Columnistas

Inequidad legalizada
Autor: Rodrigo Pareja
15 de Abril de 2014


Aunque la tan llevada y traída Constitución del 91 señala expresamente en su artículo 13 que todos los colombianos son “iguales ante la ley”, este y todos los gobiernos anteriores,  desde que entró en vigencia la perversa Ley 100...

Aunque la tan llevada y traída Constitución del 91 señala expresamente en su artículo 13 que todos los colombianos son “iguales ante la ley”, este y todos los gobiernos anteriores,  desde que entró en vigencia la perversa Ley 100, violan en forma flagrante la Carta Magna y se la pasan por donde sabemos.


Para mayor claridad y documentación de los lectores, a continuación van dos textos que hacen relación al asunto abordado:


Artículo 13 de la Constitución del 91: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.


Por su parte, el artículo 14 de la nefasta Ley 100, dice sobre el reajuste de pensiones: “Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el Dane para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno”.


Con base en esta última disposición, posterior y de menor categoría de la que consagra la igualdad de los colombianos ante la ley, el actual y los anteriores gobiernos tratan injusta y discriminadamente a los ciudadanos que tienen una asignación de $617.000 o más.


¿Por qué? Sencillamente porque si el IPC -Índice de precios al consumidor– es, digamos, del 2.4% y el reajuste general del mínimo es del 4.5%, a aquellos que tengan pensión superior al mínimo apenas se les reajusta su mesada mensual a la par del IPC.


Como el mínimo para este año 2014 quedó en $616.000 (seiscientos dieciséis mil pesos) el gobierno asume que quien devengue un peso más de esa suma no tiene derecho al aumento total que se decrete para todos los trabajadores.


Con esa teoría, para el gobierno es igual el que gana $22 millones de pesos, congresistas, magistrados y otros privilegiados, que aquel cuya pensión fluctúa entre uno, dos, tres o cuatro salarios mínimos, como si a éste no lo afectaran las alzas simultáneas que año por año se dan cada vez que se reajusta el mínimo.


Es más, los que devengan hasta $616.000 pesos tiene un subsidio de transporte del cual carecen aquellos que sobrepasan ese tope, como si en la realidad estos viajaran por el aire y no los afectaran de igual manera las alzas en ese servicio.


El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, dijo en Medellín que en la reforma a la salud que se tramita en el Congreso hay una norma que trata de modular, de acuerdo con el monto, el aporte del pensionado al rubro de la salud, por el cual responde ahora con un 12% al asumir, injustamente, el 8% que antes cubría el empleador.


 El constitucionalista, Clímaco Giraldo, explicó a Entretelones que el artículo 14 de la perniciosa Ley 100 fue demandado pero la Corte lo declaró exequible, lo que en buen romance equivale a decir que con un artículo se varió en lo sustancial una norma de la Carta Magna, su artículo 13 que consagra la igualdad antela ley.


Esas cosas no pasan si no en Colombia donde hay dos clases de pensionados: los que reciben hasta $616 mil pesos mensuales, y los que ganan desde $617 mil hasta $20 o $25 millones, que para el gobierno son iguales. ¿No podría pensarse también en alguna modulación que haga menos injusta la situación de miles de pensionados?