Columnistas

Que no se cometan los mismos errores
Autor: Jorge Arango Mejía
22 de Septiembre de 2013


Nicaragua ha demandado nuevamente a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.

Nicaragua ha demandado nuevamente a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. No es un hecho sorpresivo: por el contrario, todo indicaba que el apetito de Ortega no se había saciado con lo que ya se le entregó injustamente el 19 de noviembre. Habrá, en consecuencia, que hacerle frente a este otro litigio.


Indudablemente, lo primero será no cometer en esta batalla los mismos errores manifiestos, imperdonables, que se cometieron en la anterior. Veamos.


Enrique Gaviria Liévano es el más reconocido experto en derecho internacional público, en Colombia. Durante un tiempo, hasta cuando se produjo el primer fallo, en 2007, estuvo vinculado al equipo que defendía los intereses nacionales en el pleito ante la Corte de La Haya. Después, según él mismo lo ha revelado, surgieron discrepancias, porque a alguien se le ocurrió no considerar que el meridiano 82 sí era el límite entre las aguas de los dos países, como se había aceptado por las dos partes desde 1930. Gaviria, por el contrario, sí lo consideraba un verdadero límite. En estas circunstancias, él juzgó que no podía continuar, y se retiró. Así, Colombia perdió a quien mejor manejaba los temas materia de la controversia. Es posible que si se le hubiera hecho caso y se hubiera procedido según su criterio, otro habría sido el resultado.


Después, cuando ya era inminente el fallo de la Corte, a la señora canciller se le ocurrió decir que habría una decisión salomónica, expresión que en el lenguaje coloquial equivale a decir que se repartirá el bien que es objeto de la contienda jurídica. ¿Habrá habido un abogado que se haya anticipado a decir que su cliente no ganará el litigio? ¿Y a decirlo a los cuatro vientos, como si de una venturosa noticia se tratara? He ejercido la profesión de abogado durante cincuenta años, y jamás he visto a ningún colega incurrir en semejante torpeza. Es imposible entrar en las mentes de quienes firmaron el fallo, pero lo que no admite duda es esto: la señora Holguín les despejó el camino, a tal punto que deberíamos darnos por bien servidos si no perdimos más.


Y hay que agregar que el retiro de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que aún no tiene efectos y que, por lo mismo, no impide la nueva demanda, fue otro error. ¿Por qué? Sencillamente, porque el gobierno olvidó que Colombia tiene otros problemas que sólo podrían resolverse ante esa corte. Para muestra un botón: en el caso de la “costa seca” que nos dejara el laudo de la reina María Cristina de España, y que nos priva del acceso a las aguas que bañan la costa de la Guajira sobre el Golfo de Venezuela, sólo podrían restablecerse los derechos de Colombia mediante una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Pero esta puerta la ha cerrado, con increíble miopía, el gobierno de Santos.


Y después de decir el presidente que el fallo es inaplicable mientras no se celebre un tratado, sale la canciller a decir que Colombia no lo desconoce, que lo acata. ¿En qué quedamos? ¿Seguimos como en los tiempos de la colonia, en que las ordenanzas de la Corona Española “se obedecían pero no se cumplían”?  ¿A quién creerle? ¿Al presidente o a su ministra?


Por último: la lógica, el sentido común, tratados internacionales (como el Convenio 169 OIT), indicaban que los primeros llamados a participar en la defensa del archipiélago y de su mar, eran los miembros de la comunidad raizal que lo habitan. Siempre han derivado su sustento de la pesca artesanal en el mar en litigio  y era una obligación del gobierno colombiano conseguir su intervención en el proceso. Y si el gobierno no lo hacía, esa obligación correspondía a la Corte. Pero ésta obró como si en el archipiélago no hubiera habitantes, fueran sólo islas desiertas.