Editorial

Compromiso nacional por Buenaventura
5 de Marzo de 2014


Son la oportunidad magn韋ica para que Colombia trate a esa ciudad del Valle del Cauca no como sede de una cumbre de presidentes sino como la capital de la Alianza del Pac韋ico.

Los inquietantes informes que en estos días ha emitido RCN Radio sobre la violencia que aterroriza a Buenaventura han vuelto a poner al país en alerta sobre la gravedad de la sevicia que adoptan organizaciones como la guerrilla y las bacrim cuando mezclan armas, ambición, tráfico de drogas, minería ilegal, tráfico de maderas preciosas, para conseguir sus propósitos de entronizarse en regiones descuidadas por el Estado, receptoras de desplazados del hambre y de esos grupos criminales, y aquejadas por la pobreza, la falta de oportunidades y la inequidad.


Las cifras y los hechos horrorizan, como en el pasado sucedió en Medellín, en Barranquilla y en Córdoba, y como en el futuro podría pasar en otras regiones donde confluyen la fuerte presencia de grupos ilegales y la debilidad estatal. Buenaventura duele porque cada dato o historia representa una vida colombiana sacrificada a la barbarie. En los 64 días corridos en 2013 han sido asesinadas 40 personas, el 0,12 % del total de una población de 369.753 habitantes, según cifras de la Gobernación del Valle del Cauca. Las autoridades no cuentan los miles de desaparecidos que son descuartizados y lanzados al mar; en cambio, sí incluyen a las 183 mujeres entre 20 y 24 años que han sido asesinadas en los últimos diez años, período en el que en el país murieron violentamente 13.312 féminas.


Puestos ante los horrores narrados por habitantes que el pasado 20 de febrero protagonizaron una marcha de setenta mil personas contra la violencia, las autoridades regionales, y hasta las nacionales, claman por acciones radicales con la falsa esperanza de conseguir soluciones inmediatas para una crisis de décadas en la que se mezclan las riquezas de origen ilegal, la debilidad de las instituciones públicas y sociales, y la fragilidad humana que confluyen en doloroso encuentro en esa ciudad. Es así como, con el diagnóstico de las autoridades de Cali sobre el aumento de muertes en esa capital y la angustia por una violencia que parece desenfrenada, el gobernador del Valle clamó por la militarización del Puerto, iniciativa que no parece tener futuro, según las reacciones que despertó en el alcalde municipal, doctor Bartolo Valencia, quien encontró apoyo en los líderes del Congreso para reclamar inversión social.


La información sobre las propuestas para Buenaventura pretende hacer creer que la presencia de la Fuerza Pública para controlar el crimen organizado es contradictoria con la de inversión social y económica para romper la ecuación de miseria, atraso, violencia y poca inversión que ha generado que el Índice de Desarrollo Humano en esa ciudad sea apenas del 6,1, cuando en el país se encuentra en 8,4; que solo el 7,4 % de la población acceda a educación superior, cuando el promedio nacional es 11,1 % y que el 80 % de los habitantes estén sumidos en la pobreza y no tengan grandes posibilidades de superarla, debido a fallas de calidad en la educación y a la inexistencia de opciones de empleo, en una ciudad en la que el desempleo asciende al 29 %, según datos de la Cámara de Comercio.


Estas realidades han sido analizadas en estudios como los que en los años 2006 y 2010 condujeron a que aprobaran el documento Conpes 3410, sobre “política de Estado para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura” y en 2010, el “Plan local de Empleo 2011-2015”, que lideran la agencia estadounidense Usaid, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Ministerio de Trabajo. Estos planes de acción coinciden en definir el fortalecimiento del Estado para que asuma el control del territorio, amplíe la cobertura de servicios públicos esenciales, y gestione mecanismos de fortalecimiento de la economía local, medidas complementarias que han de fortalecer la generación de nuevos empleos que deberán generar  la ampliación del actual Puerto y la construcción de los puertos de agua dulce, que tendrá inversiones filipinas, y el del Delta del río Dagua, que tiene estudios ambientales aprobados. 


En casi cien años, el Puerto de Buenaventura ha sido testigo del 55 % del comercio exterior de Colombia. La Alianza del Pacífico y los TLC con Estados Unidos y países del Pacífico Asiático son la oportunidad magnífica para que Colombia trate a esa ciudad del Valle del Cauca no como sede de una cumbre de presidentes sino como la capital de la Alianza del Pacífico y la base desde la cual se ha de generar desarrollo integral y sostenible para los países de la olvidada Costa Pacífica colombiana.