Editorial

Privatizar a Isagén
4 de Agosto de 2013


El ministro parece despreciar hechos tan categóricos y necesarios para este análisis como que el sector eléctrico colombiano apenas empieza a desarrollar su inmenso potencial exportador.

La publicación, el pasado jueves, del Decreto 1609 de 2003, que ayer solo era accesible desde  un portal privado, evidencia la premura del Gobierno Nacional con su determinación de desinvertir en Isagén, medida que, según dijo el exministro Ramiro Valencia, fue consultada con algunos ciudadanos, pero no, según miembros de la junta directiva, con los socios y los administradores de esa rentable y estratégica empresa que los colombianos empezamos a construir en 1967, cuando las compañías públicas del sector eléctrico constituyeron a ISA, y a consolidar en 1995, cuando se aprobó la escisión empresarial. El apresuramiento no puede coartar el análisis público sobre la decisión y sobre el destino, supuesto, de los recursos que entregaría al país.


Con capacidad para producir 2.212 megavatios, que representan el 16,45 % de la energía colombiana, Isagén fue en 2012 la tercera generadora de energía eléctrica, posición que podrá variar en un año, cuando opere Hidrosogamoso, que tendrá capacidad instalada para generar 820 megavatios (el 66 % del total que genera San Carlos), y al operar plenamente Amoyá, con capacidad de 80 megavatios. La instalación de la capacidad generadora de Isagen resulta del esfuerzo histórico de las empresas de servicios públicos y de los inversionistas minoritarios, hoy con el 29,9 % de las acciones de la compañía. Esta inversión generó en 2012 utilidades por $610.462 millones, de las cuales el Gobierno Nacional recibió más de $300.000 millones, pues se encuentra eximido de asumir responsabilidades de ahorro de utilidades para desarrollar nuevas inversiones, como las tiene el Municipio de Medellín con EPM.


El doctor Mauricio Cárdenas notificó al país que la decisión del Consejo de Ministros se fundamenta en que “necesitamos los recursos para la infraestructura del transporte” y en el hecho de que “la presencia del Estado en Isagén ya cumplió un papel y actualmente no es indispensable”. Según el planteamiento, se trataría de desinvertir en un activo rentable y promisorio para invertir en otro que aparentemente tendría iguales iguales características, ¿si será así? El ministro parece despreciar hechos tan categóricos y necesarios para este análisis como que el sector eléctrico colombiano apenas empieza a desarrollar su inmenso potencial exportador, gracias a su capacidad pero también a la confiabilidad del sistema, construida gracias a los criterios técnicos, más que de mera rentabilidad, que han regido las decisiones del sector.


Ahora, se alega que el Gobierno Nacional obtendrá liquidez por 4,5 billones de pesos para realizar las Autopistas de Cuarta Generación, y se hace aparecer tal ingreso como el salvador de una iniciativa que solo en 2013 necesitará inversiones por $6,5 billones, según informaciones publicadas en el diario La República. Lo que sí vale cuatro billones de pesos, según proyecciones de 2012, es el programa de entrega de cien mil viviendas gratuitas que el Gobierno Nacional improvisó comenzando el año pasado y que, según información del sitio web “http://www.100milviviendasgratis.gov.co” avanza en forma irregular. Dada la indisciplina fiscal del Gobierno Nacional y puesto que el decreto de convocatoria a la venta de acciones de Isagén no señala que los recursos obtenidos en esa operación tengan como destinación específica la inversión en las necesarias autopistas de cuarta generación, consideramos que se mantiene abierto el debate sobre el origen, destinación y forma de uso de los recursos públicos, pues en sectores como el de hidrocarburos parece haber opciones posibles, y menos costosas estratégicamente, para obtener liquidez por el Estado.


El espacio no nos permite profundizar más en este complejo asunto, sin embargo, invitamos, como lo hicimos en 2007 y 2010, a seguir analizando el impacto de una desinversión que trasciende el simple terreno de las finanzas públicas y toca el papel del Estado en la dirección de la economía, su lugar como agente de desarrollo de los sectores productivo y social y su papel como garante de la soberanía nacional. Ya nos llegará el momento de abordar estos delicados aspectos.