Columnistas

El debido proceso en el control fiscal.
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
4 de Octubre de 2013


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Con la reorientación que la Ley 1474 de 2011 ha dado al ejercicio del control fiscal en Colombia, en particular con la implementación de la oralidad, los procesos de única instancia, la presunción de culpa grave y dolo, [declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-512-13] y la eliminación en algunos caso de la etapa preliminar y del auto de apertura en los procesos de responsabilidad fiscal, el tema del pleno cumplimiento de las garantías propias del debido proceso en la fase de auditoría, se pone en el orden día. 


El tema que debe estudiarse en detalle hace referencia a la determinación de la naturaleza jurídica del acto por el cual las Contralorías dan por terminada una auditoria y dejan en firme los hallazgos encontrados, pues,  tratándose de un acto que produce plenos efectos jurídicos y en muchos casos la base para que se deban adoptar planes de mejoramiento por las entidades controladas,  no debe existir duda de que se trata de un acto administrativo, que como tal debe ser notificado y contra el cual proceden recursos y aún acciones judiciales sí es del caso.


El punto es que el control fiscal se realiza en dos momentos, uno es el de la auditoria que está asociado al ejercicio de la función de vigilancia que adelanta la contraloría, que es diferente a la deducción de la responsabilidad fiscal, que  se deduce a través del proceso de responsabilidad fiscal, y como en ambos momentos se trata del ejercicio de una función pública, tanto uno, como el otro momento deben estar sujetos a las garantías propias del debido proceso que no excluye ninguna de las actuaciones de la administración, incluidos los organismos autónomos e independientes.


Cuando  en el artículo 57 de la Ley 610, declarado exequible por la H. Corte Constitucional mediante la sentencia C-557-01, se establece que: “En materia del proceso de responsabilidad fiscal, solamente será demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el Acto Administrativo con el cual termina el proceso, una vez se encuentre en firme.”, sin duda se está haciendo referencia a la etapa del “proceso de responsabilidad fiscal” y no a otro tipo de actuaciones que adelantan las contralorías como es el caso de las auditorias.


Es que no podría modificarse el esquema del control fiscal de la manera que lo hace la Ley 1474, sin desconocer que ese cambio, que fortalece las actividades de la contraloría en vía de hacerle producir efectos jurídicos a la fase de la auditoria de tal manera que sus resultados son la fuente para adoptar decisiones como la de hacer imputaciones al procesado, además de invertir la carga de la prueba y servir de fundamento para eventuales medidas cautelares, sin que se haya surtido previamente un debido proceso legal, en el que los posibles imputados hayan podido  controvertir las pruebas y presentar sus argumentos frente al organismo de control.


Con la puesta en vigencia del artículo 2º de  la ley 1437, que regula todo tipo de procedimientos administrativos, aún los adelantados por organismos independientes, se hace plenamente aplicables las instituciones contenidas  en el nuevo código, a las actuaciones que adelantan las contralorías, salvo casos como el del proceso de responsabilidad fiscal que en forma general está reglamentado en las leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011. 


Nada de lo que se dice es nuevo y se deriva del hecho de que las auditorias que antes solo servían como fuente material para ser examinas en las fase preliminar de los procesos de responsabilidad fiscal, en la actualidad pueden ser la base para ordenar a las entidades a adoptar planes de mejoramiento y lo que es más relevante para tomar la decisión de hacer imputaciones, convocara audiencias dentro del proceso de oralidad y tomar medidas cautelares, lo que sin duda genera esta actuación una importancia administrativa y jurídica que antes no tenía.


Con todo, lo que se pretende es que, las Contralorías puedan dar plena aplicación a la ley 1474, pero que en esa aplicación se tome en cuenta la doctrina constitucional de la Corte, en materia de debido proceso y que especialmente sean tenidas en cuenta las sentencias SU-620 de 1996 y 382 de 2008 y claro está el artículo 29 de la Constitución que obliga la sujeción de todas las autoridades al debido proceso.