Editorial

Vac韔s de la reelecci髇
15 de Febrero de 2014


Con detractores y defensores, se trata de una reforma en firme a la que sin embargo no se le han hecho los necesarios ajustes a las leyes y el
funcionamiento del Estado para darle su plena aplicaci髇.


Con la instalación de los comités político y gerencial de la campaña del doctor Juan Manuel Santos, en actos realizados el lunes en la Fundación Buen Gobierno y ayer en la hacienda Hato Grande, se dio inicio formal a su  campaña para el período 2014-2018. Por segunda ocasión en nuestra historia reciente, el gobernante somete sus ejecutorias a evaluación, en ejercicio que contribuye a fortalecer las instituciones democráticas y consolidar la ciudadanía crítica, deliberante y participante.


Los actos de declaratoria de exequibilidad del Acto Legislativo 2 de 2004, que instauró la figura de la reelección presidencial, y aprobación de la Ley de Garantías Electorales, que la Corte Constitucional sugirió tramitar y que modificó como co-legisladora, estuvieron acompañados de importantes debates académicos sobre el impacto que la nueva institución traería al orden democrático presidencialista, que había hecho de la prohibición de la reelección presidencial, y de otros funcionarios del Ejecutivo, un icono de la transparencia política. 


Con detractores y defensores, se trata de una reforma en firme a la que sin embargo no se le han hecho los necesarios ajustes a las leyes y el funcionamiento del Estado para darle su plena aplicación, lo que debería ser consecuencia apenas obvia y muy deseable, para entre otras cosas, ser referente a la hora de volver a emprender el justo debate sobre la reelección de los gobernadores y alcaldes, cuyo grado de responsabilidad con la ciudadanía crecería al reconocer la posibilidad de someterse al inmediato, no al posterior que hoy se les permite, juicio de las urnas. Si se permite la reelección como derecho de gobernantes y ciudadanos en todos los niveles del Estado es posible conjurar el miedo a su abuso y abrir caminos para crear reglas de juego sobre participación en política, financiación de campañas, apertura en medios de comunicación y restricciones sobre la utilización de los recursos y bienes públicos para evitar abusos en tiempos de campaña. 


El inicio de la campaña estuvo marcado por el ¡otra vez! traumático “orden” al que se ven sometidos todos los niveles de gobierno obligados a respetar la Ley de Garantías, “norma improvisada y deficiente” como la calificamos en enero de 2005, cuando saltaron a la vista sus fallos en materia de administración pública. Es exagerado, y no garantiza transparencia, libertad o siquiera igualdad para los candidatos distintos al incumbente, que el Congreso y la Corte Constitucional, que actuó como co-legisladora, hayan limitado a situaciones extremas la suscripción de contratos, convenios o nombramientos. La contralora Sandra Morelli ha puesto su dedo en la llaga sobre una norma que apura contrataciones y decisiones o retrasa la acción de los mandatarios y que no puede garantizar que no haya uso de recursos públicos para la campaña del presidente, en caso de que los gobernantes locales lo acompañen, pues es claro que no todos lo harán.


Concluida la etapa de las carreras contractuales, llega la de las suspicacias, chismorreos y paparazzis de último momento que pretenderán encontrar a funcionarios públicos actuando en política. Ello en virtud de una antigua e hipócrita disposición que hace disciplinables a los miembros del Ejecutivo por el solo hecho de reunirse con candidatos, aunque los exime, en paradoja que habíamos destacado en la campaña reeleccionista del doctor Uribe Vélez, si el aspirante con el que se reúnen es el incumbente, que es su interlocutor natural. Esta violación del principio de igualdad de oportunidades a electores y candidatos es solo una de las debilidades y fragilidades de una norma cuya existencia se justifica para garantizar la igualdad y “aumentar la confianza pública en el proceso electoral”, valor que académicos como el investigador Hans A. von Spakovsky, de la Fundación Heritage, con sede en Washington D.C., consideran fundamental para el sistema democrático.


 


Capítulo aparte en esta discusión es el de financiación de las campañas electorales, tema al que los países más maduros le dan gran trascendencia mediante la fijación de muy claros límites a los tipos de personas, instituciones y organizaciones que pueden aportar recursos a las campañas, de normas sobre el acceso a la financiación estatal de las campañas y de garantías en el uso de los recursos públicos, en particular el espectro electromagnético, para garantizar la igualdad. A este y otros temas de gran importancia, como las garantías a la oposición, la seguridad de los candidatos y el uso de los medios de comunicación, habremos de referirnos a espacio en una próxima oportunidad.