Columnistas

El fantasma de la reelección
Autor: Jorge Arango Mejía
3 de Noviembre de 2013


Al aproximarse las elecciones, los que someterán sus nombres a la consideración de los electores se devanan los sesos en busca de señuelos para cazar votos.

Al aproximarse las elecciones, los que someterán sus nombres a la consideración de los electores se devanan los sesos en busca de señuelos para cazar votos. Esa es la explicación para que haya resucitado otra vez el proyecto de reforma constitucional que permitiría reelegir a alcaldes y gobernadores. No importa que el Congreso lo haya rechazado cinco o seis veces: hay que ponerlo en juego nuevamente. ¿Por qué tanto afán? Las respuestas son fáciles.


El más interesado es el presidente Santos. Ante el descenso de su popularidad, se desespera. Puso todas sus esperanzas en las charlas de La Habana, e hizo de ellas la bandera de su nueva batalla electoral. Pero la mayoría de la gente no cree que la paz esté próxima ni está de acuerdo con lo poco que se conoce de esas conversaciones. Podría decirse que el rechazo es general.


Por lo anterior, el presidente necesita reforzar su campaña. ¿Y qué refuerzo mejor que más de un millar de alcaldes y 32 gobernadores? Esto explica por  qué ahora se les ofrece alargar su período de cuatro a doce años. ¿Cómo? Sencillamente, aumentando a seis años el término de su mandato y permitiendo la reelección inmediata. Esto contraría elementales reglas del sistema democrático.


El pueblo eligió alcaldes y gobernadores por cuatro años: así expresó su voluntad. No hay razón para que el Congreso, de buenas a primeras, les agregue dos años. Razones elementales indican que una reforma de esta clase nunca puede modificar la situación de los elegidos antes.


No se puede modificar la Constitución o la ley para cambiar un resultado electoral. Viene al caso lo que ocurrió en La Guajira  hace algunos años.


En un municipio se eligió un alcalde. Algunos descontentos con la decisión del pueblo, entre ellos el gobernador, consideraron que la solución más sencilla era eliminar el municipio: sin éste no hay alcalde. Así lo hicieron, mediante una ordenanza, agregando el territorio a un municipio vecino. Al mes siguiente, ya sin el problema del alcalde, lo volvieron a crear.


Con poder del alcalde despojado, presenté una demanda de tutela, en la cual exponía el argumento sencillo de que la voluntad popular no podía desconocerse con esa burda maniobra. El Consejo Seccional de la Judicatura, al igual que el Superior, me dieron la razón. La Corte, sin razones jurídicas, validó el atropello.


De otra parte, ¿qué desgracias no recaerán sobre departamentos y municipios, entregados casi a perpetuidad a los caciques y a otros interesados más peligrosos todavía? ¿Qué será del Quindío y los demás departamentos en los cuales los empresarios del chance son amos y señores?


Los alcaldes son verdaderos reyezuelos, sin Dios ni ley. Quienes los eligen –caciques o chanceros- designan también los contralores municipales, pues son ellos los dueños de los concejos. Así, pueden hacer lo que quieran, con la seguridad de que los encargados del control fiscal no dirán “esta boca es mía”.


Insisto: solamente en las grandes ciudades la voluntad popular se manifiesta en la elección de alcaldes y gobernadores. En el resto del país lo que impera es el más tosco clientelismo: se compran votos y se pagan en dinero contante y sonante; o con tejas y ladrillos; o con becas; o con puestos. Esas elecciones locales son la más desvergonzada feria.


Si el gobierno tiene respeto por la opinión pública y cumple su obligación de velar por el interés general, está en la obligación de apartarse de este proyecto, que es inoportuno, inconveniente y antidemocrático. La reelección no puede comprarse a tan alto precio.