Columnistas

¿Una Justicia inficionada?
Autor: Iván Guzmán López
29 de Octubre de 2013


Aterradora, por decir lo menos, fue la noticia que recibimos los colombianos el pasado 18 de octubre de 2013.

Aterradora, por decir lo menos, fue la noticia que recibimos los colombianos el pasado 18 de octubre de 2013. El hecho (no sé si peor que el triste caso del exdirector de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, vinculado con delincuentes de la banda de alias “don Mario”), involucra a dos jueces de control de garantías, cinco funcionarios del centro de servicios y cuatro secretarios de despacho. Luego de un año de investigación, que partió del testimonio  de un hombre extraditado que “declaró haber recibido la oferta de este grupo para escoger el juez y el fiscal que beneficiaría su causa”, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, confirmó la emisión de órdenes de captura en contra de 11 funcionarios del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Según la investigación y en palabras del Fiscal General, “estarían direccionando ciertos procesos hacia jueces de control de garantías, para que produjeran decisiones contrarias a la ley”. Según la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijin, “por el supuesto servicio cobraban una comisión que oscilaba entre 2 y 3 millones de pesos”.


En ElTiempo.com, del citado 18 de octubre, se informó que no eran 11 únicamente los corruptos de Paloquemao; se trataba de un verdadero cartel, que negociaba toda clase de prebendas para delincuentes. Ese proceso incluye pruebas contundentes, como grabaciones; en una de ellas se escucha a uno de los implicados hablando con otra persona, a quien le pide $13 millones para que el juez traslade a un preso desde la cárcel La Picota, de Bogotá, a la de Facatativá. Según la Fiscalía, en la llamada, ese implicado, de apellido Corredor, le dice a su interlocutor que “hay otros funcionarios que están cobrando más caro, pero que su jefe es el que cobra más barato”.


Luego del rosario de hechos de corrupción denunciados en los últimos 10 años (de los cuales la mayoría sigue en la más absoluta impunidad o son objeto de dilaciones y alargues por parte de jueces y abogados inescrupulosos en busca de la ansiada prescripción), y que involucran a toda clase de instituciones y personas otorgándole a Colombia una triste posición privilegiada en el concierto mundial de los países más corruptos del planeta, se presentan estos casos específicos con funcionarios de la justicia colombiana, casos estos absolutamente dolorosos, deplorables y peligrosos, para una institucionalidad judicial y democrática como la nuestra. Sobra decir que en un país verdaderamente democrático y civilista, estas conductas y estos servidores públicos, serían juzgados con todo el peso de la ley, para bien de la patria y de la sociedad, que les paga precisamente para que administren justicia. Como corolario, queda por agregar: con una justicia inficionada, ¿es posible pensar en la paz? 


Puntada final: al terminar de leer la reveladora columna de Samuelito Arango, aparecida el lunes 21 de octubre de 2013, en El Colombiano, titulada “El Amylkar que yo conocí”, en la cual hace un recuento histórico de las andanzas del “revolucionario” estudiantil que fue Amylkar Acosta, hoy convertido en ministro de Minas, uno no sabe si reír o llorar. Asombra que el presidente de la República, tal vez acosado ya por el espanto de la reelección y los pobres avances en los “diálogos” de la Habana, eche mano de semejante sujeto, el mismo que sumió a nuestra Universidad de Antioquia, por la época en que fungió como su estudiante, en la más honda crisis de su historia, hasta ponerla al borde de su desaparición. Si este señor llegó al Ministerio como salvador del sector minero, o como canonjía para complacer a las Farc, tenemos que exclamar, lastimeramente: ¡pobre Colombia!; ¡ay de nosotros!, humildes ciudadanos, con cien años de violencia a cuestas y eternamente manipulados y “representados” por esta clase de tipejos.