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Olga Patricia Rendón Marulanda
economia@elmundo.com
Twitter: @olgarendonm
Cerca de 800.000 trabajadores del sector público se vieron beneficiados por la concreción de un acuerdo sindical durante el 2013, hecho histórico que se resalta en el balance de la negociación colectiva del año pasado, realizado por Héctor Vásquez Fernández, analista de la Escuela Nacional Sindical (ENS).
Durante el 2013 se firmaron cerca de 200 acuerdos colectivos que permitieron a los sindicatos del sector público adoptar un pliego unificado, facilitando la presencia de sindicatos de segundo y tercer nivel en la negociación colectiva y la negociación de contenidos como elementos salariales y algunas normas en la carrera administrativa.
Según Vásquez Fernández, la imposición de pactos colectivos es una estrategia antisindical, ya que este es superior a la convención colectiva negociada entre la empresa y el sindicato, lo que promueve el retiro de asociados, ya que “para qué estar afiliado al sindicato si los beneficios son exactamente iguales, y no me toca pagar cuota sindical”, viéndose afectado así el carácter mayoritario de las organizaciones.
Aunque la ENS considera marginal la participación de las convenciones colectivas, estas representan un 25,9 %, mientras que los pactos colectivos participan en un 7,8 % del total de negociaciones.
“En el 20 % de las empresas que en 2013 adoptaron pactos colectivos, simultáneamente se negociaba una convención colectiva por parte de un sindicato. En este contexto es muy difícil que prosperen los sindicatos, pues a los afiliados a estos se les acosa y discrimina”, precisó el analista.
Alan Ramírez, representante de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), también ve positivo el paso que está dando el sector público al negociar con sus trabajadores organizados, así mismo considera que “el Ministerio del Trabajo debe exigir a las empresas que se sienten a negociar, debe dejar de ser pasivo con los pactos colectivos donde el patrono dice: ‘Tengo esto y ya’”; pero también reconoce que los sindicatos deben pensar en no descapitalizar a la empresa ni en demeritar la labor sino en negociar para mejorar las condiciones.
Ramírez aseguró, además, que “hay que prestarle especial cuidado al sector privado, para que se consigan las cosas que se están logrando en el sector público”.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) entrega anualmente el Índice Global de los Derechos, para este periodo se evaluaron 139 países entre abril del 2013 y marzo de 2014, este escalafón ubica a Colombia entre los 33 peores países para trabajar, etiquetándolo como con “derechos no garantizados”.
Los principales criterios de la CSI son establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como libertad sindical, negociación colectiva y huelga.
En el primer lugar se encuentra Dinamarca, calificada como modelo perfecto.