Editorial

Dijeron que duraría meses
2 de Abril de 2014


El 4 de septiembre de 2012, en alocución televisada, el presidente Santos confirmó que su Gobierno había suscrito el “acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”...

El 4 de septiembre de 2012, en alocución televisada, el presidente Santos confirmó que su Gobierno había suscrito el “acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que daba inicio a un proceso formal de conversaciones con las Farc en torno a seis puntos acordados previamente: “política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación”. En esa intervención, el primer mandatario anunció que “las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado, se medirán en meses no en años”. 


Dos semanas después, en entrevista a la página web del Partido Comunista, el guerrillero alias Timochenko contradijo al mandatario indicando que “se concertó no poner fechas fatales, ni siquiera la palabra meses”. No obstante el despliegue a la mentada entrevista, el entusiasmo con las conversaciones dejó pasar por alto la notificación de una guerrilla que no se ha sentido obligada, como sí lo estuvieron las demás que han participado en procesos de paz, a hacerse confiable por la opinión pública. 


En los dieciséis meses desde el inicio de negociaciones en Oslo en octubre de 2012, las partes lograron acuerdos parciales (pues “nada está acordado hasta que todo esté acordado”) en los dos primeros puntos, adelantaron el tema de drogas y aplazaron discutir el fin del conflicto. Durante los últimos cuatro meses y 24 días han trabajado en el tema de “drogas ilícitas”, sin que todavía anuncien al menos acuerdos parciales, como los que hicieron, después de cinco meses, respectivamente, en política agraria y participación política.


En este tiempo, mucho ha cambiado. Después de insistir en la importancia de tener el acuerdo en seis meses, en un año... el presidente Santos ha renunciado al compromiso de los plazos indicando, según recientes declaraciones a Caracol radio, que “arreglar un problema de 50 años en 50 semanas es bien difícil” y ofreciendo continuidad de la negociación, porque “estoy empeñado en terminar esta guerra en una mesa de negociación... el proceso de paz es lo más importante”.


Mientras siguen dando largas a la negociación -¿acaso con el fin de agotar la paciencia o hacer indiferente al pueblo colombiano y recibir a cambio todo cuanto no puede obtener en las urnas?- las Farc insisten en combinar todas las formas de lucha sentando a algunos de los suyos en la mesa política y dejando a muchos otros a cargo de atentados terroristas como los cometidos en los parques principales de Inzá y Pradera; el atroz asesinato de dos policías en Tumaco, los daños a la infraestructura vial o el permanente acoso a la población indígena en Toribío. La sucesión de crímenes de lesa humanidad, según los convenios de Ginebra y el Estatuto Penal Internacional, no asusta a expertos como el politólogo y profesor de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, quien señaló que esos actos, como las elecciones, “es muy poco lo que inciden en la mesa de diálogo. Si así fuera, sería terrible porque en este país todos los días pasan cosas”. El país exige una más sensata interpretación, pues están en juego vidas humanas y esta calma crea condiciones para que se acepten plazos ilimitados, solo útiles a las Farc.


Aprovechando esta “operación tortuga”, las Farc siguen haciendo lances que buscan meter temas por la puerta de atrás a una agenda que no los incluyó inicialmente. Ejemplo de ellos son  la propuesta de una asamblea constituyente instituida con privilegios especiales para las Farc y bajo la condición de que puede refundar la institucionalidad colombiana, en especial la de la justicia, y la de una comisión de la verdad ideada a última hora como mecanismo para poner en iguales condiciones al Estado y a la guerrilla. Imposición cuando menos exótica considerando que en los 50  años de guerra de las Farc contra el país, las instituciones colombianas han estado sometidas a los controles constitucionales y a los bienvenidos que ejercen los organismos y ONG instituidos por la comunidad internacional para vigilar y garantizar el respeto por los Derechos Humanos. Referendo y Marco Jurídico para la paz fueron condiciones que la democracia aceptó con la esperanza de conseguir el fin de la confrontación armada con las Farc, respetarlas es lo que el Gobierno debe entregar como contraprestación a esa generosa confianza recibida.