Editorial

Batallas incomprensibles
24 de Mayo de 2013


El movimiento busca discutir si Colombia debe ser un país minero, como si los hechos no hubieran demostrado de manera suficiente que allí donde se prohíbe la minería legal y organizada, florecen la minería informal y lo que es peor, la ilegal.

Un grupo de ONG’s y comunidades ha iniciado una promocionada campaña de recolección de firmas, para exigir al Gobierno que imponga una serie de condiciones restrictivas en  el otorgamiento de nuevos títulos mineros; proceso que el Gobierno Nacional ha anunciado que comenzaría el próximo julio.  Buscan, según dicen, evitar que se desarrollen actividades mineras en páramos y zonas de protección ambiental, y defender a los mineros artesanales (buscadores de oro y carbón, principalmente) que apenas sobreviven arañando la tierra sin tecnología ni recursos. 


Esta iniciativa se adelanta en momentos en que el sector minero se enfrenta a la incertidumbre legal causada por el vencimiento del término de dos años dado por la Corte Constitucional al Gobierno Nacional para que tramitara una norma que sustituyera el Código Nacional Minero o Ley 1382 de 2010, declarado inexequible porque en su trámite no se cumplió con la obligación constitucional de hacer consultas a las comunidades indígenas y afrodescendientes.  Esto agrava la parálisis reinante en la entrega de títulos por la Agencia Nacional Minera, en hecho que ha contrariado totalmente el espíritu de creación de una entidad que se ofreció como mecanismo para facilitar dicho trámite, y que se ha convertido, con la inoperancia de las consultas a las comunidades, que suelen fallar en su concurrencia a los procesos de discusión, en una traba más a la minería legal en el país. Mientras esto sucede, los sectores ilegal e informal siguen creciendo hasta sumar un  37 % de la minería colombiana hoy, según cálculos aproximados ya que, por obvias razones, no hay cifras muy concretas en torno a estas actividades. 


Enunciada como una campaña en pro de prácticas mineras sostenibles ambiental y socialmente, la que encabezan estos organismos parecería una causa bien intencionada, pero en entrevistas a medios de comunicación, el principal promotor de la iniciativa, Rafael Colmenares, señala como interés de los promotores del referendo, mantener la moratoria de títulos “para evitar la catástrofe social y ambiental” y reclama la necesidad de discutir si Colombia debe ser un país minero, como si los hechos no hubieran demostrado de manera suficiente que allí donde se prohíbe la minería legal y organizada, florecen la minería informal y lo que es peor, la ilegal.  


Colombia es un país que puede tener grandes oportunidades de desarrollo y crecimiento si aprovecha sus importantes recursos naturales para impulsar actividades formales y atraer inversionistas extranjeros y nacionales, capaces de invertir y actuar en procura de hacerse parte del desarrollo de las comunidades donde se han instalado. Como ejemplo de avances que el país reconoce en materia de responsabilidad social, vale destacar la alianza público-privada firmada entre el Gobierno y la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, para sacar de la pobreza extrema a 3.500 familias de treinta municipios donde hay operación minera, en los próximos 2 años y medio.  Además de esta iniciativa, cada empresa minera legalmente constituida ha venido presentando importantes resultados en el manejo ambiental y el  acompañamiento a mineros artesanales en capacitación y asociación para que respeten el medio ambiente, y, en definitiva, mejoren su situación laboral y el bienestar económico propio y de sus familias.


En contraste, la minería ilegal se ampara en el desorden y la incapacidad del Estado para ejercer un control eficaz del territorio, desarrollando prácticas de explotación que arrasan ambientalmente las regiones hasta producir daños irreparables, como es el caso del vertimiento de mercurio.  Adicionalmente, es ya sabido que grupos terroristas y al margen de la ley, controlan cada vez más estas formas extractivas ilegales, dada la rentabilidad y la facilidad de ingresar al mercado legal, el producto de sus ilícitos. Bajo las peores formas de explotación laboral, estos mineros ilegales, niños y adultos, exponen sus vidas a diario. Curiosamente, son estas prácticas dañinas para las regiones, las personas y el país, las que terminan beneficiándose del accionar de quienes reclaman del Estado que siga prohibiendo la minería legal, en cambio de ejercer una seria veeduría ciudadana respecto a los pactos y compromisos que desarrolla esta minería en cumplimiento de la ley y de sus prácticas de responsabilidad social.