Editorial

La voz de los indígenas
4 de Mayo de 2013


Esta voz que hoy se levanta contra el narcoterrorismo de extrema izquierda recoge el reclamo de colombianos que han sufrido la estigmatización de sectores que parecerían dispuestos a entregarlo todo por la firma de un acuerdo.


Mediante sentencia emitida por su jurisdicción especial, consagrada en la Constitución Nacional, las autoridades indígenas del Cauca condenaron a cuarenta años de prisión a los dos guerrilleros de las Farc hallados culpables de ser los autores materiales del asesinato del médico tradicional (The Wala), Benicio Taquinás, de la comunidad Jambaló, norte del Cauca. La decisión, como es debido, no exime a la cúpula de su responsabilidad en hechos que los indígenas atribuyen a  “una política sistemática para exterminar nuestro proceso”, orientada por los jefes de la guerrilla, simplemente se toma como primera acción de justicia para con las víctimas. 


La condena fue seguida de una importante misiva dirigida a alias Timoleón Jiménez y demás miembros del Secretariado de las Farc, en la que los pueblos indígenas del Cauca condicionan su apoyo a los diálogos de paz en La Habana, en los que afirman que podrían participar siempre y cuando las Farc se comprometan con el respeto a su pueblo y su territorio, pues solo en los últimos tres meses han asesinado a tres médicos tradicionales, personas que son figuras emblemáticas para esas comunidades. 


El pronunciamiento lleva la firma de los voceros legítimos de los pueblos ancestrales: la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin; el Comité Regional Indígena del Cauca, Cric, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, que exigen que los diálogos garanticen  “que nos dejen de matar, de señalar y de dividir” y que reclaman del proceso que se haga con verificación internacional y en el marco del respeto por “las autoridades indígenas y la comunidad en general”. 


Esta voz que hoy se levanta contra el narcoterrorismo de extrema izquierda recoge el reclamo de colombianos que han sufrido la estigmatización de sectores que parecerían dispuestos a entregarlo todo por la firma de un acuerdo, así este desconozca a los colombianos víctimas de desplazamiento forzado, de reclutamiento de menores, de mutilación y muerte por minas antipersonal, de homicidio selectivo, de asesinato de persona protegida, de secuestro, de tortura, y de otros crímenes contemplados por el Estatuto de Roma como de lesa humanidad. Para estas comunidades, que han sufrido lo que muchos habitantes de las zonas rurales del país, un proceso de paz demanda que las Farc garanticen “verdad, justicia y reparación”. Su voz es la de muchos ciudadanos que aspiran que la paz no signifique impunidad.


Las denuncias de la misiva no pueden ser minimizadas. Las comunidades indican que han intentado sostener diálogos con las Farc, encontrándose con que una cosa “es lo que ustedes pregonan en ciertos escenarios, y otra cosa es la realidad que nos toca sufrir en las comunidades debido al accionar de sus subordinados combatientes. Lo decimos con dignidad y responsabilidad porque sabemos que ningún guerrillero, miliciano o comandante acciona las armas sin consentimiento, orden y directriz previa de los comandantes supremos, o sea ustedes”. Hablan desde la autoridad que les da haberse resistido durante más de cuarenta años a los intentos de las Farc por sumarlos a sus filas y de asesinarlos.


Los personeros de este llamado son los creadores de la Guardia Indígena, movimiento de protección de los territorios ancestrales, y han están representados, entre otros, por líderes como Arquímides Vitonás,  reconocido por la Unesco  como “Maestro en Sabiduría” y elevado como ejemplo mundial de solución pacífica de conflictos.  Ellos son controversiales, sobre todo en su aspiración de aumentar la autonomía que les concedió la Constitución de 1991, pero nunca han pretendido ir más allá de la Carta Política o de los principios democráticos.


Durante esta semana, los pueblos indígenas del norte del Cauca han sufrido el asesinato de Belarmino Chocué, de 26 años y miembro de la Guardia Indígena del resguardo Canoas, y un nuevo ataque de las Farc a la población de Toribío, admirada por el mundo gracias a sus acciones en el marco de la Noviolencia. Ellos son víctimas de una guerrilla incapaz de respetar la voz de quienes saben que los derechos son bienes superiores no negociables con sus violadores. Para esos pueblos, nuestra solidaridad.