Columnistas

El aporte no es creer, es pensar.
Autor: Alfonso Monsalve Sol髍zano
28 de Abril de 2013


Desde la fallida marcha nacional el Gobierno ha venido insistiendo en una consigna, mil veces machacada por la televisi髇, en forma de pauta publicitaria, que merece ser evaluada.


Desde la fallida marcha nacional el Gobierno ha venido insistiendo en una consigna, mil veces machacada por la televisión, en forma de pauta publicitaria, que merece ser evaluada. La frase dice “mi aporte es creer”. 


Creer es un acto de fe que tiene una sustentación emocional o religioso. Quien cree, admite lo creído como una verdad incuestionable y absoluta. Esa verdad no puede contrastarse con los hechos porque está por encima o por debajo de éstos. Tampoco es una decisión tomada luego de comparar los pros y los contras, para llegar a la conclusión razonable de que un argumento es superior a otro y tiene más fuerza, porque sus pros son mayores que los contras.


Las decisiones políticas son de ese tipo: la paz no es ni una creencia, ni un fin o un bien en sí mismos, sino un medio para alcanzar un objetivo estratégico o para evitar o admitir la derrota, cuando un vencido firma su rendición porque no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra. No toda paz es legítima, conveniente o justa. La Segunda Guerra Mundial se produjo porque los dirigentes pusilánimes no tuvieron el valor de plantarle cara al nacionalsocialismo cuando todavía era posible evitar una devastación como la que se produjo. 


La paz, entonces, no es un asunto de creer sino de evaluar. Se debe considerar, por ejemplo,   cuál es el significado de ese concepto en una  coyuntura determinada; bajo cuáles condiciones es una solución para un problema político que hasta ahora ha tratado de resolverse por las armas; si esa solución crea una alta probabilidad de no repetición, si con ella se reconoce a las víctimas y  si la paz preservará la democracia, al menos en Occidente,  y no llevará a la dictadura marxista o fundamentalista religiosa de una minoría que impondrá violentamente su modo de pensar, de hacer negocios ilícitos y de utilizar, instalados en el poder,  la violencia extrema que incluye los delitos de lesa humanidad.


¿La paz es un bien político para la Colombia actual? Mi respuesta es sí, porque sin que haya un grupo que desafíe la soberanía interna,  se podría acelerar el proceso de construcción de nación, que fije una agenda común de equidad y de pluralidad, sobre la base de un consenso o pacto nacional entre ciudadanos  que tienen  la obligación de construir el bien común,  y el derecho de hacer política y tener sus propios planes de vida dentro de una democracia que defiende los derechos individuales y de las minorías.


 Si los grupos armados ilegales como las Farc quieren la paz es necesario que den muestras de su buena fe en la negociación ¿Cómo lo harían? : efectuando un cese unilateral del fuego, no combinando todas las formas de lucha (la armada y la electoral), cesando el ataque a poblaciones, el secuestro,  el reclutamiento de niños y la siembra de minas antipersona, por ejemplo. Pienso que esta muestra de buena fe fijaría  como prioridad negociar la paz para un gobierno eventual del Centro Democrático o cualquier otro que reivindique la dignidad y la justicia.


En esa negociación el postconflicto también debe tener condiciones dentro de los parámetros de la justicia transicional: una dosis de justicia con un mínimo de prisión para los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra (de hecho, no son muchos); que estos criminales no puedan participar en política, que la guerrilla reconozca a sus víctimas y las repare, les pida perdón (a ellas y al país) por sus crímenes atroces,   y devele la mayor cantidad posible de verdad. Estas condiciones del postconflicto no son arbitrarias, sino el resultado de la legislación internacional sobre el DIH a propósito de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, que no admite ya  la impunidad. La Alta Consejera para los Derechos Humanos y el jefe de la delegación de la Corte Penal Internacional, pero también reputadas  ONG como la Comisión Colombiana de Juristas, lo han planteado.  Por supuesto, los no implicados en crímenes atroces podrán participar en política y competir para ganar en unas elecciones democráticas, la voluntad popular para sus propuestas. Esa sería una paz justa en la negociación y en el postconflicto.