Columnistas

Más protección a los usuarios en servicios públicos domiciliarios
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
14 de Febrero de 2014


Con el avance de instituciones propias del Estado Social de Derecho y la consolidación de la teoría del servicio público, cada vez es más claro que los usuarios de servicios públicos domiciliarios, deben recibir un tratamiento digno por parte de las empresas

Con el avance de instituciones propias del Estado Social de Derecho y la consolidación de la teoría del servicio público, cada vez es más claro  que los usuarios de servicios públicos domiciliarios, deben recibir un tratamiento digno por parte de las empresas,  y que dada la relación de poder que existente entre  la empresa y sus usuario,  estos los últimos deben tener una especial protección que impida los abusos de la posición dominante que tiene la empresa sobre ellos.


El hecho de permitir que los particulares presten servicios públicos y que en la gestión y producción del bien objeto del servicio  las empresas del Estado se sometan al derecho privado, ha llevado a que algunos lleguen a entender que lo que hizo la Constitución de 1991, fue convertir los servicios públicos  en mercancías y eliminar los fines sociales de  la intervención del Estado en esos servicios, para que sólo impere la libre competencia. Creo que se trata de conclusiones simplemente equivocadas.


La razón de ser de la teoría del servicio público se fundamenta en la solidaridad y está  asociada a la protección de los usuarios y al servicio universal, si se quitan estos dos referentes, nada los diferencia de mercancías y no valdría la pena someterlos a un régimen especial.


Es necesario que siempre se tenga en claro que la prestación de servicios públicos no puede asimilarse al suministro de “mercancías”,  en un mercado libre abierto a las reglas de la libre competencia y que tampoco se trata del desarrollo de funciones administrativas propias del Estado, en realidad son algo diferente y por eso los servicios públicos tienen identidad propia, en el caso Colombiano se someten a un régimen constitucional y legal especial, tal como acertadamente lo concluye la Corte Constitucional en la sentencia C-736-07


Es sorprendente ver como no obstante que la doctrina de la Corte Constitucional en relación con los derechos de los usuarios a que sus servicios públicos domiciliarios no sean suspendidos sin que previamente se les haya  notificado, en algunas empresas se mantiene la orientación de suspender el servicio, sin formula de juicio y sin notificación previa, con la sola advertencia de que en la factura se indica que si no se paga en una fecha específica,  el servicio será suspendido.


Con una especie de “paro” en la prestación del servicio, o de aplicación de la excepción de contrato no cumplido,  algunas empresas olvidan  que se ocupan de la prestación de servicios públicos y que en protección de la dignidad de los  usuarios, en caso de suspensión, los mismos deben ser oportuna y adecuadamente notificados de la razón por la cual se les suspende el servicio, para que adopten las medidas que sean necesarias para mitigar los efectos de unas decisión de semejante naturaleza.


Como en realidad no existen mecanismos de pedagogía ciudadana, o los que existes son insuficientes, las empresas pueden desconocer los contenidos de la doctrina de la Corte Constitucional y en la práctica incurrir en un abuso de su posición dominante, cuando, sin previamente notificar al usuario para que él argumente sus medios de defensa o tome las medidas del caso,  proceden a ejecutar, como vía de hecho la suspensión del servicio. 


Lo que sucede es que en el país debe reglamentarse un procedimiento para que en  estos casos, sin los rigores de una actuación administrativa plena, tal como aparece reglamentada en detalle en la ley 1437 de 2011, se dé oportunidades al usuario, para oponerse a la medida de suspensión y, entre otras cosas,  alegar cuando sea del caso, que por sus condiciones particulares él se encuentra en las circunstancias que le dan el derecho a que no se le suspenda el mínimo vital de acceso al servicio.


En la sentencia T-793-12, la Corte Constitucional en relación con la notificación de la suspensión del de servicio índica: “debe tratarse de un aviso previo adecuado. Por lo cual no basta con un aviso previo, si no satisface las exigencias antes mencionadas: si en el acto en el que está contenido no aparecen los motivos de la suspensión, ni los recursos que proceden en contra del acto de suspensión, ni ante qué autoridad pueden instaurarse estos últimos o en qué término pueden ser intentados, se viola el derecho al debido proceso. El sólo aviso previo de eventual suspensión, sin más especificaciones que contribuyan a asegurar el derecho a la defensa, no podría considerarse por sí solo como una notificación en debida forma,…”


*Docente y asesor