contra la reelección, el presidente Santos, y con él algunos de los partidos que lo acompañaron en su campaña reeleccionista, plantean la ampliación del período del presidente y el de los alcaldes y gobernadores, para unificarlos. Hay una grave falla conceptual al considerar la reelección como una simple extensión del período de gobierno: esta figura no fue concebida para darle “una segunda oportunidad” a un gobierno que en cuatro años no ha demostrado eficiencia y capacidad suficientes, basándose en que ese tiempo es corto para hacer una buena gestión. Un cuatrienio es más que suficiente para demostrar capacidades o no, y en ese caso, la oposición debe cumplir con su papel de hacer notorios los fallos del Gobierno, para así lograr un relevo oportuno y obtener el mandato popular. Por ello es mejor la opción de evaluación a los cuatro años que la extensión automática a cinco o seis. 


Ahora, si de crear un nuevo “equilibrio de poderes” se trata, no queda claro cómo el esquema propuesto por el presidente Santos pueda realizarse sin modificar los períodos del Congreso, las corporaciones administrativas municipales y departamentales, los órganos de control y las altas cortes; además de los sistemas de elección de magistrados de las altas cortes y cabezas de órganos de control. ¿Será que seguimos buscando la fiebre en las sábanas?