Columnistas

Usuarios y solidaridad el n鷆leo de la teor韆 del servicio p鷅lico
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
24 de Enero de 2014


Mientras para algunos el n鷆leo de la teor韆 del servicio p鷅lico, radica en la propiedad estatal de las empresas y los activos asociados al servicio y para otros en el hecho de que sean prestados por funcionarios p鷅licos

Mientras para algunos el núcleo de la teoría del servicio público, radica en la propiedad estatal de las empresas y los activos asociados al servicio y  para otros en el hecho de que sean prestados por funcionarios públicos [empleados públicos y trabajadores oficiales], en realidad en la sociedad contemporánea lo que identifica la existencia de servicios públicos  es que ellos estén asociados a la existencia de actividades económicas a través de las cuales se satisfacen necesidades colectivas en forma continua, general y permanente.


Es la relevancia del contenido de las prestaciones asociadas a los servicios públicos lo que justifica su intervención por el Estado, con el fin de proteger los usuarios, garantizar la calidad del servicio y promover su universalización. 


El debate sobre la eficiencia, calidad  y universalización  de los servicios públicos, está puesto en el orden del día institucional de país y no obstante que desde 1994, esto es, hace veinte años aparentemente definimos el camino que el país seguiría adelante, la realidad es  que en la actualidad se imponen decisiones sustanciales tanto para la prestación de los servicios públicos domiciliarios como son los no domiciliarios, como es el caso del transporte, la salud y las tecnologías de la información y las comunicaciones.


En la actualidad, se hace necesario reexaminar cual es el contenido esencial del concepto servicio público, en particular cual el núcleo actual de su teoría, para que se le considere una actividad tan relevante que la propia Constitución le dedica todo un capitulo y termina ordenado que este tipo de servicios se sujetan a un régimen jurídico  especial definido por el legislador.


El núcleo que justifica la existencia de la categoría “servicio público”,  no puede ser otro que la necesidad de proteger a los usuarios y dar garantía de universalización en servicios, pues  con ellos  que se afecta la calidad de vida de las personas y el desarrollo colectivo de la sociedad.


Con excepción a los temas asociados a la paz, los derechos humanos  y la convivencia ciudadana, no existe tema más importante para las personas que el relativo a la adecuada prestación de los servicios públicos, por ello, dentro de la agenda de  políticas públicas nacionales y territoriales, este tema no puede ser ignorado y tanto el Gobierno Nacional, como los territoriales deben tener claros sus propósitos y fines en esta materia.


No obstante todos los avances que en materia de servicios públicos se han tenido en los últimos años y la dinámica que la Corte Constitucional le ha imprimido a esta materia, aún existen temas, sobre los que la reflexión no ha sido suficiente y deberán ser incluidos en las próximas agendas legislativas del Congreso.


Se hace necesario que además de la existencia de un régimen particular para cada uno de los servicios públicos, tal como hoy existe, en el que cada servicio tiene su propia ley, [ley de educación, ley de salud, ley de transporte, ley  de  tecnologías de la información y las comunicaciones, ley de servicios públicos domiciliarios, …,] se expida  un régimen general de los servicios públicos, en el que queden claras para todos los servicios algunas instituciones que por momentos se ponen en duda en algunos de ellos.


Así; en materia de servicios públicos (i) la responsabilidad por su prestación eficiente está a cargo del Estado; (ii) su prestación en todos los casos está sujeta a la planeación, regulación, control y vigilancia del Estado; (iii) en ellos prevalece el interés general, sobre los intereses particulares; (iv) las normas sobre servicios públicos son de orden público, en consecuencia son indisponibles y tienen imperativo e inmediato cumplimiento; (v) los servicios públicos no constituyen en sí mismos el ejercicio de función pública, (iv) no son una actividad comercial libre asociada al comercio de mercancías;  (vi) cuando se prestan por particulares bajo una habilitación por concesión, los bienes afectados al servicio deben revertir al Estado; (vii) las normas deben interpretarse de manera que se protejan los más vulnerables y que se propenda por el servicio universal.  


Las lecturas económicas del derecho, que no siempre coinciden plenamente con la teoría del servicio público, seguirán siendo un instrumento útil y necesario en la interpretación jurídica, pero solamente eso, un instrumento de interpretación, que en ningún caso y por ninguna circunstancia podrá entenderse que podrían reemplazar al Derecho, que ante todo es equidad y protección del más vulnerable.