Editorial

Preguntas a un estudio
29 de Octubre de 2013


縀studiaron los profesores de la Universidad de los Andes la relaci髇 entre consultas m閐icas y aspersiones a閞eas con glifosato a los cultivos de ca馻 de az鷆ar del Valle y el norte del Cauca?

La divulgación mediática y utilización política del estudio “Consecuencias de la aspersión aérea en salud: evidencia desde el caso colombiano” realizado por los economistas Luz Adriana Camacho y Daniel Mejía Londoño, investigadores de la Universidad de Los Andes, ha reabierto el debate sobre las formas de lucha contra los cultivos ilícitos y su impacto en la salud y los objetivos de su disminución. 


La conclusión que más ha impactado del estudio refiere “los impactos inesperados que la fumigación puede tener sobre la salud humana”, lo que asevera basado en que “el 1,8 % y 5,3 % de las consultas de diagnósticos dermatológicos y respiratorios pueden ser causados por la aspersión de glifosato respectivamente” y en que “de 2.5 millones de observaciones (corresponden a mujeres que han reportado citas prenatales y/o partos), un 7 % de ellas ha sufrido de un aborto”. Para su primera afirmación, los economistas recogieron las consultas médicas en zonas de aspersión durante su ocurrencia y quince días posteriores a ella; para el segundo se basaron en las estadísticas de mujeres que iniciaron el proceso de atención médica por embarazo y luego lo dejaron, llevándolos a la conclusión errónea de que todo abandono a los controles equivale a una terminación anticipada del embarazo. 


En sus entrevistas a los medios de comunicación, el doctor Mejía Londoño no ahonda en la aseveración de que “nuestros resultados también indican que el cultivo de hoja de coca también causa incrementos en la probabilidad de sufrir problemas de salud”, aunque el Cicad, órgano especializado de la OEA, encontró rastros de diversos tóxicos, entre ellos endosulfan, pesticida que tiene impactos en la piel y la sexualidad de personas expuestas. El estudio tampoco analiza los impactos de los químicos usados para la fabricación de la pasta base de coca, proceso que por lo general ocurre en “cocinas” vecinas a las grandes plantaciones, que son las asperjadas con fumigaciones aéreas con glifosato.


Además de su aplicación en cultivos ilícitos, el glifosato es usado, entre otras regiones, en el Valle del Cauca para la limpieza de malezas en los cultivos de caña, ubicados en zonas centrales y densamente pobladas, y es herbicida común en jardines amenazados por la maleza, sin que existan reportes científicos internacionales que demuestren su potencial daño en la salud humana. ¿Estudiaron los profesores de la Universidad de los Andes la relación entre consultas médicas y aspersiones aéreas con glifosato a los cultivos de caña de azúcar del Valle y el norte del Cauca? Los análisis de control dan fuerza de comprobación a los hallazgos de la ciencia.


La otra conclusión fuerte de esta investigación alega que “la gran mayoría de las evaluaciones que se han realizado sobre la efectividad de estas campañas de aspersión sobre los cultivos de coca muestran que su efectividad es muy baja, sino nula” y señalan, pero sin demostrar el modelo matemático que usan para su conclusión que “cada hectárea adicional asperjada con glifosato reduce los cultivos de coca entre 0.15 y 0.20 hectáreas en promedio”. Esta aseveración contrasta con los análisis divulgados por la Policía Antinarcóticos, según los cuales la aspersión y la erradicación manual han impactado entre el 30 y el 40 por ciento de las zonas intervenidas, que no es el impacto ideal pero que ha generado el reconocimiento a Colombia por su efectividad en la lucha contra las drogas.


El estudio que comentamos fue divulgado en medio de una fragorosa batalla del profesor Mejía Londoño, entonces presidente de la Comisión Asesora para la Política Anti-drogas, con la Cancillería, que le solicitó no publicarlo mientras no se resolvía el conflicto con Ecuador por las fumigaciones en la zona de frontera, litigio que el Gobierno Nacional atendió concediendo al ecuatoriano pretensiones como la creación de una zona limítrofe libre de fumigaciones en una región asolada por la presencia del narcoterrorismo, aun cuando se afirme que el Gobierno de Rafael Correa colabora con las políticas antiterroristas colombianas. 


Cuando el debate estaba en su momento más difícil, el economista Mejía Londoño reclamó que “hay que reevaluar esa política sin importar que aumenten los cultivos y la producción de cocaína, pero no se puede seguir pagando un costo tan alto en el país”. Al entrar en el debate político sobre una política tan controversial, el investigador ha convertido su estudio en argumento de debate, renunciando a lo que de verdadero pudiera tener y volviendo a dejar al país enfrascado en un debate que los narcos suelen usar a su conveniencia.