Columnistas

La transformaci髇 del sector de las TIC
24 de Mayo de 2013


La expedici髇 de las Leyes 1341 de 2009 y 1507 de 2012 a trav閟 de la cual se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Acto Legislativo 2 de 2011, est醤 dirigidas al desarrollo de la convergencia en el sector de las telecomunicaciones

Carlos Alberto Atehortua Rios


La expedición de las Leyes 1341 de 2009 y 1507 de 2012 a través de la cual se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Acto Legislativo 2 de 2011, están dirigidas al desarrollo de la convergencia en el sector de las telecomunicaciones y van en la vía de eliminar definitivamente las barreras que se habían construido entre redes y servicios básicos y de valor agregado, de voz, datos e imágenes, entre servicios alambricos e inalámbricos o entre servicios fijos y móviles.


Especialmente la ley 1341, registra innegables modificaciones al sector, pues no solo ordenó que al servicio de telefonía fija no se aplicara la Ley 142 de 1994, que es la aplicable a los servicios públicos domiciliarios [acueducto, alcantarillado, energía, gas y aseo],  sino que además promueve la prestación de otros servicios en especial Internet y modifica sustancialmente el sistema de Universalización de las telecomunicaciones.


Las lógicas de los servicios monopólicos locales prestados por operadores estatales, no es precisamente la acogida por la Ley, que busca vincular a los colombianos a la sociedad de la información dentro de un contexto global,  en el cual el libre comercio termina siendo una de las connotaciones más relevantes.


A partir de la Constitución de 1991 y de las leyes 37 de 1993 y 142 de 1994,  la legislación y las políticas públicas nacionales e internacionales  están orientadas a la apertura, la liberalización, la internacionalización y la globalización del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, es en ese entorno en el cual se deben desenvolver los proveedores de servicios, es una realidad incontrastable al menos en estos momentos.


El fenómeno descrito no es una simple formulación de tesis académicas, sino que se trata de la realidad tecnológica, económica y social, basta mirar el entorno para reconocer que la  tecnología nos ha avasallado, las personas todos los días utilizan más los servicios móviles de voz y datos y cada día se involucran más con la sociedad universal, el internet lo ha permeado todo; la oferta de servicios que antes se limitaba a un prestador local estatal,  se ha diversificado y ahora son múltiples operadores globales quienes ofrecen una amplia gama de servicios, utilizando los más  diversos  medios para comercializarlos.


Aunque podría considerarse útil recurrir a instrumentos convencionales y  sostener la vigencia de la teoría del servicio público tradicional  para atender las nuevas realidades,  la experiencia ha venido demostrando que se requiere de la utilización de nuevos instrumentos propios de la economía de mercado, para poder subsistir en la transformación sectorial; pues las lógicas de lo público y del ejercicio de funciones públicas no  parecen ser las más adecuadas para actuar frente a competidores que utilizan los instrumentos propios del derecho privado.


Cuando en el país se adoptó la decisión de permitir que los particulares prestarán servicios públicos, y más aún cuando se decidió que ellos se prestarán en competencia sujeta al derecho privado,  con esas decisiones  se nos obligó a que los administrativistas revisáramos nuestros conceptos clásicos, que aprendiéramos a convivir con esas nuevas realidades y que  entendiéramos que el análisis económicos se ha convertido en instrumento básico de la interpretación jurídica,  sin entender que ella reemplazo al derecho.


Lo complicado de este tema es que debamos modificar nuestro concepto del Estado y su rol y la nueva dimensión de lo público, así como lo relativo a los deberes de los particulares cuando asumen la responsabilidad en la prestación de este tipo de servicios, pues debemos de repetir una y otra vez la prestación de servicios públicos no constituye el ejercicio de función pública administrativa, pero tampoco se trata de la realización de actividades económicas libres, sujetas simplemente a la economía de mercado, se trata de una actividad que los términos de la Constitución el Estado debe intervenir, planificar, fomentar, regular, vigilar y controlar.


En medio de discusiones como el uso de redes públicas por operadores privados, la reversión en el caso de las concesiones de telefonía móvil celular, y la necesidad de que el Estado intervenga en la prestación del servicio de telefonía móvil que cada vez afecta más a los usuarios, se ve con claridad que en Colombia es urgente una reelaboración sistemática de la teoría del servicio público, pues de lo contrario nuestro dialogo es de sordos y no habrá una brújula que nos permita saber hacia dónde nos estamos orientado.


 Profesor Universitario, consultor EPM