Columnistas

Exabrupto (1)
Autor: Rodrigo Pareja
1 de Octubre de 2013


Ni más ni menos así puede calificarse el hecho de que un grupo de personas, sin preparación, autorización y mucho menos atribución alguna, quieran imponer o fijar la política energética del país,

Ni más ni menos así puede calificarse el hecho de que un grupo de personas, sin preparación, autorización y mucho menos atribución alguna, quieran imponer o fijar la política energética del país, en momentos en que, por el contrario, son los más propicios para adelantarla y consolidarla, y de hecho así está ocurriendo.


Cuando están en marcha importantes proyectos en el sector eléctrico como Hidroituango y Sogamoso, y se estudia la prefactibilidad de otros que garanticen el abastecimiento de Colombia y la posibilidad de exportar energía, resulta todavía más estrambótica la absurda pretensión.


Estos alucinados personajes que se aglutinan en una entidad que se hace llamar Ríos Vivos expresaron tal cosa, a todas luces inaceptable, poco después de haber invadido un espacio en la Universidad de Antioquia, alegando actuar “en defensa de los territorios y afectados por las represas”.


En el caso concreto, vale decir que se refieren a Hidroituango, el más importante proyecto hidroeléctrico que se haya emprendido jamás en Colombia, con una generación estimada de 2.400 megavatios, que debe estar en operación en el 2018.


Su constitución y entrada en acción apenas en los últimos días, da la impresión de corresponder más a la salvaguardia de quien sabe qué oscuros intereses, que a una acción verdaderamente orientada a su beneficio y al de alguna comunidad.


Aspirar a que las obras de Hidroituango, en marcha hace ya varios meses y avanzando dentro del cronograma trazado inicialmente, se suspendan hasta que cese el conflicto interno que hace  cincuenta años padece Colombia, no es una petición o exigencia y se asemeja más a un chiste de mal gusto.


No para ahí la insólita demanda de Ríos Vivos, ya que también argumenta la necesidad de abrir de nuevo los censos de población y cambiar el valor de manuales unitarios, vale decir, suprimir de un tajo las dos herramientas legales, aprobadas por el gobierno, EPM y la comunidad, sobre las cuales se apoya toda la política social y de indemnizaciones que está en marcha con los mejores resultados.


No se trata en esta columna de defender a rajatabla a la entidad que ejecuta la megaobra, la cual dicho sea de paso, ha cumplido hasta mucho más allá de lo previsto los intereses de quienes son los verdaderamente afectados por el importante proyecto.


Lo que hay que decir claramente es que Ríos Vivos en esta oportunidad, está haciendo el vergonzoso papel que podrían representar algunas personas que llegan tarde al concierto con la boletería vendida en su totalidad, y pretenden ingresar a la brava y como sea sin ninguna consideración y con el mayor atrevimiento.


Reabrir los censos de población para que los de Ríos Vivos que llegaron tres años después sean admitidos, y cambiar el manual de los valores unitarios con los cuales han venido trabajando EPM y los verdaderamente afectados por Hidroituango, supondría un retroceso de incalculables e imprevistas consecuencias.


Ninguna de estas personas agrupadas en Ríos Vivos ha podido acreditar su condición de afectada, de acuerdo con las averiguaciones y los cruces de información que ha hecho EPM con las alcaldías de los municipios del área de influencia de la obra;  personerías, registradurías, listados de desplazados y con el Sisben.


Como cosa curiosa puede contarse que fueron descubiertos algunos de estos reclamantes como residente en el exterior y votando en las elecciones de Costa Rica, para la fecha en la que aseguraron estar en una de las localidades antioqueñas.


Es sabido que en el mundo existen organizaciones no gubernamentales interesadas en mantener y defender el consumo de la energía fósil por encima de aquellas que tienden a preservar el medio ambiente, como son la hidráulica o la eólica. ¿Serán esos, acaso, los intereses de Ríos Vivos?