Editorial

Oídos sordos frente a Isagén
17 de Octubre de 2013


La posibilidad de alterar la decisión del Gobierno Nacional de vender su participación estatal en Isagén parece reducirse a las advertencias de controles posteriores que puedan emitir los órganos disciplinarios y de control

Como lo hemos expuesto ya en varios editoriales, no consideramos acertada la decisión del Gobierno Nacional de enajenar la totalidad de sus acciones en Isagén, la tercera generadora de energía eléctrica del país, y hoy tenemos que calificar de obcecada la insistencia con que el presidente Santos y su ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, mantienen esta posición, a pesar de las justificadas inquietudes y serias argumentaciones expresadas por analistas económicos y conocedores del tema. Poca atención parecen haber recibido las razones de estrategia y seguridad relacionadas con la capacidad de modular el suministro de energía eléctrica en el país, y las razones económicas dada la solidez de una empresa en la que el Estado ha hecho cuantiosas inversiones que representan el ahorro de varias generaciones de colombianos y cuyo retorno se espera ya en un corto plazo, con la entrada en operación de proyectos como Hidrosogamoso.


Igual poco impacto parece haber tenido en la defensa de este patrimonio público, el debate convocado por los partidos Liberal, Conservador, de la U y los movimientos Mira y PIN, y realizado el pasado martes en el Senado con un considerable despliegue mediático. Si el Congreso aspirara a detener el proceso de enajenación 57,66 % de las acciones que el Gobierno Nacional tiene en Isagén, necesitaría cumplir un proceso de control político contra los ministros de Hacienda y Minas y Energía. Pero dado que los citantes son parte de la Unidad Nacional, sería poco probable el éxito de esa iniciativa.


Así las cosas, la posibilidad de alterar la decisión del Gobierno Nacional de vender su participación estatal en Isagén parece reducirse a las advertencias de controles posteriores que puedan emitir los órganos disciplinarios y de control, o a las medidas precautelares que puedan dictar las autoridades judiciales, en el marco de acciones interpuestas ante ellas, como ocurre con la admisión de la acción popular del expresidente Álvaro Uribe y la acción de nulidad del grupo “Dueños de Isagén”, admitidas por el Tribunal Superior de Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente. 


Pero en definitiva, las esperanzas por una decisión judicial que evite la privatización total de Isagén, están cifradas en la acción popular del expresidente Uribe a la que se sumó el pasado mes de septiembre la Procuraduría General de la Nación mediante escrito coadyuvante presentado por el ente de control disciplinario y garante de los derechos fundamentales, alegando la defensa de los derechos al patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y la protección del medio ambiente, para demandar la suspensión del proceso “en aras de prevenir un daño contingente para los intereses de la Nación y un perjuicio irremediable”.  Y decimos “en defintiva” puesto que la demanda de nulidad de los “Dueños de Isagén” no se opone a la venta de las acciones estatales, sino que más bien legitima dicha intención al pretender que ese grupo reciba garantías que le permitan adquirir la totalidad de las mismas.


En medio de la fiebre privatizadora que aquejó a América Latina en los años noventa, cuando se creía que la venta de empresas públicas garantizaba la eficiencia y prevenía la corrupción, el Congreso, actuando a instancias del Gobierno del presidente Samper, tramitó la Ley 226 de 1995, recibida con beneplácito pues creaba las condiciones para que el llamado sector social (trabajadores, sector solidario, entre otros) tuviera prioridad para participar de los procesos de enajenación de activos del sector público. Con los años, la aplaudida disposición ha demostrado debilidades que solo pueden ser subsanadas mediante una nueva norma que limite la potestad absoluta que hoy alega tener el Ejecutivo para vender su participación total o parcial en empresas industriales o comerciales del Estado.


Como un caso digno de ejemplo, en 2005 el Concejo de Medellín aprobó la transformación de UNE, incorporando en los nuevos estatutos empresariales cláusulas que exigían que esa corporación tuviera que aprobar cualquier modificación accionaria de la compañía, como efectivamente ocurrió en el reciente proceso de fusión con Millicom, enriquecido por los aportes de los corporados y legitimado por su refrendación final. Al comparar situaciones, inquieta que la decisión de dejar al Estado colombiano sin activos en el sector de generación eléctrica tras la venta de su mayoría accionaria en una compañía que representa el 16,45 % de participación en el Sistema Interconectado Nacional, quede en manos del presidente y el Dr. Cárdenas, dado que el nuevo titular de la cartera de Minas se ha autoexcluido del proceso por sus diferencias conceptuales con esa enajenación.