Columnistas

Los sistemas de trasporte masivo, sin ruta frente a la crisis
Autor: Eugenio Prieto
15 de Diciembre de 2013


Como lo venimos haciendo en varias ciudades del país, con el propósito de evaluar la “política pública” de transporte urbano y masivo, el pasado 2 de diciembre realizamos en Barranquilla el foro “Una Mirada a Transmetro”.

Como lo venimos haciendo en varias ciudades del país, con el propósito de evaluar la “política pública” de transporte urbano y masivo, el pasado 2 de diciembre realizamos en Barranquilla el foro “Una Mirada a Transmetro”. Con autoridades, operadores privados, representantes del sector transporte y medios de comunicación, nos congregamos con el propósito de evaluar la situación del sistema de transporte masivo de Barranquilla y aportar a la construcción concertada de estrategias que contribuyan a superar la actual crisis de los sistemas de transporte masivo en Colombia.  


En desarrollo del foro logramos evidenciar, una vez más, las fallas estructurales de la “política pública”, muchas de las cuales convergen fundamentalmente en problemas financieros y de debilidad institucional, causados por el principio de auto sostenibilidad financiera que inspiró la estructuración de los sistemas y en la débil rectoría, control y gobernabilidad de la “política pública”. 


El Conpes 3260 de 2003, documento orientador de la “política pública”, estableció como directriz financiera para la estructuración de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo -Sitm-, maximizar la inversión privada reduciendo gradualmente los aportes públicos a los proyectos. Desacertada directriz que ha hecho, que además de los costos de mantenimiento y operación del servicio de transporte, las inversiones en chatarrización, patios, talleres y otros componentes típicos de infraestructura deban ser pagadas por los usuarios a través de la tarifa. 


Es así como, en los sistemas de transporte masivo de Cali, Bucaramanga y Barranquilla se destina entre el 9% y el 17% de la tarifa a cubrir costos diferentes a la operación de transporte. Ello explica en parte, la alta tarifa técnica (costos), que unida a los ingresos insuficientes por cuenta de la baja demanda, tienen a los Sitm enfrascados en una crisis financiera y operativa -algunos al borde de la quiebra-, cada vez más compleja y difícil de superar, al comenzar a entrar en la ruta de un círculo vicioso que se traduce además, en insuficiente cobertura y baja calidad del servicio que reciben diariamente los usuarios.   


Las razones por las cuales los sistemas no movilizan la cantidad de pasajeros esperada son múltiples, entre otros, imprecisiones en los estudios iniciales que estimaron una demanda que no se lograría -caso Transmetro y otros-, crecimiento desbordado de la motorización, informalidad, altas tarifas e incluso, nuevas barreras de acceso generadas por la introducción de medios únicos de pago.


A estos factores se suma la falta de reestructuración de las rutas del transporte público convencional de manera que este complemente a los Sitm y no compita con ellos. Lo que se debía lograr, democratizando e incluyendo a los transportadores tradicionales mediante acuerdos y concertación, se ha convertido en motivo de confrontación constante entre transportadores tradicionales, autoridades locales y operadores privados.   


¿Pero podría decirse que bastaría con acabar el paralelismo de rutas y la informalidad para recuperar el equilibrio de los Sitm?  Pareciera fácil, pero no lo es. En Cali, Bucaramanga y Barranquilla las autoridades le han apostado a la inclusión de los transportadores tradicionales al sistema y la transformación de su modelo de negocios. 


Sin embargo, quienes aún quedan por fuera, que no son pocos en un sector profundamente atomizado, al observar las dificultades financieras que hoy atraviesan los que cambiaron un negocio de gran liquidez por uno de largo plazo, pierden la fe en el cambio y prefieren permanecer en la informalidad.  


No podemos dudar de la necesidad de sacar a los Sitm de la crisis en que se encuentran. El derecho de las personas a la movilidad adquiere una relevancia significativa en nuestro Estado Social de Derecho, no solamente porque está consagrado en la Constitución Política de 1991 como un derecho fundamental (libertad de locomoción), sino porque ha sido reconocido por la Corte Constitucional como condición para el goce efectivo de otros derecho como el acceso a la salud, al trabajo y al sistema educativo.  


No se trata únicamente de proteger la inversión pública hecha en los Sitm–superior a los $11 billones-, sino además, de que el Estado honre su deber constitucional de prestar eficientemente el servicio público de transporte y nos garantice a todos el derecho fundamental a la libertad de locomoción y el goce efectivo de otros derechos.