Columnistas


El valor pedagógico de las columnas
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
25 de Abril de 2014


Bajo la misma orientación del periódico EL MUNDO, definida en el lema: “educar mientras se informa”, en materia de servicios públicos podría afirmarse que cuando se opina también se informa...

Bajo la misma orientación del periódico  EL MUNDO,  definida en el lema: “educar mientras se informa”, en materia de servicios públicos  podría afirmarse que cuando se opina también se informa, pues en la mayoría de casos, la opinión involucra compartir un conocimiento que aunque está al alcance de la mano de todos, muchas veces no ha tenido la difusión suficiente.


El hecho de que los servicios públicos históricamente se hayan tenido como el ejercicio de una función pública monopólica a cargo del Estado, había generado la errada convicción de que su prestación constituye un acto de beneficencia o de generosidad del Estado con los ciudadanos y más aun con  la captura política  del Estado, se había  convertido la prestación de estos servicios en un acto de clientelismo político; pero el asunto no es así, se trata de un derecho que encuentra su ambiente propio en las clausulas de “Estado Social de Derecho” y que como tal, la ley debe reglamentarlo y el Gobierno darle ejecución.  


Tal vez por el hecho de que en servicios públicos existe una evidente relación de desigualdad entre el proveedor de los servicios y sus usuarios, y la circunstancia de  que en muchos casos se presten en forma monopólica o por muy pocos proveedores, ha llevado a que en la práctica  se registren abusos de la posición dominante y se desconozcan casi totalmente los derechos de las personas que se sirven de bien objeto del servicio.


En modelos jurídicos como el colombiano,  la existencia de servicios públicos evidencia que existen actividades que por su innegable contenido social,  y por estar asociadas a la satisfacer necesidades esenciales a un número significativo de ciudadanos, merecen la intervención del Estado,  no solo para proteger a los usuarios, sino,  para promover y fomentar la universalización de los mismos.


La vigencia o no de la teoría del servicio público en Colombia, no es un asunto de menor importancia, pues cuando resulta  eliminado el concepto “servicio público”, actividades como el suministro del agua, la energía, el gas, la salud y la educación  se convierten en actividades económicas ordinarias,  y  pierde parte sustancial de su razón  de ser el Estado.


Son muchos  los temas que merecen ser compartidos con los usuarios de servicios públicos que ameritarían ser tratados en columnas específicas cada uno de ellos, pero en una síntesis  sobre los tres  más relevantes podrían resaltarse las siguientes: 


En primer lugar, en desarrollo del derecho fundamental de petición,  todos los usuarios de servicios públicos domiciliarios y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,  pueden presentar peticiones, quejas y recursos y que las mismas sean contentadas de manera oportuna, clara y completa, pues de lo contrario, opera el silencio administrativo positivo  a favor del peticionario o en otros términos,  se reconoce a su favor el derecho reclamado.  El derecho de petición que antes se entendió que solo procedía frente a las entidades del Estado, ha ampliado su ámbito de aplicación y leyes como la 142, la 1341 y 1437 ya reglamentan este derecho,  aún frente a entidades privadas.  


En segundo lugar, todos los ciudadanos deberíamos saber que los  prestadores de servicios públicos domiciliarios  no pueden suspender la prestación de los servicios, hasta tanto no se notifique al usuario de la medida que así lo decida;  ello de acuerdo con lo prescrito en el artículo 29 de la Constitución,  que obliga que en todo tipo de actuación administrativa, y esta lo es, se garantice en forma plena y previa, el cumplimiento del debido proceso.  Aunque es clara la doctrina constitucional en esta materia, lo que no es tan claro es que todas las Empresas estén en la vía de acatarla.


En tercer lugar, en desarrollo de principios de solidaridad y deber de servicio Universal, a los usuarios con derechos constitucionales protegidos, tales como son los menores, personas con limitaciones físicas y personas de la tercera edad  cuando no tienen capacidad de pago,  tienen derecho a acceder al mínimo vital en servicios públicos, sí con su suspensión se les afectan derechos como el de sobrellevar una vida digna.


 En la conmemoración de los 35 años  de circulación del periódico   es pertinente que desde sus páginas  se haga pedagogía del derecho y se den luces a los usuarios  de servicios públicos, para que ellos sepan que deben ser objeto de  un trato humano y así lo hagan valer.


*Docente y asesor.