Editorial

Sin derechos no hay paz
20 de Septiembre de 2013


En este marco, la justicia no es una opción, es un punto relevante que el exfiscal de la CPI, jurista Luis Moreno Ocampo, señala como ineludible.

En instalación del evento académico “Diálogo constitucional por la paz”, el presidente-candidato insistió en su batalla contra el Estatuto de Roma y su centro de aplicación, la Corte Penal Internacional. Ante magistrados y expertos constitucionalistas, el doctor Juan Manuel Santos se ratificó en su tesis de que “no puede existir un sistema de justicia internacional que obstaculice el camino de una Nación que busca la terminación de un conflicto de medio siglo”.


En esta ocasión, el mandatario se encontró con un calificado auditorio que coincide con la mayoría de los colombianos en la aspiración porque las negociaciones de La Habana conduzcan a un acuerdo de fin del conflicto con pleno respeto por los principios de la justicia transicional, según los cuales, indicó el magistrado Jorge Iván Palacio, “atenuar los castigos a los responsables se justifica  a cambio de verdad, justicia y reparación para las víctimas”. Se confirma, pues, que la Corte Constitucional reclama la aplicación del Marco Jurídico para la Paz, que permite la reincorporación de la guerrilla a la sociedad, en condiciones que garanticen verdad máxima, reparación deseable y justicia posible, lo que hará imposible eludir condenas reducidas, pero finalmente condenas, para responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.


Lo que el presidente y sus interlocutores en La Habana deben entender, si quieren avanzar en este proceso, es que en la defensa de las víctimas convergen juristas y opinión pública, que hacen parte de una tendencia mundial contemporánea en la que, como declara el sociólogo Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, “hay una reconceptualización de la política y hoy existe una normatividad, una sociedad distinta y una cultura distinta, menos benigna con la rebelión y más de protección a las víctimas”.


En este marco, la justicia no es una opción, es un punto relevante que el exfiscal de la CPI, jurista Luis Moreno Ocampo, señala como ineludible, cuando explica que “paz con impunidad no se puede, ese es el límite. La discusión es política” y deja entrever que si Colombia insiste en su batalla contra el Estatuto de Roma podría poner en riesgo el reconocimiento que el mundo le da hoy a una institucionalidad que ha demostrado rigor para defender los derechos humanos y garantizar la justicia transicional.


Lo que desde distintos escenarios jurídicos y políticos se contrargumenta al presidente, es que incurre en sofisma cuando defiende un acuerdo en el que la guerrilla busca soslayar su exigencia de justicia indicando que con él “se busca la consolidación de la paz y el respeto a los derechos humanos”, porque no es posible plantear un escenario de respeto a los derechos humanos volviendo a sacrificar a quienes ya tributaron altas cuotas de sufrimiento en el conflicto colombiano. Esa perspectiva es la que con sensatez pone en la discusión el provincial jesuita, padre Francisco de Roux, cuando le recuerda a nuestra sociedad que “las víctimas deben ser la primera preocupación de un Estado como el nuestro, y la primera preocupación de los ciudadanos, porque es allí donde nos hemos quebrado como seres humanos”. Entendemos, pues, que el doctor Santos responde más a su condición de eventual candidato a la reelección, que a su dignidad de presidente de la República cuando fila junto a las Farc para criticar la Corte Penal Internacional y regatear los derechos de las víctimas.


Habiéndose hecho elegir para defender los derechos de los colombianos frente al amenazante terrorismo, el doctor Santos no puede eludir las recomendaciones y análisis de los expertos que señalan cómo “en Colombia se han cometido miles de crímenes, entonces algunas personas deben responder por esa realidad: las Farc tienen que entender eso”, como indica el fiscal Luis Moreno Ocampo. El doctor Santos puede, ¿quién no?, enmarcar sus aspiraciones en nuevos conceptos y sueños. Esas aspiraciones, sin embargo, tienen  como límite la democracia. Como el presidente no recibió mandato para un acuerdo que conculque los derechos de las víctimas y dado que enfrenta presiones de guerrilleros ansiosos por ingresar de inmediato a la arena política,  algo imposible si existe justicia transicional, reiteramos nuestro llamado a suspender las conversaciones en curso durante un proceso electoral en el que el doctor Santos tiene escenario privilegiado para la defensa de su cambio de rumbo y sus logros.