Columnistas

Los jueces tienen la última palabra
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
17 de Enero de 2014


Como consecuencia de las profundas modificaciones de nuestro sistema institucional, generadas con la expedición de la Constitución de 1991, en el país se experimentan los más enriquecedores debates desde la perspectiva de la teoría jurídica.

Como consecuencia de las profundas modificaciones de  nuestro sistema institucional, generadas con la expedición de la Constitución de 1991,  en el  país se experimentan  los más enriquecedores debates desde la perspectiva de la teoría jurídica, esto,  por cuanto son múltiples los efectos de tener la Constitución como Norma.


Con la Constitución de 1991, la ecuación, según la cual el derecho equivale a la Ley,  ha perdido vigencia y actualmente al régimen jurídico se han integrado normas, principio y valores constitucionales,  que antes  no tenían un contenido normativo y de los que se afirmaba que  su alcance era simplemente declarativo y programático.  


Es más, al texto de la Constitución  se han sumado un conjunto de tratados y decisiones internacionales que han venido a integrar lo que se denomina como bloque constitucional, asunto relativamente nuevo, para los teóricos del derecho público más convencionales. 


Con el  nuevo orden  hemos pasado de la soberanía nacional a la popular y de la democracia representativa a la de participación y estas dos nuevas orientaciones hacen que las instituciones ya no puedan entenderse de la misma manera  que antes, pues se trata de un nuevo orden más democrático y  equitativo. 


Uno de los aspectos más significativos de las actuales transformaciones, es el relativo a reconocerle a la Constitución su contenido de norma material, directamente aplicable por los operadores jurídicos, sin que sea necesario que medie una ley que la reglamente y además el reconocimiento de que son los jueces, en especial los jueces constitucionales, quienes en un momento determinado tienen la gurda de la integridad del orden constitucional,  que tanto Gobernantes, como ciudadanos estamos obligados a acatar.


Lo que ocurre que mucho ven con perplejidad, pues  han entendido   que el derecho es sólo la Ley en sentido formal, esto es, la que expide el Congreso, no debe ser motivo de temores,  no,  de lo que se trata es que estamos pasando a un nuevo modelo institucional en el que prevalece materialmente la Constitución sobre la Ley, en el que la Constitución ha dejado de ser el límite negativo de la actividad del legislador, para ocupar un rol vivificante  y actuante en las relaciones sociales.


Cada día se hará más claro que a través de la acción de tutela, los jueces en especial la Corte Constitucional intervendrá en la vida nacional y reorientará el sentido de las instituciones y esto se vivirá con mayor énfasis en asuntos en los que involucren principios institucionales, tal como ya ha ocurrido en el sector de los servicios públicos, en el que  no obstante que ni la ley,  ni la regulación reconocen la existencia del derecho al mínimo vital, ni a la protección de la población vulnerable, la H. Corte Constitucional ha venido a proteger a los ciudadanos y ha obligado a la aplicación en forma imperativa de la Constitución, y en consecuencia, reconocer el mínimo vital gratuito,  en algunos casos y a proteger personas vulnerables  como es el caso de los recicladores de Bogotá y de Cali.


Asuntos como los relativos al a la igualdad, la libre empresa, la competencia, el acceso al espectro radioeléctrico y el deber de universalización de los servicios públicos, no pueden leerse, ni entenderse exclusivamente a la luz de disposiciones de la Ley 142 y otras normas de rango legal, por el contrario, es solo tomando en cuenta la doctrina constitucional como pueden entenderse y aplicarse bajo las nuevas dimensiones de nuestro ordenamiento jurídico.


La formación que hemos adquirido los abogados durante varias generaciones, donde se ha privilegiado la literalidad y las formas sobre los contenidos materiales, debe sustituirse sustancialmente por otra en la que la equidad y el derecho material sean los que prevalecen, pero  mientras ello ocurre nos veremos avocados a conflictos permanentes  a situaciones de aprendizaje colectivo en las que siempre serán los jueces constitucionales los que tengan la última palabra.   


Dado que debates como el generado en Bogotá han tenido origen en fallos y autos de la Corte Constitucional referidos a la forma como debe prestarse el servicio de aseo y su actividad complementaria de aprovechamiento,  y a  la manera como las autoridades deben adoptar  medias afirmativas a favor de los recicladores, es de esperar que al final del día,  sea la Corte Constitucional quien con fuerza de cosa juzgada dé respuesta definitiva a los temas que en la actualidad se debaten.  


*Docente y asesor