Nacional

UNP (National Unit for Protection) removes protection measures from Human Rights leaders
UNP retira medidas de protección a líderes de DD.HH.
Autor: Carolina Zuluaga Hoyos
24 de Marzo de 2014


Los líderes de derechos humanos en Medellín continúan manifestando su inconformidad frente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) por la reducción progresiva de los esquemas de seguridad, lo cual está limitando su labor como defensores.

La Unidad Nacional de Protección disminuyó esquemas de seguridad a Jaime Fajardo Landaeta,  exasesor de Paz en procesos con el Epl y Eln, a quien después de analizar su situación de riesgo, le fueron retirados un vehículo y un escolta. 


“Antes tenía dos muchachos desmovilizados como escoltas y un vehículo, pero el ministerio del Interior, a través de Andrés Villamizar, tomó la determinación sobre la base de un estudio que hicieron, de retirarme el vehículo y a  uno de los escoltas e integrar un policía que aún sigo esperando”, indicó Fajardo Landaeta. 


Por su parte, Carlos Contreras, líder de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, manifestó que los líderes siempre han mantenido un riesgo debido a su labor. Sin embargo, en los últimos tres meses esta situación se ha agudizado, ya que han recibido amenazas a causa de las denuncias que ha hecho la Mesa del Valle de Aburrá en casos como la muerte de un niño en el barrio Kennedy,  la denuncia de una construcción en El Pesebre, donde se estaba amenazando a la constructora, y el último caso presentado el 22 de febrero, donde asesinaron a un policía. 


“Pese a estos riesgos que enfrenta la Mesa de Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección ha venido desmontando los esquemas de seguridad a varios de nuestros líderes como Alejandrino Betancur, Jorge Carmona y varios dirigentes sindicales que también vienen haciendo denuncias”, indicó 


Al respecto, Rodrigo Ardila Vargas, personero municipal, dijo que desde la Personería de Medellín se había emitido un comunicado a la Unidad de Protección en Bogotá solicitando que reconsideren los esquemas de seguridad para todos aquellos defensores que de una u otra manera han sufrido amenazas, lo cual hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta. 


También afirmó que por parte de la  Unidad hay unos reparos, no solo desde la Personería de Medellín sino también en el ámbito nacional, por la lentitud que tienen en los procesos para entregar un balance frente al criterio de riesgo que tiene una persona. “Pedimos que agilicen los estudios que hace la Unidad para evaluar estos riesgos”.


Por su parte, Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, Unp, aclaró que la Unidad no es la que levanta los esquemas. La decisión la toma un comité que tiene participación de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, que es el que evalúa si se retiran los esquemas. 


“La seguridad se retira luego de hacer un estudio que demuestra que la persona ya no tiene riesgo, sin embargo,  muchas personas pretenden seguir con estos esquemas para toda la vida, pero la norma nos obliga a hacer una evaluación cada año y si el riesgo ha disminuido hay que retirar el esquema, no hay nada que hacer”. 


Asimismo, indicó que la Unp recibe al año 40.000 solicitudes, entre beneficiarios directos y entidades como las personerías municipales del país, y todos estos requerimientos son atendidos inmediatamente. “Las evaluaciones de riesgo toman, sin embargo, el plazo para dar una respuesta. que son 30 días hábiles, entre otras cosas porque para ello dependemos de información de terceros que muchas veces tardan en dar la respuesta”.


Caso Fajardo Landaeta


El director de la Unidad Nacional de Protección respondió que ante el caso de Jaime Fajardo Landaeta, la situación cambia debido a que él se presenta como servidor público de la Alcaldía de Medellín, y los analistas notificaron que su riesgo actual es por su carácter de funcionario público y la labor que adelanta en los barrios, lo cual es responsabilidad de la Policía.


“Al señor Fajardo Landaeta se le mantuvo un escolta de la Unidad y un escolta adicional de la Policía, por lo tanto no es entendible la molestia de él, y si él no ha recibido el policía es un tema que le compete directamente a ellos”, afirmó. 


También aclaró que el decreto de protección establece que cuando por motivos de cargo el funcionario tiene riesgo, le corresponde a la entidad a la que pertenece brindar los medios de apoyo logístico, por lo tanto el carro lo debe poner la Alcaldía de Medellín no la UNP. 


“Nosotros ya cumplimos con el tema de oficiar a la Policía para que le brinde seguridad, sin embargo, él ha pedido que su caso sea evaluado. Por lo pronto hay que llevar el caso y esperar que el comité lo analice para ver si ratifican o modifican esta decisión”.



¿Qué hace la UNP?

La Unidad Nacional de Protección (UNP) articula, coordina y ejecuta la prestación del servicio de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, tal como lo establece el Decreto 4912 del 26 de diciembre de 2011.