Columnistas

Aprovechamiento ¿Otro servicio público?
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
20 de Septiembre de 2013


La tarea Regulatoria que adelanta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a través de la Resolución CRA 643 de 2013, en particular el acatamiento del Auto 275 de 2011 y la tarea Reglamentaria que se propone el Gobierno

La tarea Regulatoria que adelanta la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a través de la Resolución CRA 643 de 2013,   en particular el  acatamiento del Auto 275 de 2011 y la tarea Reglamentaria que se propone el Gobierno con las modificaciones al contenido del  Decreto 1713 de 2002,  en el cual  se fijan las reglas generales de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, pone a las autoridades Nacionales en un verdadero reto, pues deberán  ajustarse a la doctrina Constitucional, en asuntos de los que la Ley 142 no se ocupa o se ocupa de manera incompleta o deficiente.


No parece ser conveniente, ni conforme con los principios propios de la función administrativa, especialmente al principio de economía, que se adelante en la regulación tarifaria en el servicio de aseo, sin que antes se determine con nítida claridad su límite con el de aprovechamiento,  y se defina, hasta qué punto en realidad se puede considerar que el aprovechamiento es una actividad complementaria ligada al servicio de aseo, y sí puede o no, ser prestado por los mismos proveedores.


La aplicación de la doctrina constitucional contenida en las sentencias T-274-03 y T-291-09 y más específicamente del Auto 275 de 2011 y la sentencia T-387-12, generará necesariamente una transformación sustancial en la reglamentación y la regulación del servicio público domiciliarios de aseo, pues será necesario que el aprovechamiento se sujete a sus propias normas y que el régimen tarifario de aseo varíe sustancialmente para que se les permita a los recicladores y a sus organizaciones dedicarse a esas actividades, sin que los proveedores de aseo los puedan tener como sus competidores.


Para avanzar en las tareas propuestas debe quedar en claro, que la adopción de acciones o medidas afirmativas en protección de la población recicladora implica una mutación en la interpretación y aplicación de la ley 142 de 1994, pues, el aprovechamiento no se podrá prestar por las empresas que se ocupan del servicio de aseo en competencia con la población vulnerable y constitucionalmente protegida como son los recicladores, sino que, previa reglamentación las empresas deben coordinar su actividad con la que adelantan quienes realizan la actividad de aprovechamiento, para definir los términos y aplicar las metodologías que permitan su dignificación y  remuneración. 


El tema se hace particularmente complejo, si se toma en cuenta que asuntos como la separación en la fuente, la definición de rutas especiales, los medios de transporte, la organización de los recicladores y de sus asociaciones,  la reglamentación de los centros de acopio y los parques de reciclaje y además la forma como interactúan los diferentes agentes en la cadena de construcción de valor no ha sido objeto de legislación detallada y que no es claro si su reglamentación es tarea que le corresponda al Gobierno Nacional o a las entidades territoriales. Lo que sí es claro y no podría soslayarse es que la Corte ha exhortando tanto a la CRA, como a las entidades territoriales para que se ocupen del asunto, en providencias que constituyen precedente constitucional.


El asunto es que la H. Corte Constitucional ha exhortado a la CRA para que adopte un conjunto de medidas que no sólo implican la regulación tarifaria, sino además la del servicio,  por lo tanto este organismo se verá en la necesidad de hacer regulación en un campo que no ha sido objeto de la ley, y por esa vía tampoco del reglamento, pues, hasta ahora ha sido claro,  que sólo es posible  expedir Decretos Reglamentarios que apliquen o permita aplicar disposiciones legales preexistentes. Es muy posible que al aceptar que la Constitución es fuente directa de derecho y que el precedente constitucional es la concreción de la expresión normativa de la Constitución, las autoridades administrativas tendrán que adoptar medidas reglamentarias que les permita ejecutar la constitución sin que exista Ley de por medio. 


Para la protección de los recicladores como población vulnerable y la ejecución de políticas que permitan hacer realidad  la constitución ecológica, se hacen necesaria la separación de dos servicios, de un lado el de aseo que incluye la recolección, transporte y disposición del material no aprovechable, del servicio de aprovechamiento que incluye la recolección, transporte, procesamiento y aprovechamiento del material recuperable o reutilizable. 


Experiencias como las de Bogotá, Cali y especialmente Popayán marcarán un camino que si no es reglamentado adecuadamente, será objeto de diferentes acciones judiciales y le corresponderá a los jueces avanzar en tareas que lo adecuado es que las realicen la CRA y en general el Gobierno.