Editorial

Fallas estructurales
14 de Octubre de 2013


Se abren interrogantes sobre cómo conjugar los elementos de planeación y control en la ocupación de las laderas de este Valle de Aburrá, descritas por varios estudiosos como frágiles y deleznables.

Somos solidarios con las diez familias que pueden haber perdido a un ser querido en el derrumbe de una de las torres de la unidad residencial Space, ubicada sobre la Transversal Superior de Medellín, como también lo somos con aquellas que tienen en riesgo el patrimonio invertido en la que parecía una obra segura. Las víctimas y desaparecidos -entre quienes contamos a nuestro excompañero Juan Esteban Cantor- sus familiares y los habitantes de la unidad residencial, merecen el abrazo de la ciudad y respuestas de las autoridades y los responsables de la obra.


En medio del dolor, reconocemos la responsabilidad del Dagred al ordenar el pasado viernes la evacuación de la torre que mostraba mayor afectación y la seriedad de los funcionarios de la Alcaldía de Medellín y los organismos locales de rescate, que demostraron rigor en la prevención y atención de esta dolorosa emergencia. Al ordenar cumplir la ley, las autoridades salvaron más de sesenta vidas humanas, al participar en el rescate y solución de la crisis, brindan seguridades a quienes se enfrentan al desconcierto. 


Nos hacemos partícipes de los reclamos del Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín y la ciudadanía por investigaciones que esclarezcan responsabilidades presentes y pasadas en el desplome del edificio que obtuvo los permisos necesarios para su construcción, entrega y habitación. Estaremos atentos a las investigaciones realizadas con rigor técnico por las autoridades competentes, que deberán emitir dictámenes concienzudos sobre estos hechos y actuar en consecuencia frente a los responsables dolosos, si lo hubiere, o culposos. Nos abstendremos de pronunciamientos apresurados sobre esta tragedia.


En Colombia y Medellín se ha defendido la falacia de que los desastres urbanos están asociados a la pobreza de habitaciones y habitantes. Tal generalización parecía constatada en tragedias como los deslizamientos de Media Luna (1954), Santo Domingo (1974) o Villa Tina (1985), o la gravísima inundación de la quebrada La Iguaná (1989), e incluso a dramas como los incendios en asentamientos como la Mano de Dios (2003) o Altos de la Virgen (2010), entre los más recordados de los últimos tiempos.  En los últimos diez años, sin embargo, la ciudad ha asistido a tres derrumbes que deben interrogar a las autoridades y a los investigadores en geología y desarrollo urbano: el de la urbanización Alto Verde (2008), el del Alto Las Palmas (2010) y este en el sector norte de la Transversal Superior. Dado que ninguno de estos sectores está aquejado por pobreza material ni debería adolecer de pobreza constructiva, se abren interrogantes sobre cómo conjugar los elementos de planeación y control en la ocupación de las laderas de este Valle de Aburrá, descritas por varios estudiosos como frágiles y deleznables.


Las curadurías urbanas fueron creadas por la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 810 de 2003, que las asemejó a las notarías en tanto son organismos particulares que asumen responsabilidades públicas, en este caso, conceder licencias de construcción o remodelación de edificios en ciudades con más de 100.000 habitantes. Aunque la Ley les obliga a la vigilancia del cumplimiento de los permisos que otorgan, irregularidades recurrentes, como las estafas a compradores, los daños en obras aceptadas por los curadores o el incumplimiento sobre normas de usos del suelo, imponen que se revisen a conciencia el espíritu de la norma que crea los organismos para agilizar los trámites de aprobación de licencia, y las actuaciones de los profesionales a cargo de oficinas que han sido desbordadas por su incapacidad de vigilar el cumplimiento de los permisos que conceden. 


Medellín avanza en la discusión de su nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que se orienta a la construcción de una ciudad para la vida, en la perspectiva de dar mayores capacidades a la Alcaldía para ordenar el poblamiento de la ciudad y para procurar la configuración de entornos protegidos que garanticen el desarrollo sostenible y la minimización del riesgo. Las tragedias de El Poblado enseñan que los errores en la planeación y el control preceden a los desastres urbanos. Aun al calor de la tragedia, confiamos en que esta lección guíe a la Administración Municipal, el Concejo y los ciudadanos en el debate del POT, a fin de concebir un instrumento que nos recuerde que el cuidado de la vida es lo que da sentido a la ocupación de la ciudad.