Columnistas

Un da駉 irreparable
Autor: Jorge Arango Mej韆
23 de Marzo de 2014


Ha terminado el espect醕ulo del alcalde Petro aferrado a su puesto, sin importarle abusar torpemente de acciones jur韉icas que se establecieron para otros fines, no para desconocer el orden jur韉ico.

En Twitter: zipa36@yahoo.com


Ha terminado el espectáculo del alcalde Petro aferrado a su puesto, sin importarle abusar torpemente de acciones jurídicas que se establecieron para otros fines, no para desconocer el orden jurídico. Este episodio hay que analizarlo en sus verdaderas proporciones: no se le puede restar importancia y seguir tranquilos porque ya pasó, o como si nada hubiera pasado.


Lo primero que se debe condenar es el abuso de la acción de tutela. Eso de las trescientas o cuatrocientas demandas obedeció a una torpe estrategia que no consiguió nada diferente al desprestigio de la misma acción. Quienes la pusieron en práctica sabían que contra la decisión del Procurador, solo era posible entablar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa.


Y más lamentable es que en esa conjura contra la  justicia hayan participado algunos que sabían que ese no era el camino señalado por la ley; que tenían que saberlo, porque habían estado en la Corte Constitucional, en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía General de la Nación.


Acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando aún faltaba la decisión de segunda instancia en los procesos de tutela que erróneamente habían escogido. Y cuando -hay que insistir-  estaba abierta la puerta de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque no confiaban en la justicia colombiana a cuyo servicio alguna vez dijeron estar.


Actuó bien el presidente Santos. Reconocer la inexistente autoridad que ignoró el orden jurídico de Colombia, habría sido inaceptable. De la noche a la mañana no pueden unos señores, por importantes que se crean, tratar de imponer su voluntad  para hacer a un lado los procedimientos legales que existen en Colombia. Aquí hay un Estado de Derecho, imperfecto, como toda obra humana, pero respetable.


Pero lo que más llama la atención es la inusitada celeridad de la Comisión. Conmovida por los lamentos de un empleado que se agarraba a su puesto como el náufrago a la tabla, obró sin reflexión, sin conocer ni analizar el sistema jurídico  que nos rige. Y trabajó hasta altas horas de la noche. Contrasta esa prisa incontrolable con la inexcusable lentitud con que ha procedido en casos en que está en juego el derecho a la libertad, tan respetable como el que se tiene a la vida o al honor. Hace más de dos años estoy defendiendo a Alberto Santofimio Botero, injustamente sentenciado a más de veinte años de prisión por un crimen que no cometió. Mis argumentos se han estrellado contra un infranqueable muro de silencio que rodea a la misma Comisión que ahora se ha rasgado sus vestiduras por la tragedia de un empleado que pierde su puesto.  En vano he pedido se me conceda una audiencia para exponer las razones que me han llevado a comprometerme en la defensa de este hombre. De aquí surge la pregunta: ¿a la Comisión le interesa más defender la  libertad,  o el puesto de un empleado destituido por faltas gravísimas?


Esa comedia que jamás ha debido ocurrir, ha causado daños irreparables: ha desprestigiado la acción de tutela; ha rebajado la administración de justicia, cuyos servidores se dejaron enredar durante más de tres meses. Pero, al menos, ha producido un buen efecto: ha mostrado en su exacta dimensión a unos personajes que, por arte de birlibirloque, alcanzaron altas dignidades que no merecieron, como lo demuestra su verdadera condición que ha quedado al descubierto.