Editorial


En una democracia sin partidos
14 de Mayo de 2014


La bien intencionada reforma política de 2010 se quedó corta en el propósito de reorganización de la política, paso que necesariamente tiene que anteceder la reinstitucionalización de los órganos judiciales y de control como árbitros.

Ayer, martes 13 de mayo de la Virgen de Fátima, Colombia vivió un típico día de elecciones posConstitución del 91. Quienes tienen memoria lo saben bien. A las 8 de la mañana, el expresidente Álvaro Uribe, exliberal samperista, recusó al fiscal Eduardo Montealegre, afín al liberalismo, por anunciar medidas que afectarían la campaña que protagoniza a través del economista Óscar Iván Zuluaga, otrora conservador. Una hora más tarde se publicó la adhesión de los progresistas de Gustavo Petro a la campaña del presidente-candidato, con quien se habían enfrentado por la destitución-restitución del alcalde de Bogotá, crisis en receso por decisión del Consejo de Estado, que le otorgó medidas cautelares. En la tarde, el Consejo Nacional Electoral autorizó a los conservadores santistas a abandonar a la candidata de su partido, doctora Martha Lucía Ramírez, para acompañar la reelección del presidente.


 


La campaña presidencial colombiana ha entrado en su etapa final, y este es el momento en que se hace más evidente el inmenso mal que nos aqueja desde cuando, arropados por la bandera del populismo que portaron los constituyentes del M19 y fácilmente adoptaron los doctores Álvaro Gómez, que cargaba viejos resentimientos con una democracia que nunca le concedió la dignidad presidencial que buscó, y Horacio Serpa, siempre cercano a coqueteos románticos, los constituyentes del 91 concibieron una serie de normas de “apertura política” que parecían tener la buena intención de ampliar el bipartidismo para formar un abanico amplio con tantos partidos como ideologías representables. Esta aspiración hizo soñar a muchos con una Colombia plural y profundamente democrática; sin embargo, dentro del articulado quedaban consideraciones que ampararon la aparición de grupos caudillistas que se mueven, o fundan, movimientos y hasta partidos, en los que permanecen mientras puedan realizar sus ambiciones, o que arman coaliciones en las que los aspirantes terminan poniéndose por encima de las ideologías, las reglas y las autoridades partidistas. 


 


La multiplicación de los llamados “partidos de garaje”, la mayoría de los cuales tuvo su lógico fin, logró minar el papel de los partidos como organizaciones representativas de ciudadanos que comparten una ideología, por lo general más amplia de lo que muchos quisieran pero no tanto como para perder identidad, y aceptan reglas y autoridades que medien sus ambiciones y conflictos personales. Sin partidos políticos fuertes ni líderes que conozcan y defiendan sus principios, hoy la política en Colombia, más que dinámica, es un verdadero sainete de personalismos.


 


El actual capítulo de acusaciones-deserciones-judicializaciones, y que incluye actuaciones parcializadas de las cabezas de los órganos de justicia y control, actuando a título personal, reedita viejas historias pendientes de solución, algunas con muchos de los protagonistas actuales, aunque realineados. En 1997, momento cumbre del proceso 8.000, el doctor Jaime Bernal Cuéllar era procurador, dignidad en la que lo acompañaba, como viceprocurador, el doctor Eduardo Montealegre, quien como tal, fue uno de los bastiones de la protección del presidente de la República, doctor Ernesto Samper, que enfrentaba las acusaciones del pastranismo y el gavirismo, que usaban la Fiscalía, en cabeza del doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, y los principales medios de comunicación nacionales, para combatir al Gobierno. 


 


El irresoluto capítulo del 8.000 es fantasma que amenaza revivir por sí mismo o a través de reediciones con libretos que siguen minimizando el papel de los partidos políticos -el Polo y el Conservador ven desdibujarse a sus luchadoras candidatas- para aumentar el protagonismo de líderes temporales capaces de tomar banderas, armar cuadras y espadachines que pelean por sus jefes en batallas que parecen causas por su intensidad, pero no logran serlo por su falta de profundidad o su perdurabilidad. 


 


El enfrentamiento de personas y la progresiva desaparición de los partidos políticos del momento electoral más importante del proceso que corre, es la más fuerte evidencia de que la bien intencionada reforma política de 2010 se quedó corta en el propósito de reorganización de la política, paso que necesariamente tiene que anteceder la reinstitucionalización de los órganos judiciales y de control como árbitros en la disputa electoral, no como garrote que la camarilla que los detenta puede usar contra sus adversarios.